Esta investigación hay que escribirla de atrás para adelante. Desde el expresidente Julio César Turbay Ayala, que descanse en paz en su tumba, hasta el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que ahora no descansa con su llamado a juicio. Hay que hacerlo analizando la relación simbiótica entre el poder y el narcotráfico, con un énfasis en las investigaciones de Estados Unidos sobre estos temas y las evidencias que a veces ese gobierno guarda, y sobre las que no actúan, pero al final siempre se conocen, aunque sea 47 años después.
Por eso empecemos con la historia. Documentos oficiales demuestran que autoridades del gobierno de Estados Unidos, cuando Jimmy Carter fue presidente entre 1977 y 1981, recopilaron información reservada que demostraba que, Julio César Turbay Ayala tenía en ese entonces vínculos con las organizaciones criminales del narcotráfico.
La fuente es el Archivo de Seguridad Nacional, o National Security Archive, que el pasado 15 de abril actualizó su catálogo, desclasificando 42 documentos de la relación de la administración de Carter y su interacción con las autoridades colombianas.
El documento número 11, fechado el 2 de junio de 1977, de tres páginas, es un memorando dirigido a la esposa del presidente Jimmy Carter, la primera dama Rosalynn Carter, quien se preparaba para viajar a Colombia en ese momento.
En su encuentro con el presidente de ese entonces, Alfonso López Michelsen, la primera dama de Estados Unidos tendría que entregarle un informe, en el cual se daba cuenta de una larga lista de miembros de la Policía, el DAS, el F2, que era la Policía de Investigación de la época, miembros del alto gobierno y magistrados de la rama judicial que, según investigaciones de la DEA, habrían recibido dinero del narcotráfico. Muy grave.
En especial porque en la última página del memorando se señala que uno de esos miembros era: “el candidato liberal a la Presidencia que encabeza, la contienda para la elección de 1978”. A renglón seguido se encontraba el nombre de Julio César Turbay Ayala. Efectivamente, el señor Turbay se convirtió en el presidente de Colombia, gobernando entre 1978 y 1982. Ahora bien, según las tres fuentes de la DEA mencionadas en el documento, Turbay estaba, nada más ni nada menos que “relacionado con tráfico de cocaína”.
Los documentos referencian los nombres de treinta y seis colombianos involucrados con las mafias, entre quienes, como ya dijimos, se encontraban ministros, jueces, militares, policías y figuras políticas del más alto nivel. Pero un hecho que llama la atención es que hay varios recuadros en blanco en el documento, tapando otros nombres, lo que significaría que gran parte de esa información sigue siendo privilegiada y confidencial, pues se trataría de personas que no se pueden dar a conocer aún, posiblemente por ser miembros activos de la política colombiana. Por eso no podemos olvidar esos recuadros en blanco. (Ver Anexo 1)
Sigamos con la línea de tiempo. Una vez el acusado candidato de recibir dineros del narcotráfico llegó al poder como presidente de la república, nombró, el 24 de marzo de 1980, a un joven de apenas 29 añitos llamado Álvaro Uribe Vélez, en la dirección del departamento de la Aeronáutica Civil.
Como se ha establecido en este espacio anteriormente, quienes no conocían bien al funcionario, pensaron que permanecería muy pocos días en el cargo. “O lo matan o se lo comen vivo”, era el comentario en los círculos políticos de Bogotá. Eso debido a que su antecesor en el cargo, Fernando Uribe Senior, fue asesinado por el Cartel de Medellín por no conceder matrículas para sus aeronaves, licencias de rutas específicas y aprobación de ciertas pistas de aterrizaje en haciendas privadas.
Uribe Vélez, sin tener 30 años, demostró que todos estaban equivocados, puesto que con su perrenque logró terminar su mandato el 7 de agosto de 1982, durando 18 meses en la dirección de la Aerocivil sin sufrir ni un rasguño, una amenaza, ni un susto.
¿La razón? En la administración de Uribe Vélez se firmaron más de 200 licencias relacionadas con aeronaves o pistas de aterrizaje para el Cartel de Medellín. Repitamos el número: más de 200 licencias.
Pongamos eso en perspectiva. Desde 1954 hasta 1981, antes de Uribe Vélez para ser exactos, el Estado colombiano había concedido 2.339 licencias para aeronaves en general. Pero durante los meses que Uribe Vélez ejerció en esa entidad, barrió el récord concediendo 2.242 licencias, con el agravante de que muchísimas de esas, 200 como vale la pena volver a decir, quedaron en manos de narcotraficantes.
Por esto, tan solo un año después del retiro de Uribe Vélez de la Aeronáutica Civil, en septiembre de 1983, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenó a la institución “suspender los vuelos de naves de narcotraficantes y derogar las licencias, señalando que en el pasado esa entidad había adolecido de una actitud pasiva y negligente por parte de su director frente al narcotráfico”. Contundente.
Continuemos con las fechas. El 8 de septiembre de 1983, el diario El Tiempo publicó que el ministro Lara Bonilla había desarrollado un debate en la Cámara de Representantes, en el que dijo que, gracias a la débil labor de la Aerocivil, personas como Pablo Escobar Gaviria poseían tres hangares en el aeropuerto de Medellín y una flotilla de aviones para transportar exclusivamente droga.
Al día siguiente, el diario El Colombiano, el 9 de septiembre de 1983, publicó una nota en la que aseguró que, con la medida de suspensión de esas licencias, se estaba dejando sin posibilidad de vuelo la operación de 57 aeronaves de narcotraficantes en Medellín. Aunque las naves estaban registradas a nombre de otras personas, en realidad eran de propiedad de Carlos Lehder, Pablo Escobar y Fabio Ochoa. (Ver Anexo 2)
Como sabemos, esas palabras y esa medida fueron la sentencia de muerte de Lara Bonilla. Por eso profundicemos en su denuncia de las licencias y desarrollémosla para rendirle un tributo a su sacrificio.
Para solo mencionar un ejemplo, como lo reveló Daniel Coronell en una columna titulada “El vuelo fatal”, Uribe Vélez como director de la Aerocivil, le aprobó el 16 de junio de 1980, la importación de un helicóptero Bell 206 al señor Israel Londoño Mejía, cuñado de los narcotraficantes Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez.
Pero eso es solo la punta del iceberg. El mismo diario El Colombiano, publicó el 10 de septiembre de 1983, una lista de benefactores de licencias en donde figuraban testaferros como Elizabeth Lehder Rivas, hermana de Carlos Lehder, con dos modernos aviones tipo Aerocomander con las matrículas HK-2551 y HK-2282, que operaban desde cuatro bases en el Caribe. (Ver Anexo 3)
En ese inventario también apareció el señor Justo Pastor Rodríguez Gacha, hermano de José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, con cinco aeronaves; y su primo Alfonso Ramón Rodríguez Muñoz con tres aviones, todas en uso para el transporte de droga.
Se pone más interesante. La matrícula HK-2967 a nombre del señor Juan Gonzalo Ángel, era de mucho interés, ya que este es el hermano de Luis Guillermo Ángel mejor conocido como Guillo Ángel, uno de los 12 narcotraficantes que fueron indultados en 1993 a cambio de su colaboración con la justicia en el desmantelamiento del Cartel de Medellín.
Guillo Ángel está relacionado con la empresa Helicargo, dueña del helicóptero Bell 2006 B, donde murió en extrañas circunstancias el 24 de febrero de 2006 el empresario Pedro Juan Moreno Villa, quien guardaba grandes secretos de Uribe Vélez. Helicargo fue favorecida años más tarde por el gobierno de Uribe con un megacontrato para transportar en sus helicópteros a los paramilitares que se desmovilizaron en la zona de Rialito.
Su hermano, el señor Juan Gonzalo Ángel, dueño de la aeronave con matrícula HK-2967 que apareció en El Colombiano en 1983, era tan cercano al expresidente Uribe Vélez, que fue invitado al matrimonio de uno de sus hijos.
Pero ahí no para. En el listado de aviones relacionados con narcotráfico aprobados por Uribe, también se encuentra el nombre de Luis Carlos Molina Yepes, relacionado con la matrícula HK-2487. Recordemos que el señor Molina Yepes era uno de los socios principales de una empresa llamada Grupo de Finanzas, Inversiones, Mercadeo, Servicios y Asesorías, Firme SA que después modificó su nombre a Comfirmesa S.A.
Como conté en una columna en el año 2014, según los documentos de Cámara de Comercio de la empresa, Molina Yepes controlaba la compañía, pero también aparecía el señor Carlos Alberto Gaviria, hermano del exsenador José Obdulio Gaviria y primo hermano de Pablo Escobar Gaviria.
Los documentos oficiales de la compañía también muestran que el expresidente Uribe Vélez fue nombrado en la Junta Directiva de Comfirmesa en 1983, un año después de su paso por la Aerocivil. (Ver Anexo 4)
Sin embargo, Uribe publicó una carta con fecha del 3 de mayo de 1983, en donde prueba que rechazó su nombramiento a esa junta directiva, y deja ver que lamentó esto sobre todo por la “vieja amistad que los unía, y reiterando la expresión de aprecio”. Es decir, reconociendo el vínculo Con firmeza.
Poco tiempo después de esa carta, se comprobó que esa compañía se dedicaba al lavado de dinero, información que fue corroborada años más tarde por, el sicario John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, quien estableció que en esa firma se cambiaban los cheques del Cartel de Medellín.
Molina Yepes fue detenido en 1988, luego de que se estableciera que él controlaba la cuenta corriente 005-21826-8 del Banco de Crédito y Comercio, de la cual salió el cheque con el que el Cartel de Medellín pagó los sicarios del magnicidio de don Guillermo Cano, director de El Espectador. Lamentables amigos a los que les expresaba cariño en sus cartas el expresidente Uribe. (Ver Anexo 5)
Continuemos. Otra de esas licencias que entregó la Aerocivil de Uribe, incluso causó un profundo malestar en el entonces gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, padre difunto del expresidente uribista Iván Duque Márquez.
Cuando el entonces gobernador se enteró de que la entidad le había otorgado una autorización de vuelo al antioqueño Jaime Cardona, con el fin de que trabajara la ruta aérea entre Medellín y Turbo, la molestia del gobernador se dejó sentir. Esto porque el 14 de octubre de 1977, el señor Cardona había sido capturado en una finca situada en Cáceres, corregimiento del municipio de Caucasia, a dos horas de Medellín. Durante el operativo, fue encontrada la pendejada de 530 kilos de cocaína, que acababan de llegar a bordo de una avioneta procedente de San José del Guaviare.
Cardona tenía antecedentes por lavado de activos y era considerado, en ese entonces, como persona de gran importancia dentro del Cartel de Medellín. Sin embargo, Uribe le concedió una licencia, que era el mecanismo clave para que el negocio del narcotráfico echara vuelo.
Terminemos. Las matrículas canceladas un año después de la salida de Uribe de la Aerocivil fueron una importante medida del gobierno del presidente Belisario Betancur. En especial porque entre las naves que se pusieron en tierra figuraron treinta de los Ochoa, diez de Pablo Escobar, diez de Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro de Carlos Lehder Rivas. Sin embargo, eso fue apenas una pequeña parte de la gran flota que tenían los narcotraficantes de Medellín y con la que siguieron delinquiendo.
Lo más grave es que con esa medida no se tocaron las pistas y en eso hay que recordar las palabras que el 29 de julio de 2016 concedió en una entrevista el sicario alias Popeye. El pistolero más temible del Cartel de Medellín dijo, muy asustado y nervioso, que Uribe Vélez, como director de la Aerocivil, le concedió el permiso a Pablo Escobar para la pista de aterrizaje de la famosa Hacienda Nápoles, sabiendo que era para transportar droga.
“Pero yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no quiero extenderme más por lo que estoy aquí en la ciudad. Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. No quiero tan de frente… Dejémoslo para la historia y ya llegará el tiempo en que haya que contarlo y se contará”. Popeye se murió y con eso se llevó a ultratumba esa y otras historias.
Pero lo que dijo es suficiente para entender la estrecha relación que tuvieron la Aerocivil, dirigida por Uribe Vélez y la mafia, en esos años de auge del narcotráfico, donde las licencias y las pistas fueron claves para ampliar el negocio y su guerra contra el gobierno de Colombia.
Así que volvamos a Turbay Ayala, ya que fue él quien le entregó las llaves de la Aerocivil a Uribe, quien, a su vez, entregó cientos de licencias y pistas a la mafia. Lo más doloroso e irónico es que ese mismo Cartel de Medellín, que se fortaleció económicamente gracias a las medidas de la Aerocivil de Uribe Vélez, fue el mismo que posteriormente secuestró y asesinó a la hija del expresidente Turbay Ayala y madre del hoy senador del uribismo Miguel Uribe Turbay. Un círculo inexplicable y de horror.
Lo cual genera más dolor ahora, 47 años después al desclasificar los reportes y las evidencias del gobierno de Estados Unidos en manos de la DEA, donde se demuestran los vínculos del expresidente Turbay Ayala con el narcotráfico. Los recuadros en blanco tapando otros nombres de esos documentos y su modus operandi, de publicarlos décadas más tarde, dejan pensar que en un tiempo conoceremos las pruebas que también podrían tener sobre la cercanía del expresidente Álvaro Uribe Vélez con la mafia. Mismas que se hacen evidentes en esta columna, y con esta cantidad de licencias.
@yohirakerman; [email protected]
