El 21 de noviembre entrevisté en La W a la señora vicefiscal Martha Mancera, próxima a convertirse en fiscal general encargada. Quedé bajo la impresión de que me había dicho una mentira. Debo reconocer que estaba equivocado: en realidad me dijo dos. La entrevista es casi cómica por la forma en que la funcionaria se fue enredando sola. Quienes quieran pueden oírla aquí.
El asunto memorable, sin embargo, no fue la absurda pretensión de que yo debía hacerle las preguntas que ella quería, sino que respondió a la acusación de dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI. Los agentes Pablo Bolaños y Fabio González denunciaron ante la justicia –y dijeron en una entrevista conmigo– que le entregaron a la señora vicefiscal información sustentada sobre la presunta participación del jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho, en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. Ellos descubrieron esas actividades actuando como agentes encubiertos en la organización criminal.
La vicefiscal no ordenó investigar los graves señalamientos. En la entrevista afirmó además que ella no tenía la obligación de hacerlo y que la culpa era de los denunciantes –quienes ahora, además, están siendo procesados como narcotraficantes– por no haberlo puesto en un reporte oficial.
Esto fue lo que me dijo: “toda la información que ellos adviertan durante la agencia encubierta deberá (sic) ponerla a disposición del fiscal titular del caso. Esto quiere decir que (ellos) eran quien tenía el deber de denunciar, pero no verbalmente, sino es una acción que tenían que hacerla en el informe que le debían entregar al fiscal del caso”.
Ahí estaba la primera mentira. El Código Penal, que es una ley y por lo tanto está por encima de una resolución interna de la Fiscalía, tipifica el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia para los servidores públicos que no actúen cuando conozcan la comisión de conductas punibles. El delito es agravado cuando, como en este caso, se omiten denuncias sobre narcotráfico. Es decir, la señora vicefiscal tenía la obligación de actuar al tener conocimiento de la presunta operación de exportación de cocaína, pero se quedó calladita.
Cuando terminé la entrevista, una fuente confiable me aseguró que los agentes encubiertos sí habían presentado un informe de investigador de campo sobre estos hechos. Es decir, la vicefiscal había mentido también en eso.
Busqué el informe de los investigadores desde ese día, por casi dos meses, y solo pude conocerlo y obtener copia esta semana. Verifiqué su autenticidad tan rápido como pude y el sábado, cuando iba a empezar a redactar esta columna, me enteré de que los colegas de la Revista Raya lo acababan de publicar.
No siempre se llega primero.
La importancia de este documento es que demuestra que la vicefiscal mintió. El informe de investigador de campo sobre las presuntas actividades criminales de Pacho, el jefe del CTI en Buenaventura, existe y fue presentado a Jaime Hernán Ocampo López, fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Allí advierten que un agente encubierto tomó contacto con “una persona apodada Pacho en la ciudad de Cali, quien desarrolla la actividad delictiva de narcotráfico, el cual labora en la Fiscalía General de la Nación seccional Buenaventura”.
El informe señala que la especialidad del funcionario de la Fiscalía consiste en “contaminar” contenedores de carga con cocaína para traficar hacia Guatemala, México, Europa y Estados Unidos. El reporte también contiene un mensaje de WhatsApp del informante a uno de los agentes del CTI de la Fiscalía en el que afirma “No olvides que Pacho es de la empresa tuya, es de mucho orden”.
El informe, cuya existencia niega la próxima fiscal general, señala que los datos fueron contrastados con varias fuentes, incluyendo un suboficial de la Armada. Los informantes confirmaron que “alias Pacho labora en el municipio de Buenaventura, que es el jefe del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y su nombre es Francisco Javier Martínez Ardila”. Como si faltaran detalles, los agentes anexan a su reporte dos fotos del presunto narcotraficante.
El reporte de investigador de campo tiene, además, la firma de Mario Fernando Herrera Aparicio, agente del CTI compañero de los denunciantes, quien fue asesinado cuatro días después de presentar el informe.
La Fiscalía nunca hizo nada contra Pacho. Por el contrario, Víctor Forero, directivo del CTI y quien ha sido compañero sentimental de la mano derecha de la vicefiscal, Luisa Obando, delegada de la Fiscalía para la Seguridad Territorial, fue a visitar a los denunciantes a Manizales para presionarlos para que alteraran su testimonio y sacaran el nombre de alias Pacho de la declaración que le dieron a la Fiscalía.
En esa conversación, Forero admite que conoce a Pacho y que existen informaciones previas sobre sus presuntas conductas delictivas. ¿Si esas informaciones existían por qué nadie lo tocaba? Las grabaciones están en una columna de Los Danieles.
Nada le pasó a Pacho. La vicefiscal lo dejó seguir dos años más en el poderoso puesto de Buenaventura, donde según el informe de los agentes encubiertos era el tercero al mando de la organización criminal. En cambio los denunciantes fueron inicialmente trasladados, luego judicializados y posteriormente encarcelados. Ahora están en libertad pero temen que quieran silenciarlos para siempre. Nadie los está protegiendo.
