Cuando oí hablar de este caballero pensé que se trataba del subcampeón del vencimiento de términos. Ahora sé que se puede ir a penaltis con el de las diarreas súbitas. El abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón es una de las personas que más se ha burlado de la justicia en Colombia y está a punto de coronar con impunidad un juicio en su contra. Los términos se vencen el 9 de mayo. Ese día, en menos de tres semanas, quedará libre y limpio por prescripción de la acción penal sin importar que exista una grabación donde cuadra con un testigo el monto y la forma de pago para que cambie su declaración y favorezca al cliente de Sánchez Cañón.
El caso tiene que ver con el robo al apartamento de Ómar Yepes, el eterno jefe conservador de Caldas. Entre otras cosas, la cuantía del hurto de efectivo no se ha establecido porque –quién sabe por qué– el asaltado se siente más cómodo reconociendo una cifra más baja que la mencionada por algunos miembros de la banda.
El abogado Sánchez Cañón ha logrado aplazar innumerables veces las diligencias del proceso de soborno de testigos usando argucias legales y excusas médicas. En las últimas semanas, ya viendo cerca la luz de la prescripción, las justificaciones se multiplicaron hasta alcanzar niveles cómicos.
El miércoles 20 de marzo, antes de Semana Santa, Sánchez Cañón se apareció con una excusa expedida por una neuróloga que asegura que padece ansiedad y depresión. En consecuencia le dio tres días de incapacidad que asombrosamente coincidieron con los días hábiles previos a la Semana Mayor y por consiguiente dilataron el proceso hasta el lunes primero de abril.
Ese día, cuando todo estaba preparado para continuar el juicio, Sánchez Cañón llegó con otra excusa. Esta vez un psiquiatra le concedía 30 días de incapacidad para recibir psicoterapia familiar. Es decir debía estar en tratamiento, y no en juicio, hasta dos días antes del vencimiento de términos.
El fiscal del caso pidió a la juez que un psiquiatra forense determinara si realmente Sánchez Cañón tenía los problemas de salud que certificaba el documento. La jueza ordenó el dictamen.
Pasó una semana para que Sánchez Cañón fuera a la sede de Manizales del Instituto de Medicina Legal. Allí un psiquiatra legista lo examinó y entregó su concepto: “Desde el punto de vista psiquiátrico forense el señor Samuel Arturo Sánchez Cañón NO presenta actualmente ninguna patología o sintomatología mental que limite su capacidad para comprender todos los aspectos legales y las implicaciones de los cargos que se le puedan endilgar, así como para comparecer a una audiencia de juicio oral, ofrecer un testimonio, comprender o decidir con pleno conocimiento de causa en relación con la aceptación de cargos o el establecimiento de un preacuerdo con las partes del proceso”.
El peritaje fue expedido el lunes 8 de abril, el miércoles 10 la jueza Inés Hincapié Correa dispuso que se reanudara el juicio oral el viernes 12 y que la audiencia continuara sábado, domingo y todos los días hasta el viernes pasado para recuperar el tiempo perdido, concluir las diligencias y llegar a un veredicto en primera instancia antes de la prescripción.
El jueves, antes de la reanudación del juicio en su contra, Sánchez Cañón escribió una extensa carta a la jueza diciendo que el examen de Medicina Legal violaba sus derechos fundamentales.
La jueza no acogió el argumento, las sesiones volvieron a arrancar pero entonces ya el enfermo no fue Sánchez Cañón sino su abogada Claudia Esperanza Zapata Ramírez, quien como defensora pública remplazó al anterior apoderado de Sánchez, desde luego con el consecuente aplazamiento. Ella llegó el lunes de esta semana con una excusa que le concedió dos días de incapacidad y por consiguiente el juicio se suspendió.
El miércoles 17 cuando se cumplía la incapacidad médica de la defensora, Sánchez Cañón se apareció con la excusa de un urólogo que le daba a él otros dos días de incapacidad. Es decir hasta el viernes pasado.
Pero eso no fue todo. El viernes la defensora pública presentó una nueva excusa por siete días adicionales que terminarán el otro viernes, 26 de abril. Es decir, el juicio solo podría reanudarse el 29 de abril, en vísperas del festivo primero de mayo, y una semana antes de la prescripción.
Incluso si se alcanzara a emitir un fallo –lo cual es bastante improbable–, Sánchez Cañón tendría cinco días más para presentar su apelación. Con lo cual los términos estarían vencidos y el expediente será archivado antes de iniciar la segunda instancia.
Esta semana Samuel Arturo Sánchez Cañón será imputado en otro caso de soborno de testigos, el mismo que tiene en juicio a su colega el abogánster Diego Cadena.
