“Dos de los sicarios que participaron en el atentado a Álvaro Gómez Hurtado sí eran de las Farc”: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 27 exintegrantes de las Farc por graves crímenes, entre los cuales está el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, que fue admitido por los antiguos máximos comandantes de esa guerrilla en 2020, generando una amplia discusión con la familia del líder conservador. ¿Qué llevó a la JEP a decir que al menos dos sicarios sí eran de las Farc? Le contamos.
La Jurisdicción Especial para la Paz hizo una mega imputación a 27 exintegrantes de las Farc por varios de los hechos violentos que impactaron a la sociedad colombiana como, por ejemplo, los atentados contra el exministro Fernando Londoño; al entonces presidente de Fedegan, Jorge Visbal Martelo; al entonces senador German Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazábal, el de Hernando Pizarro y el del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.
La imputación de la JEP es clave. En 2020, los últimos integrantes del secretariado de las Farc reconocieron ante la JEP los crímenes de Gómez Hurtado, Jesús Bejarano, el general Landazábal Reyes, de Pablo Emilio Guarín, así como de Hernando Pizarro y José Fedor Rey. Desde ese momento, se generó una amplia controversia porque la familia de Álvaro Gómez rechazó y aún rechaza ese reconocimiento y la competencia de la JEP.
Ante la JEP, el exjefe guerrillero Julián Gallo asumió el caso Hurtado, quien fue asesinado junto a su acompañante José del Cristo Huertas Hastamorir el 2 de noviembre de 1995.
En rueda de prensa, la magistrada Julieta Lemaitre indicó que la investigación que realizaron sí les permite "entender que por los menos dos de los sicarios que participaron en el atentado contra Álvaro Gómez Hurtado sí eran miembros de las Farc, específicamente de la red urbana a cargo de Julián Gallo, entonces conocido como Carlos Antonio Lozada".
"La evidencia que llevó a la Sala a esta conclusión, además del dicho de varios comparecientes, que confirman lo reconocido por Gallo, son: la descripción física de dos de los asesinos hecha en 1995 por testigos presenciales del asesinato coincide en rasgos generales con las imágenes de dos de los guerrilleros de la red urbana que murieron en 1996, y cuyas fotos fueron reproducidas en la revista Resistencia de 1998", dijo la magistrada.
Según Lemaitre, se cuenta con la necropsia de Juan Carlos Palacios uno de los sicarios que fue asesinado en 1996. Ese documento identifica el cadáver como portador de una candonga de plata que también fue identificada en uno de los asesinos de Álvaro Gómez. La magistrada se refiere a los retratos hablados del asesinato que se hicieron en 1995 en los que se hizo énfasis en el detalle de la candonga.
La Sala también encontró declaraciones juramentadas de un infiltrado de la Policía en la red urbana que, en 1996, le manifestó a la Fiscalía que los asesinos de Álvaro Gómez eran de la red urbana, pues la información sobre ese crimen se había manejado al interior de la red como se manejaban las acciones propias de la red.
"La Sala encontró que el asesinato sí corresponde al modus operandi de la guerrilla en las ciudades, en modalidad sicarial y no reclamado por la organización armada en su momento", dijo Lemaitre.
Las dudas sobre los motivos del crimen
La magistrada indicó que también encontró referencias descalificadoras de Álvaro Gómez en los computadores incautados a la guerrilla. Lemaitre precisó que si bien no encontró en estos computadores elementos en los que se asumiera la responsabilidad por el hecho, para la Sala es claro que "estas dos personas, hoy muertas, sí fueron por lo menos dos de los sicarios".
La familia Gómez ha insistido en que en el crimen del líder conservador habrían participado como autores intelectuales integrantes del cartel del Norte del Valle, el policía Danilo González y paramilitares, entre otros, sobre quienes la JEP no tiene competencia. Eso le corresponde investigarlo a la Fiscalía que declaró el crimen de lesa humanidad. De hecho, la la magistrada indicó que tienen la misma duda que la familia sobre las razones de las Farc para matar a Álvaro Gómez.
"Parece irracional vincular el asesinato a que él (Gómez) dijo a principios de los años 60 que los campesinos que fundaron las Farc eran repúblicas independientes. No parece haber racionalidad allí. Pero también creemos que, por el lugar en el mando, que tenía en ese momento Julián Gallo, sus superiores no tenían por qué compartirles motivos", dijo la magistrada Lemaitre.
"Si bien la guerrilla pudo haber ejecutado acciones irracionales, la Sala considera que no puede descartar la participación de otros actores en la participación intelectual, según la hipótesis de la familia Gómez. En efecto, es de público conocimiento que otros magnicidios de los convulsionados años noventa fueron el resultado de alianzas entre distintos actores criminales, y así podría haber sido sin que le fuera comunicado a Julián Gallo en su momento", indicó la JEP.
Con todo esto, la Sala considera que la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes todavía tienen su competencia para continuar investigando este crimen de lesa humanidad respecto a actores que no son competencia de la JEP.
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