En diálogo con CAMBIO, Rodrigo Londoño Echeverri, excomandante de la antigua guerrilla de las Farc, reflexiona sobre el discurso de Abelardo de la Espriella contra la JEP y el acuerdo de paz. Reconoce errores como partido político y le hace una crítica al Gobierno de Gustavo Petro por la Paz Total. “Se dejó en un segundo plano la implementación del acuerdo”, dice.
La exprocuradora delegada Paula Ramírez ocupará la plaza que dejó el magistrado Ariel Torres en la Sala de Primera Instancia que, desde octubre, será integrada solo por mujeres. El caso contra Álvaro Prada será uno de los primeros a su cargo.
La exsenadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, planteó un debate jurídico a la Corte Constitucional: dice que el Congreso incurrió en múltiples omisiones al aprobar una ley en 2023 que fija reglas para adquirir y recuperar la nacionalidad colombiana y que fija restricciones para cargos públicos a personas naturalizadas, sin hacer pronunciamiento alguno sobre el cargo de la Presidencia.
Tras revisar los reparos de la defensa del excongresista, la Sala de Instrucción ratificó su llamado a juicio. CAMBIO conoció el documento completo que apunta a que Arturo Char fue una de las cabezas de un entramado ilegal de compra de votos. Detalles.
Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, le envía tres mensajes al presidente electo, Abelardo de la Espriella: cumplir el Acuerdo de Paz no es opcional, hay que cesar la estigmatización de los firmantes y continuar con el camino ya trazado para la reincorporación. Entrevista exclusiva.
Aunque en 2013 la UP recuperó su personería por fallo judicial, el Consejo de Estado acaba de determinar que el partido fue objeto de una decisión arbitraria e injusta, por lo que ordenó dar excusas. La UP buscaba una reparación económica que no fue concedida.
El 'memorándum' que creó la zona binacional debe surtir el trámite previsto para los tratados internacionales y, dijo la Corte, hasta que esto no suceda, "no tiene efectos en el ordenamiento interno colombiano".
La decisión la tomó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema luego de condenar al exrepresentante a la Cámara Germán Olano.
En 2016, tras la firma de la paz en La Habana, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución que blindó el acuerdo de paz por tres periodos presidenciales consecutivos siguientes. Ese mandato, explicaron expertos, es ineludible.
Para la Fiscalía no hay duda alguna de que el general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, hizo parte y promovió un aparato criminal junto con los paramilitares para asesinar al candidato presidencial Carlos Pizarro en 1990: habría debilitado su esquema de seguridad como parte de un plan que incluyó matar el sicario y desviar la investigación.
CAMBIO accedió a las grabaciones que sustentan el llamado a indagatoria contra el congresista guajiro. En ellas se habla de una deuda, de gestiones para resolver un litigio y de la presunta influencia de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, pese a que para entonces permanecía en prisión.
Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el excongresista hizo parte de la cúpula de la estructura criminal que permitió comprar miles de votos en 2018 conocida como la 'Casa Blanca'.
La presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Paola Meneses, habló con CAMBIO por los 35 años de la Constitución. Advierte que serán un árbitro riguroso e imparcial: "El país puede estar dividido en sus opiniones políticas, pero debe permanecer unido en torno al respeto a las reglas institucionales. La Corte garantizará que ese piso común no se agriete", dice.
En medio de una agitada pelea política y con el empalme suspendido, hay una preocupación entre múltiples entidades y organizaciones: que no se hable del acuerdo de paz. El Gobierno avanza en decretos y ya destinó 50.000 millones para poner en marcha las primeras sanciones de la JEP.
El exjefe guerrillero Pastor Alape asegura que los antiguos integrantes del último secretariado de las Farc cumplirán las sanciones restaurativas impuestas por la JEP por 21.000 secuestros. El reto, dice, no es solo de voluntad: exige que el Gobierno garantice recursos, coordinación institucional y el cumplimiento del cronograma previsto.
La presidenta del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, Julia Cogollo, advierte que, si se mantiene el ritmo actual, Colombia necesitaría más de seis décadas para indemnizar a las víctimas del conflicto. En entrevista con CAMBIO, sostiene que el rezago en la reparación refleja una deuda histórica del Estado y hace un llamado a retomar los diálogos con los actores armados: “El país necesita detener la violencia si quiere dejar de producir nuevas víctimas”.
Con esta decisión, se resolvieron 19 recursos de apelación interpuestos por los comparecientes, quedó en firme la sentencia y comenzará la ejecución de las sanciones propias, que la JEP verificará y monitoreará de manera permanente.
Rodrigo Londoño y los otros exintegrantes del secretariado de las Farc tendrán horarios fijos de trabajo y deberán llevar a cabo un cronograma de siete fases en el que irán ejecutando actividades específicas por regiones. Vivirán en los municipios en donde avanzan los trabajos restauradores y, si bien podrán hacer política, cumplir con las sanciones será la prioridad.
La Sección de Apelación de la JEP resolvió los reclamos que se habían presentado contra las dos primeras sentencias y confirmó la responsabilidad de los comparecientes en todos los delitos endilgados, menos en el caso de esclavitud. En el caso del antiguo secretariado, incluyó un cronograma detallado sobre cómo y en dónde se cumplirán las sanciones restaurativas, acogiendo una queja de las víctimas.
El magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo señaló que estaba en la Universidad Sergio Arboleda, sitio en el que se hace el 'empalme anticorrupción', pero que no participó en las reuniones.
