Reviven investigación disciplinaria contra Miguel Ángel del Río por llamar “empresario corrupto” a Samuel Tcherassi

En septiembre de 2022, cuando la familia Janna protagonizaba una dura pelea empresarial y judicial por el control y la situación financiera de Janna Motors, principal distribuidora de vehículos Mazda y Ford en la costa Caribe, el abogado Miguel Ángel del Río publicó tres mensajes que llevaron la disputa familiar hasta las redes sociales. En un primer mensaje, anunció acciones penales contra Samuel Tcherassi; en otro, preguntó públicamente a la DIAN si investigaba al empresario por una presunta evasión de impuestos, y, cinco días después, lo llamó directamente “empresario corrupto” y aseguró que había intentado sobornarlo para que retirara unas denuncias.

Cuatro años después, esa historia acaba de revivir. CAMBIO conoció en primicia que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la decisión que había cerrado anticipadamente el proceso disciplinario contra Del Río y ordenó investigar a fondo si sus publicaciones estuvieron relacionadas con información que conoció por su ejercicio profesional. La decisión, con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros –que ya fue aprobada por la sala y tuvo un salvamento de voto del magistrado Juan Carlos Granados– dice que la primera instancia cerró demasiado pronto el expediente y dejó sin resolver una pregunta central: si Del Río utilizó su condición de abogado —y eventualmente información reservada conocida en procesos judiciales— para hacer los señalamientos contra Tcherassi. 

La guerra de los Janna que terminó en Twitter

Para entender por qué Miguel Ángel del Río terminó llamando corrupto a Samuel Tcherassi hay que regresar a una vieja pelea familiar que CAMBIO documentó en octubre de 2022.

Los hermanos Aníbal y Diana Janna Raad llevaban meses enfrentados ante la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía por la crisis de Janna Motors, una de las principales distribuidoras de vehículos Mazda y Ford de la costa Caribe. La compañía atravesaba una delicada situación financiera y los dos hermanos se responsabilizaban mutuamente por lo ocurrido. Diana Janna había denunciado a su hermano y a los revisores fiscales de la compañía por supuestamente adulterar información contable y ocultarla a socios y acreedores. Aníbal, por su parte, emprendió acciones contra su hermana, a quien señaló de presuntamente haber incurrido en fraude procesal y concierto para delinquir mediante la presentación de documentación falsa dentro del proceso que se adelantaba ante la Superintendencia. CAMBIO reportó entonces que Miguel Ángel del Río actuaba como abogado de Aníbal Janna. 

En medio de esa guerra apareció Samuel David Tcherassi Solano, esposo de Diana Janna y empresario vinculado a la marca de ropa infantil EPK. Y ahí comenzó el episodio que hoy, cuatro años después, vuelve a tener consecuencias para Del Río por unas publicaciones que hizo en su cuenta de X.

El 22 de septiembre de 2022 escribió: “Como representante legal de la familia Janna hemos iniciado acciones penales en contra del señor Samuel Tcherassi y su familia por múltiples conductas desplegadas al interior de sus actividades empresariales”.
Al día siguiente escribió la siguiente pregunta: “¿La DIAN está llevando alguna investigación por presunta evasión de impuestos en contra del empresario Samuel Tcherassi?”

El contexto de ese segundo mensaje es uno de los puntos que ahora cobra relevancia.
Contra Diana Mayo Janna Raad y Samuel Tcherassi había cursado en la Fiscalía 55 Seccional de la Unidad de Administración Pública Justicia de Barranquilla una investigación por omisión de agente retenedor. Según Tcherassi y Janna, el 14 de diciembre de 2021 habían suscrito un acuerdo de pago con la Dian, lo cumplieron y. el 22 de febrero de 2022, la Fiscalía archivó la investigación ante la inexistencia del hecho investigado.

Es decir, cuando Del Río publicó en septiembre su pregunta sobre una eventual investigación por evasión de impuestos, aquel expediente ya había sido archivado, de acuerdo con la información aportada por los quejosos al proceso disciplinario. Pero el enfrentamiento no terminó ahí.

Cinco días después, el 28 de septiembre, Del Río lanzó la acusación que terminó escalando definitivamente la pelea: “El empresario Samuel Tcherassi dueño de la marca EPK en Colombia, tienda de ropa para niños, me envía un emisario para sobornarme con el propósito de retirar las denuncias en su contra en la fiscalía. Empresario corrupto. Será denunciado una vez más”.

La acusación del supuesto soborno tenía un tercero como protagonista. CAMBIO reveló semanas después que Del Río identificaba como supuesto intermediario a Hassan Fares, un comerciante libanés residente en Barranquilla. Según la versión que el abogado entregó entonces a este medio, Fares lo había contactado por WhatsApp y le habría ofrecido dinero para que retirara una denuncia ante la Fiscalía y una publicación en Twitter contra Tcherassi. Del Río sostuvo que tenía elementos para demostrar el ofrecimiento. 

Tcherassi lo negó y anunció acciones judiciales. “A Miguel Ángel del Río lo voy a denunciar por injuria”, dijo entonces a CAMBIO. Su versión era que jamás había enviado a nadie a ofrecerle dinero al abogado y rechazó públicamente las acusaciones en su contra. 

La pelea que comenzó alrededor de una empresa familiar había terminado convertida en acusaciones sobre un supuesto soborno y señalamientos públicos de corrupción.
Diana Janna y Tcherassi llevaron posteriormente el asunto a la justicia disciplinaria. Su argumento era que Del Río había presentado ante la opinión pública información que no correspondía a la realidad y había utilizado su posición como abogado dentro de la disputa para afectar su honra y buen nombre.

En enero de 2023, el expediente fue repartido a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. En ese momento, del Río respondió con una tesis sencilla: lo que escribió en Twitter no lo hizo en ejercicio de su profesión de abogado.

Su cuenta, explicó, era personal y una red social no era un espacio destinado exclusivamente a prestar asesoría o representación jurídica. También sostuvo que Tcherassi no era contraparte suya dentro de ningún proceso. Sobre sus mensajes explicó que iniciar acciones penales no es una facultad de los abogados, que la pregunta a la Dian era precisamente eso, una pregunta,  y que el supuesto intento de soborno se refería a una situación que, según él, había vivido personalmente.

El 30 de noviembre de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico decretó la terminación anticipada del proceso pues consideró que los tres mensajes no encajaban en las faltas previstas en el Código Disciplinario del Abogado.

Incluso, se pronunció sobre la expresión “empresario corrupto”. Para la primera instancia, estaba vinculada a la versión de Del Río de que Tcherassi había intentado sobornarlo. Si el empresario consideraba que esa afirmación era injuriosa o calumniosa, podía acudir a la jurisdicción penal, es decir, a la Fiscalía, pero eso no convertía automáticamente la conducta en una falta disciplinaria.

Tcherassi apeló la decisión y, debido a ese recurso, el rumbo del expediente cambió. La Comisión Nacional encontró que había una pieza que la primera instancia prácticamente no había investigado: la relación entre lo que Del Río sabía como abogado y lo que, posteriormente, dijo públicamente en Twitter.

El artículo 85 de la Ley 1123 de 2007 obliga al juez disciplinario a buscar la “verdad material” e investigar tanto las circunstancias que comprometen al abogado como aquellas que pueden exonerarlo. Para la Comisión Nacional eso no ocurrió.
La providencia es explícita: la primera instancia “no hizo un estudio profundo de la participación del disciplinable en el asunto que mencionó en la red social”.

La Comisión ordenó establecer si Del Río asesoró o representó a la familia Janna en asuntos relacionados con los delitos que posteriormente mencionó públicamente; si los señalamientos podían considerarse “injuriosos o temerarios”, y, sobre todo, si el abogado “detalló información reservada de trámites judiciales que se encontraban en curso en la Fiscalía General de la Nación”.

Ese último punto es quizás el giro más importante de la decisión porque la discusión deja de ser simplemente si un abogado puede escribir libremente en Twitter. Lo que deberá establecer la justicia disciplinaria es de dónde salió la información que Del Río utilizó para construir sus acusaciones públicas y si tuvo acceso a ella, precisamente, por representar profesionalmente a una de las partes en el pleito de los Janna.

Así las cosas, la Comisión ordenó devolver reabrir el proceso hizo una advertencia expresa al despacho que deberá retomar el expediente: imprimir “el máximo de prontitud” a la actuación para evitar que se configure la prescripción.

Del Río sigue sin haber sido sancionado y conserva intactas sus garantías dentro del proceso. Pero el archivo que había conseguido en primera instancia fue revocado.
La justicia disciplinaria deberá entonces reconstruir una historia que comenzó hace cuatro años con una pelea familiar por una empresa automotriz y terminó en Twitter con acusaciones de fraude, evasión de impuestos, un supuesto soborno y dos palabras dirigidas contra Samuel Tcherassi: “empresario corrupto”. Ahora deberá esclarecerse algo que quedó pendiente desde 2022: si aquellas acusaciones fueron simplemente las opiniones de Miguel Ángel del Río en una red social o si detrás de ellas había información que conoció precisamente porque era el abogado de uno de los protagonistas de la guerra jurídica.