Revisando datos de investigaciones recientes realizadas con mi equipo de trabajo, basados en datos de fuentes públicas, encontramos que más de 1, 2 millones de bovinos han entrado en los municipios alrededor de Chiribiquete en los últimos 6 años. Municipios, que a su vez han concentrado la deforestación nacional, en más de medio millón de hectáreas en el mismo periodo. Literalmente, hemos cambiado bosques públicos, por ganadería en fincas privadas. Cambio en el régimen de uso y tenencia, al parecer con tendencia irreversible.
Cuando me pregunto por el contexto social de ese proceso, es decir, quienes son los beneficiarios, encontramos datos, que nos indican que tamaña operación económica, tiene un músculo financiero de gran escala. Por ejemplo, basado en información del ICA, encontramos que el 89 por ciento de los ganaderos del Guaviare, están caracterizados como grandes y medianos (72 por ciento y 17 por ciento respectivamente), es decir que poseen más de 500 animales, o entre 100 y 500 para cada rango. Así, el ganado es de los “duros”, mientras el campesinado pone su mano de obra, arrienda pastos, trabaja al “aumento” o al “partir”, mientras puede, y luego vende la finca o las mejoras.
En medio del racionamiento, del humo, y ahora de las lluvias, veo los datos de los incentivos a la ganadería en la región amazónica, y encuentro contrastes que hacen urgente reorientar la política pública de inversión económica para esta región. Entre el año 2015 y el 2022, los créditos agropecuarios de Finagro dirigidos a la ganadería, aumentaron en un 331 por ciento, pasando de 7.000 a 32.000 millones, la mayoría de los cuales se destinaron a la compra de animales. De igual manera, los proyectos aprobados o en ejecución en DNP, más del 30 por ciento están orientados a la ganadería, donde llama mucho la atención el apoyo al suministro de agua, en un departamento donde las condiciones de deforestación, han incidido en la cada vez mayor restricción de agua superficial y en drenajes naturales especialmente en épocas de verano. Es tremendamente impactante ver cómo el departamento del Guaviare, tiene un aspecto cada vez más cercano a los cráteres lunares, donde ya se contabilizan más de 7.000 reservorios de agua construidos con maquinaria, cada vez más adentro de la reserva forestal, para atender el avance ganadero.
Las deficiencias en el sistema de trazabilidad del ganado son profundas, y constituyen uno de los principales problemas para establecer políticas claras de estímulo y restricción a la actividad, de acuerdo a la zonificación de usos del suelo donde se lleve a cabo la actividad. En ese orden de ideas, hay aspectos básicos, como el pésimo estado de la cartografía oficial sobre veredas; existen inconsistencias importantes entre los sistemas de información municipal, con los datos del Dane o de los departamentos, los cuales han sido construidos a través de contratistas que proyectan planes de ordenamiento como si fueran salchichas de tienda. El resultado es que los municipios tienen cartografías de veredas que no coinciden con la realidad, además de no tener georreferenciación, ni vínculo con aspectos topográficos claros, y peor aún, sin relación con las categorías de ordenamiento, abriendo una compuerta enorme para la especulación de tierras, y obvio, para garantizar la inversión pública que posteriormente sella las expectativas de apropiación de tierras públicas. Allí está uno de los más grandes retos del ordenamiento en estas zonas del país, y no pareciera haber interés alguno en reglamentar este espinoso tema, que está haciendo cada vez más crisis por sus impactos en la inversión pública y la expectativa social.
Las dificultades, entonces, para conocer el lugar de origen de los animales, pues la ni las veredas, ni códigos están unificados, como tampoco la posibilidad de identificar las fincas de tránsito, ni mucho menos las de origen. Y por lo visto es cada vez más clara la movilización que se da de ganados que se encuentra en zonas restringidas, para ser vacunado, y posteriormente, regresar a estas áreas. Por tanto, no puede ser la vacunación el parámetro para ser usado como referente de trazabilidad; y dada la magnitud de lo que viene ocurriendo, en términos del volumen de animales, su comercialización en diferentes zonas del país (gran parte del mercado de occidente y centro se nutre de animales proveniente de la Amazonia), se requiere un trabajo muy cercano con las plantas de beneficio, empresas comercializadoras y distribuidores, para unificar la información.
Otro de los fenómenos que se viene observando es la transición de áreas cocaleras hacía ganadería que, de manera sostenida, va transformando zonas que inicialmente estuvieron dedicadas a la siembra de hoja, y, después de unos años, cuando se han dado procesos de inversión pública, especialmente vías y pequeños proyectos de incentivo ganadero, se van constituyendo en medianos y grandes predios que son adquiridos a bajo costo. La baja rentabilidad de la coca para pequeños productores ha sido el escenario perfecto para los inversionistas del acaparamiento de tierras, para comprar grandes cantidades de zonas que hoy reciben el nuevo hato ganadero amazónico y que son recibidas con el paquete de estímulos financieros de la inversión pública. Los tremendos esfuerzos para la transformación de las economías cocaleras no pueden caer en la tentación del inmediatismo ganadero, menos en zonas cuya zonificación está claramente orientada al uso y mantenimiento de la cobertura forestal.
No creo que estemos en condiciones de ampliar los mercados de exportación a Estados Unidos, Europa u otros países, mientras estas condiciones de inversión pública, asistencia técnica, trazabilidad y comercialización no se resuelvan estructuralmente.
