El Pacto Histórico tiene la bancada más grande, pero la conversación la impone el excírculo de Petro

El Pacto Histórico enfrenta una paradoja en el comienzo de la administración de Abelardo de la Espriella y de la nueva legislatura: tiene una de las bancadas más numerosas del Congreso para imponer la agenda, pero buena parte de la atención pública se concentra en un puñado de mujeres vinculadas, en distintos momentos, al entorno de Gustavo Petro.

Juliana Guerrero, Laura Sarabia, Angie Rodríguez, Gabriela Muñoz, Andrea Petro y Verónica Alcocer han ocupado buena parte de la conversación digital durante las primeras semanas del Gobierno de De la Espriella. Sus nombres han aparecido de manera recurrente entre las principales tendencias de X, desplazando de la discusión pública buena parte de la agenda que la colectividad de izquierda intenta instalar desde el Congreso.

El contraste es especialmente visible porque la oposición cuenta con dos figuras de enorme peso político: el expresidente Petro y el senador Iván Cepeda, quien cuenta con 12,7 millones de votos que obtuvo en las elecciones. A pesar de ese capital político, ambos han tenido dificultades para imponer el tono de la conversación.

El Pacto Histórico ha recurrido, entre otras herramientas, a los derechos de réplica frente a las alocuciones presidenciales. El primero, en agosto, respondió a un mensaje de De la Espriella sobre el manejo institucional de la emergencia provocada por el terremoto. El segundo se produjo este martes, cuando Petro, desde Bruselas, respondió a los señalamientos del presidente sobre la situación fiscal del país.

En el Congreso, entre tanto, la oposición intenta delinear una agenda legislativa propia. La bancada presentó un paquete inicial de 16 proyectos de ley, entre ellos iniciativas relacionadas con la reforma a la salud, el Estatuto del Trabajo, la prohibición del fracking, la educación superior, la jurisdicción agraria, una reforma tributaria progresiva, la regulación de la inteligencia artificial y la gestión comunitaria del agua.

También ha promovido dos mociones de censura contra integrantes del gabinete. Una a Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, por su viaje familiar a Santa Marta días después del terremoto del lunes 10 de agosto. La plenaria del Senado rechazó la moción por 61 votos contra 27.

La segunda dirigida contra el general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa, a raíz de la muerte de menores de edad durante un operativo militar contra disidencias de las Farc en el Guaviare. 

La moción contra Beltrán dejó además una de las imágenes más llamativas del comienzo de la oposición. Varios congresistas llegaron al recinto con flotadores, pelotas de playa y sombreros. Hernán Muriel Pérez, representante del Pacto Histórico, asistió vestido con bermudas y camisa playera.

La puesta en escena pretendía cuestionar la actuación del Gobierno frente a la emergencia, pero también reveló una de las dificultades que enfrenta el Pacto: mientras intenta construir una oposición parlamentaria alrededor de proyectos, debates y control político, la atención pública se desvía con frecuencia hacia controversias protagonizadas por dirigentes y personas cercanas al antiguo Gobierno. ¿Ese era el control político por las posibles deficiencias del Gobierno ante una tragedia provocada por un sismo de 7.4 grados, que hasta ahora deja 321 muertos, 4.595 heridos y 31.445 viviendas destruidas?

El vuelo de las mariposas amarillas

Juliana Guerrero se convirtió en uno de los principales focos de atención después de que un juez avalara, el 9 de septiembre, un preacuerdo entre ella y la Fiscalía General de la Nación. Guerrero aceptó cargos por fraude procesal tras admitir que presentó diplomas falsos de Contaduría Pública y de Tecnología en Gestión Contable, expedidos supuestamente por la Fundación Universitaria San José, para acreditar los requisitos necesarios para ser nombrada viceministra de Juventudes de Petro.

La condena fue de tres años de prisión y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años y medio. El caso abrió además un debate sobre la calificación jurídica utilizada por la Fiscalía. La entidad le atribuyó la conducta en calidad de cómplice y no de autora, una diferencia que tiene consecuencias sobre la pena aplicable: no pagará cárcel y tras las elecciones del próximo año, podría volver a ocupar cargos públicos.

El episodio adquirió una dimensión política mayor con las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y antigua funcionaria cercana a Petro. Rodríguez aseguró públicamente que el expresidente conocía las irregularidades relacionadas con los títulos de Guerrero antes de promover su nombramiento y que, pese a sus objeciones, le ordenó continuar el trámite.

“Gustavo Petro tenía pleno conocimiento de que esos títulos eran falsos”, afirmó Rodríguez.

Según su relato, Petro le habría reprochado sus objeciones y atribuido su actitud a los celos, al considerar que Guerrero era más bonita. Rodríguez también planteó la existencia de una presunta red de contratación e influencias alrededor de la joven. Su importancia política radica en que proceden de una antigua funcionaria de alto nivel del Gobierno anterior y alimentan las disputas dentro del propio Pacto Histórico.

La controversia alcanzó también a la Unidad Nacional de Protección. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para establecer por qué Guerrero recibió y mantuvo un esquema de seguridad que incluía camioneta blindada y escoltas.

Jorge Rojas, quien ocupó la dirección del Dapre y fue cercano a Petro, también cuestionó públicamente el episodio. En sus redes sociales sostuvo que Guerrero había causado daño político al Gobierno y al Pacto Histórico y afirmó que Petro había sido complaciente con ella.

Rojas añadió que Guerrero habría sido utilizada por el círculo de poder que rodeó al expresidente y pidió una posición autocrítica del Pacto Histórico sobre el episodio.

Sarabia y el caso del polígrafo

Después de Guerrero, otra figura del antiguo círculo presidencial volvió a quedar en el centro de la atención judicial: Laura Sarabia, quien durante buena parte del Gobierno de Petro fue una de las funcionarias con mayor influencia dentro de la Casa de Nariño y considerada la mujer más poderosa de Colombia.

La Fiscalía le imputó cargos relacionados con el uso de un polígrafo a Marelbys Meza, quien trabajaba como su empleada doméstica.  La Fiscalía la acusa de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Según la investigación, habría utilizado recursos y funcionarios del Estado para atender un asunto personal después de la pérdida de dinero en su residencia. 

El ente acusador sostiene que Sarabia ordenó al entonces jefe de la Casa Militar de la Presidencia, el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, realizar la prueba de polígrafo a Meza. Durante la audiencia de imputación, la fiscal afirmó que la entonces funcionaria había ordenado un procedimiento que, según la acusación, estaba por fuera de sus competencias. Sarabia no aceptó los cargos.

El caso adquirió otra dimensión porque CAMBIO publicó el testimonio de Fabiola Perea, otra de sus empleadas, quien aseguró haber sido víctima de abuso de poder por parte de Sarabia. Perea no fue sometida al polígrafo y, por esa razón, no fue reconocida como víctima en el proceso de imputación contra la excanciller y exembajadora de Colombia en Londres. Sin embargo, sostiene que, al igual que Meza, fue interceptada ilegalmente y solicitó ser reconocida como víctima.

Gabriela Muñoz aumenta las tensiones

Gabriela Muñoz, exfuncionaria de la Aerocivil y creadora de contenido, también ocupó un lugar destacado en la discusión política en estas primeras semanas del Gobierno de De la Espriella.

El 24 de agosto reapareció en una reunión de la Dirección Nacional del Pacto Histórico con la bancada de la colectividad. Se sentó junto a Petro, una ubicación que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

Al día siguiente, Muñoz respondió a esas interpretaciones. “Que los medios no tergiversen mi presencia junto al expresidente Gustavo Petro: aquí no hay romances secretos ni conspiraciones. Hay trabajo político, diálogo y compromiso con el país”, escribió en X.

Su presencia no estuvo exenta de controversia. La Procuraduría General de la Nación tiene abierta una investigación contra Muñoz por presunto tráfico de influencias y celebración indebida de contratos.

Según la Procuraduría, la investigación busca establecer si hubo irregularidades en la celebración y posterior modificación de un contrato de la Aerocivil. El contrato habría sido suscrito en enero de 2026 por aproximadamente 400 millones de pesos y posteriormente adicionado hasta alcanzar cerca de 12.000 millones.

En medio de esta situación, Muñoz fue designada para dirigir las comunicaciones digitales del Pacto Histórico, una decisión que generó resistencia dentro de la propia organización. Algunos dirigentes cuestionaron su experiencia y su exposición en distintos escándalos. Gustavo Bolívar, por ejemplo, la calificó de “provocadora”.

Como en el caso de Guerrero, la Procuraduría también abrió una indagación previa contra la UNP y el Ministerio del Interior por los esquemas de seguridad que le asignaron. El organismo busca establecer bajo qué criterios se concedieron esas medidas.

El caso de 'La Bailarina'

A las controversias alrededor de Guerrero, Sarabia y Muñoz se suma un asunto que toca directamente a la antigua primera dama, Verónica Alcocer.

La Junta Directiva de Ecopetrol ordenó una auditoría forense para investigar posibles irregularidades contractuales y administrativas. Durante el análisis de información digital y testimonios aparecieron referencias recurrentes a una persona identificada con el alias de La Bailarina.

El presidente de la junta ha manifestado públicamente que existen sospechas de que el alias podría hacer referencia a Alcocer. Esa hipótesis, sin embargo, debe distinguirse de un hecho probado: hasta ahora se trata de una línea de investigación y de una interpretación atribuida al propio presidente de la junta.

Las investigaciones y audios difundidos por medios de comunicación apuntan, según esas versiones, a un posible esquema de presiones externas para influir en contratos y nombramientos dentro de Ecopetrol y Hocol. En ese contexto aparece el grupo de empresarios conocido como 'Los Catalanes', liderado por Manel Grau, quien es un amigo personal de Alcocer.

Las versiones sostienen que el grupo habría ofrecido influencia política a cambio de contratos y nombramientos. Alcocer, por su parte, ha negado cualquier conducta irregular o intervención en la petrolera. También ha afirmado que nadie está autorizado para realizar negocios o gestiones en su nombre y ha expresado su disposición a colaborar con la Fiscalía.

La controversia se intensificó después de la publicación por parte de El Tiempo de una grabación de 43 minutos en la que se habla de contratos y puestos directivos. El episodio produjo la salida de Juan Carlos Hurtado de la presidencia encargada de Ecopetrol, quien había reemplazado a Ricardo Roa, también envuelto en varios escándalos en los que Alcocer aparece.

Oposición y disputas

La sucesión de controversias ha dificultado que el Pacto Histórico mantenga el foco sobre su estrategia de oposición. Gustavo Bolívar resumió el momento con una metáfora: “desde afuera y desde dentro llueve dinamita”. El dirigente describió así la disputa interna dentro de la coalición de izquierda mientras, al mismo tiempo, sus integrantes enfrentan los ataques de sus adversarios de la derecha.

“Duele ver cómo vapulean a Petro y a Cepeda”, dijo Bolívar.

Críticas que también llegaron desde el entorno familiar de Petro. Andrea Petro, hija del expresidente, cuestionó públicamente la campaña de Iván Cepeda y a su jefa de debate, María José Pizarro. Según ella, Cepeda no quería ser presidente y había desarrollado una campaña demasiado cerrada.

“Un candidato que no va a debates, un candidato que lee los discursos, a mí eso no me da”, afirmó.

Ante la inminente debacle, dijo, Petro tuvo que intervenir directamente. Además, cuestionó el origen de los votos obtenidos por Cepeda: “Los votos que ganó Cepeda son los de Petro, no son los de Cepeda”.

El episodio resume la tensión que atraviesa al Pacto Histórico en los primeros meses de su etapa como oposición. La coalición dispone de una bancada numerosa y de dirigentes con una considerable base electoral, pero enfrenta simultáneamente investigaciones, disputas internas y una sorprendente conversación pública dominada por figuras vinculadas al antiguo Gobierno.

La pregunta, por ahora, no es solo cómo ejercerá el Pacto su papel de oposición en el Congreso, sino si conseguirá que esa oposición se articule alrededor de su agenda política y no de las controversias que siguen llegando desde su propio entorno.