Cultivos ilícitos: Trump empieza a evaluar las promesas de De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella tiene prisa. No solo por su convicción de que la mano dura es la respuesta adecuada al problema del narcotráfico, sino porque sabe que su Gobierno está bajo la mirada de Washington. Y a Donald Trump le encanta exigir resultados. 

Por estos días, Estados Unidos suele anunciar su decisión sobre la certificación de los países en la lucha contra las drogas. De un momento a otro, se conocerá la evaluación anual de Washington y existen señales de que Colombia podría volver a aparecer entre los países señalados por resultados insuficientes. 

Pero hay un elemento fundamental: esa evaluación no corresponde, en sentido estricto, a la gestión del actual Gobierno. De la Espriella apenas lleva poco más de un mes en el poder. 

Estados Unidos toma como referencia el período posterior a la decisión adoptada en septiembre de 2025, cuando Colombia fue descertificada por primera vez en casi tres décadas, durante el Gobierno de Gustavo Petro. El examen comprende los 12 meses siguientes. Por eso, la mayoría de los hechos que serán evaluados corresponden al último año de la administración Petro.

Sería, por tanto, difícil atribuir al nuevo Gobierno la responsabilidad plena de una eventual decisión negativa. La administración De la Espriella apenas comienza a ejecutar su política de seguridad y lucha contra el narcotráfico y todavía no dispone de un período suficiente para mostrar resultados medibles.

La nota quedará en su curriculum aunque, como casi siempre, tendrá un manejo político. El antecedente de 2025 resulta ilustrativo. La descertificación no significó una ruptura de la cooperación bilateral ni implicó la suspensión automática de la asistencia estadounidense. Washington sostuvo entonces que la cooperación con Colombia seguía siendo de importancia vital para sus intereses nacionales.

La diferencia entre el impacto político y el efecto práctico es importante. La decisión representó un golpe reputacional y evidenció el deterioro de la confianza de Washington en la política antidrogas de Petro, pero Colombia mantuvo buena parte de los instrumentos de cooperación.

Un escenario similar podría repetirse. Estados Unidos podría mantener una designación desfavorable por los resultados acumulados durante el Gobierno anterior y, al mismo tiempo, tomar nota de los primeros movimientos de la administración De la Espriella. Washington tendría así la posibilidad de mantener la presión y dejar abierta una revisión posterior si el nuevo Gobierno demuestra resultados sostenidos.

Hay, además, una precisión conceptual. En el debate colombiano se habla habitualmente de "certificación" o "descertificación" como si se tratara de una calificación anual. El mecanismo estadounidense es más específico: primero identifica a los países considerados relevantes para el tránsito o la producción de drogas ilícitas y después designa a aquellos cuyos gobiernos "han fracasado demostrablemente" durante los últimos 12 meses en el cumplimiento de sus obligaciones antidrogas.

Por eso, en sentido estricto, lo que se conocerá será una designación. Un país puede figurar entre los Estados relevantes para el narcotráfico sin recibir necesariamente la consecuencia política más severa.

Para el Gobierno de El Tigre, una certificación plena tendría un enorme peso político. Sería interpretada como una señal temprana de confianza de la administración Trump hacia el nuevo Ejecutivo. Sin embargo, ese escenario parece poco probable dadas las reglas de la evaluación y el período que se examina.

Una eventual designación negativa, por tanto, no debería interpretarse como un juicio definitivo sobre la política antidrogas de De la Espriella. El verdadero examen del nuevo Gobierno vendrá después: Washington tendrá que evaluar sus resultados en erradicación, interdicción, desmantelamiento de organizaciones criminales, reducción de cultivos y cooperación bilateral.

La prisa de De la Espriella

De ahí la premura del presidente. Su Gobierno abrió la puerta a retomar la aspersión aérea. El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó el 28 de agosto de 2026 la resolución de 2015 que había puesto freno al uso del glifosato en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea (PECIG). El Ejecutivo, además, autorizó un plan piloto con otro herbicida: el glufosinato de amonio.

El producto no está exento de riesgos. Ana María Rueda, coordinadora de análisis de política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que la evidencia disponible no permite afirmar que la aspersión sea inocua, aunque tampoco existe consenso sobre la magnitud de sus impactos. 

Hay estudios que han asociado la exposición con irritaciones de piel y ojos, problemas respiratorios y síntomas gastrointestinales. La evidencia sobre efectos de largo plazo, como cáncer o complicaciones durante el embarazo, es más débil y continúa en discusión. En el ámbito ambiental se ha documentado la deriva del herbicida hacia cultivos lícitos, fuentes de agua y ecosistemas.

La Corte Constitucional ha establecido condiciones para reanudar la aspersión aérea. Entre ellas están la realización de estudios y medidas ambientales, la intervención de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), un concepto técnico del Instituto Nacional de Salud y, cuando corresponda, la consulta previa con las comunidades.

Los pasos a dar no son sencillos. De hecho, la semana pasada, un juzgado de Puerto Asís suspendió provisionalmente el plan piloto de aspersión en el Putumayo. La decisión respondió a una tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social contra la Presidencia, el Ministerio de Agricultura y otras entidades del Gobierno. La organización alegó riesgos para la salud, el agua y el ambiente y cuestionó que los estudios y mapas utilizados para sustentar el plan no fueran públicos.

En otras palabras, De la Espriella puede impulsar una política de fumigación, pero no puede desconocer las decisiones judiciales ni los requisitos ambientales y de consulta previa. 

Un herbicida sin discriminación

Sobre la mesa están también los posibles efectos negativos. La aspersión de cultivos de coca con glufosinato de amonio puede destruir la flora nativa circundante, contaminar fuentes hídricas y afectar cultivos de pancoger y animales debido a su carácter no selectivo. Se trata de un herbicida de contacto que quema y seca rápidamente el tejido vegetal que alcanza. No distingue entre la coca, las plantas nativas y los alimentos cultivados por las comunidades.

Durante una aspersión aérea, el viento puede arrastrar las microgotas hacia parcelas vecinas de cacao, plátano y frutales, así como hacia bosques primarios. Esto puede tener consecuencias sobre la seguridad alimentaria y la economía campesina.

El compuesto también puede ser arrastrado por las lluvias hasta ríos, quebradas y otros cuerpos de agua superficiales. Su uso masivo puede alterar, además, la microbiota del suelo y afectar organismos que participan en la descomposición de la materia orgánica y en la nutrición de las plantas.

Otro problema es la incertidumbre sobre su aplicación aérea. La mayoría de las recomendaciones técnicas para el glufosinato están diseñadas para aplicaciones terrestres controladas y a pequeña escala. Existe, por tanto, incertidumbre sobre el nivel de dispersión y el daño ambiental que podría causar su aplicación desde aviones y a gran velocidad.

Un debate que va y vuelve

Once años después de la suspensión de la aspersión aérea, la herramienta vuelve al centro de la política antidrogas. En campaña, De la Espriella anunció que retomaría la fumigación para reducir los cultivos de uso ilícito. Ya en el poder, su Gobierno derogó la resolución de 2015 que había frenado el programa.

Ahora avanza un plan piloto con glufosinato de amonio que, según el Gobierno, se ejecutaría durante siete días en un área de hasta 1.000 hectáreas. La ubicación se mantiene en reserva por razones de seguridad. El objetivo es reunir evidencia científica sobre su eficacia y sus riesgos. Sin embargo, el piloto debe cumplir los mismos requisitos que cualquier reactivación del programa completo.

La discusión llega en un momento especialmente difícil. Los cultivos de coca alcanzaron en 2024 un récord de 261.000 hectáreas en Colombia, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), frente a las 253.000 hectáreas de 2023 y muy por encima de las cerca de 96.000 hectáreas registradas 11 años antes, cuando se suspendió la fumigación. La producción potencial de cocaína también aumentó.

La aspersión aérea no es una herramienta nueva. Colombia la utilizó desde finales de los años setenta contra la marihuana y desde los ochenta contra la coca. Su mayor intensidad se produjo entre 2001 y 2011, durante la implementación del Plan Colombia y con financiación estadounidense. En 2006 llegaron a fumigarse 172.000 hectáreas en un solo año.

La suspensión de 2015 no fue una prohibición definitiva, sino una decisión de precaución relacionada, entre otros factores, con la clasificación que ese año hizo la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, que calificó el glifosato como "probablemente carcinogénico".

Dos años después, en la sentencia T-236 de 2017, la Corte Constitucional estableció condiciones para cualquier reanudación: precaución, evaluación de riesgos, participación comunitaria y controles institucionales.

¿Qué dice la evidencia?

La discusión sobre su efectividad tampoco es sencilla, dice un informe de la Fundación Ideas para la Paz, que firma Rueda, una de las mayores expertas de este tema en Colombia. La aspersión puede reducir los cultivos con rapidez, pero sus efectos suelen ser temporales: la coca puede volver a sembrarse, desplazarse hacia otras zonas o fragmentarse en parcelas más pequeñas.

Ninguna herramienta —ni la aspersión, ni la erradicación manual ni la sustitución voluntaria— ha demostrado ser suficiente por sí sola. Lo que sí parece estar asociado con reducciones sostenibles es la presencia real y continua del Estado en los territorios.

Si el Gobierno decide avanzar, encontrará un marco legal e institucional más exigente que hace una década. Cualquier reactivación deberá demostrar, con evidencia actualizada, que los riesgos están controlados; garantizar la consulta previa cuando corresponda; cumplir las normas ambientales; demostrar capacidad institucional y establecer mecanismos independientes de seguimiento.

Cambiar de herbicida —usar glufosinato en lugar de glifosato— no exime al Estado de esas obligaciones. Estas se derivan de la política de aspersión y no del producto específico.

A ello se suma que, según la UNODC, en 2024 el 53 % de los cultivos de coca del país estaba en Áreas de Manejo Especial: territorios de comunidades negras, resguardos indígenas, reservas forestales, parques naturales y zonas de reserva campesina.

Esto no excluye automáticamente una fumigación, pero sí implica trámites adicionales y un mayor riesgo de litigios. La aspersión, por tanto, ha regresado al debate público, pero todavía falta camino para saber si podrá ejecutarse como en el pasado. Incluso con el plan piloto, entre la decisión política y el primer avión que fumigue coca hay un trecho.

El Putumayo en la mira

Según el informe más reciente disponible de la UNODC, con datos a 31 de diciembre de 2024, los cuatro municipios con mayor presencia de coca en Putumayo eran Puerto Asís, con 9.893 hectáreas; Valle del Guamuez, con 8.968; Orito, con 7.669, y San Miguel, con 6.411. Suman cerca de 32.900 hectáreas.

El problema es grave, pero su solución no puede reducirse a lanzar desde aviones un químico sobre un territorio de alta biodiversidad.

Putumayo está situado en una zona de transición entre los Andes y la Amazonía. El departamento reúne bosques húmedos, montañas, llanuras amazónicas y numerosos ríos, entre ellos el Putumayo, el Caquetá y el San Miguel. Esa combinación de ecosistemas favorece una gran diversidad de plantas, insectos, aves, mamíferos y anfibios.

El departamento forma parte, además, de corredores naturales que conectan los ecosistemas andinos con la Amazonía. Allí viven pueblos indígenas como los inga, kamëntsá, siona, cofán, murui-muina y coreguaje, que poseen conocimientos tradicionales sobre el bosque y sus especies.

Putumayo puede entenderse como un puente biológico entre la cordillera de los Andes y la selva amazónica. La combinación de alturas, temperaturas, lluvias, ríos y tipos de bosque genera múltiples nichos ecológicos.

Según las proyecciones más recientes del DANE, Putumayo tiene cerca de 390.000 habitantes.  Es uno de los departamentos menos poblados de Colombia, pese a su extensión territorial y riqueza ambiental. También enfrenta grandes desafíos de desarrollo. En la edición 2025 del Índice Departamental de Competitividad, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, Putumayo mejoró dos posiciones frente al año anterior, pero permaneció entre los departamentos de desarrollo medio-bajo del país.

La situación de orden público es tensa. Están los Comandos de la Frontera, una estructura con presencia histórica en Putumayo y vinculada a disidencias de las FARC, y el Frente Carolina Ramírez, estructura disidente asociada al Estado Mayor Central (EMC).

Ante una situación tan compleja, la salida militar no es nueva en el discurso político. Hace más de 20 años, en enero de 2003, el entonces ministro del Interior y de Justicia del Gobierno de Álvaro Uribe, Fernando Londoño Hoyos, aseguró que el narcotráfico se acabaría ese mismo año y desafió: "Vaya usted a Putumayo y búsqueme un arbusto de coca. No hay uno".

Más de dos décadas después, la coca se extendió en el departamento y el negocio continúa teniendo un peso considerable en su economía.

De la Espriella, quien se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la semana pasada en Barranquilla, se comprometió también a ganar la batalla contra el narcotráfico. Y tiene prisa porque en la próxima evaluación que hace la Casa Blanca la responsabilidad será completamente suya.

Ese ha sido el desafío de los presidentes colombianos durante los últimos 40 años. Ninguno logró, hasta ahora, presentar un parte de victoria definitivo.