“Presidente De la Espriella, aquí seguimos, no vamos a volver a tomar los fusiles”
Rigoberto Suárez, excombatiente de los Comandos de la Frontera, se dirige al presidente Abelardo de la Espriella en un mensaje en el que reitera su voluntad de paz. Foto: captura de video.
Varios de los excombatientes de los Comandos de la Frontera envían un angustioso llamado al presidente, quien puso fin a la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo. Otros ya salieron de allí; se cree que se internaron en la manigua.
Por: Armando Neira
Al menos la mitad de los excombatientes de los Comandos de la Frontera concentrados en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, Putumayo, enviaron un angustioso mensaje al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para reiterar su voluntad de paz y su promesa de que no volverán a tomar las armas.
En las últimas horas, el presidente De la Espriella ordenó el cierre total de la ZUT al firmar la Resolución 389 de 2026. De esta manera, el Gobierno nacional dispuso dar por terminada esta zona de preagrupamiento, donde permanecían 99 exintegrantes de esta estructura de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
El Gobierno fijó el 30 de septiembre como fecha límite para que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz articule a las entidades correspondientes y ejecute el cierre logístico, administrativo y de seguridad del lugar. La medida hace parte de las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno para desmontar los mecanismos de diálogo heredados de la administración anterior.
Ante la decisión del presidente De la Espriella, se estima que al menos la mitad de los excombatientes que estaban en este punto decidieron marcharse. “No sabemos para dónde cogieron”, le dijo a CAMBIO una de las personas que aún permanece allí. “La situación es de mucha intranquilidad; estaban nerviosos por lo que pudiera pasar y tomaron sus pocas cosas y se fueron”.
-¿Para dónde? “No se sabe. Se internaron en la selva, volvieron al monte”.
Los demás, en cambio, continúan allí. Rigoberto Suárez, uno de los integrantes de este grupo armado ilegal, envió un mensaje en video dirigido al presidente De la Espriella, en el que asegura que seguirán esperando a que se acuerde una salida jurídica porque no quieren volver a tomar los fusiles y desde su punto de vista ellos firmaron un acuerdo con el Estado.
En la grabación, Suárez afirma: “Aquí estamos los que nos quedamos y seguimos en esta ruta en la que estamos encomendados. Estamos en una semana cultural. No sabemos si de pronto la ARN haga presencia mañana, pero pedimos el favor de que lo haga, para el tema jurídico y la situación de todos los aquí presentes. Aquí seguimos en esta lucha y lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas”. Sus palabras son seguidas con atención por otros compañeros de ese grupo ahora extinto.
Un mensaje para los señores de Bogotá
“Seguimos firmes por la paz, pase lo que pase, señores del Gobierno. Gracias a Dios por este instante y por todos los compañeros y compañeras que estamos aquí presentes. Hemos tomado una decisión de valientes: sostener este acuerdo que se logró hace tanto tiempo y con tanto sacrificio. Sentimos mucho lo de los compañeros que abandonaron esto hacia el sur; cada uno de ellos es responsable de sus actos, y cada decisión que toman es voluntaria”.
Y sigue en su declaración: “Esta decisión la tomamos por todas nuestras familias, porque queremos ir a casa. Y si dejamos un fusil es porque ya no queremos volver a usarlo. Queremos seguir la ruta en la que estamos encomendados todos los que estamos aquí presentes. De mi parte, les agradezco todo ese gesto y todo el optimismo que ustedes también han puesto para que este proceso se lleve a cabo”.
Suárez se aferra al documento firmado con el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. “Ahí está el documento de todos los que seguimos firmes en este paso que decidimos dar: la dejación de un fusil para la reincorporación a una vida civil y social”, dice.
En la grabación, Suárez cede la palabra a los demás. Uno de los excombatientes más jóvenes se dirige entonces “a los señores de Bogotá”, del Gobierno, para pedir una solución:
“Me dirijo con todo respeto a los señores de Bogotá, del Gobierno, para que se respeten nuestros derechos como ciudadanos y nuestra reincorporación a la ciudadanía plena. Hablo como representante de los compañeros que tomamos la valiente decisión de seguir apoyando y aportándole a la paz. Pedimos que nos salvaguarden de retaliaciones en nuestra contra, que nos den una solución concreta a los problemas jurídicos que tenemos y que nos apoyen en todo momento, que no nos abandonen. Exigimos un garante o un vocero del Gobierno, como representante, para exponer nuestras dudas y preguntas. Muchas gracias”.
Con el cierre, terminan las condiciones especiales de tránsito hacia la vida civil en ese territorio y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) deberá evaluar de manera individual la situación de los excombatientes.
La crónica de CAMBIO
El proceso, negociado bajo la política de Paz Total del Gobierno Petro, quedó en vilo tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, quien declaró terminada esa política y firmó la extradición a Estados Unidos de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, el líder del grupo.
El reportaje de CAMBIO se centra en dos parejas —Natalia Briñez y Wilson Cruz, y Tatiana Parra y Jheison Machacurí— que se comprometieron a casarse una vez alcanzaran la vida civil, pero siguen esperando esa fecha en medio de la incertidumbre política. Las dos parejas siguen en la ZUT tras la decisión del presidente De la Espriella.
También narra historias como la de Arbey Lemus Wilchez, quien pasó por las FARC, grupos paramilitares y el Ejército antes de llegar a este grupo. Su vida es un botón de muestra de los enormes desafíos en el país para asentar un proceso de reconciliación definitivo y seguro.
Los Comandos de la Frontera nacieron en 2017 y en 2024 iniciaron negociaciones propias tras romper con Iván Márquez y la Segunda Marquetalia. La captura de alias Araña, en febrero de 2025, y su posterior extradición fracturaron la confianza construida. El proceso logró reducir cerca de un 50 por ciento los homicidios en Nariño y Putumayo, según cifras oficiales.
El reportaje termina con el llamado directo de Natalia y Tatiana al presidente De la Espriella, a quien piden que no los devuelva a la guerra mientras esperan poder fijar la fecha de sus bodas.
Un limbo jurídico sin resolver
La situación jurídica de los 99 excombatientes es compleja y, por ahora, no está resuelta. Las distintas trayectorias de estas personas evidencian la dificultad del asunto. Solo cuatro de los 99 fueron alguna vez miembros de las FARC y son disidentes firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
El resto ingresó posteriormente: algunos se vincularon antes de la firma del acuerdo de La Habana, pero no lo suscribieron, y muchos nunca estuvieron vinculados a las FARC. En el mismo grupo conviven, entonces: Disidentes firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, no firmantes, personas que nunca pertenecieron a las FARC.
Esto es relevante porque cada categoría tiene un tratamiento legal distinto en Colombia, lo que desde el inicio hacía prever que la negociación sería jurídicamente compleja.
Un decreto presidencial del Gobierno Petro puso a los 99 excombatientes bajo responsabilidad del Estado durante diez meses, un plazo que vencía en diciembre de este año. El decreto estableció que no podían salir del predio de la Zona de Ubicación Temporal.
Se esperaba que la ARN asumiera formalmente el acompañamiento del grupo a comienzos de septiembre, pero la salida de la anterior consejera de paz dejó ese cargo sin reemplazo.
El presidente De la Espriella, por su parte, puso fin a la ZUT en Putumayo mediante varias resoluciones y revocó las designaciones de los negociadores en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o Clan del Golfo.
La decisión más significativa por lo que significa el futuro de 99 personas que dicen estar comprometidas con la paz quedó consignada en la Resolución 389, mediante la cual el Gobierno ordenó la clausura de la ZUT del Valle del Guamuez, un espacio creado durante la administración anterior para concentrar a integrantes de la CNEB en el marco de un proceso de tránsito hacia la vida civil.
De manera paralela, la Casa de Nariño expidió la Resolución 391, con la que dejó sin efecto la designación de los representantes del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN. La medida pone fin formalmente a la participación de los delegados que habían sido nombrados durante el Gobierno anterior para adelantar las conversaciones con esa guerrilla.
Asimismo, mediante la Resolución 390, el Ejecutivo revocó la designación de los negociadores del Gobierno ante el Ejército Gaitanista de Colombia, mejor conocido como Clan del Golfo.
Las decisiones se produjeron semanas después de que el presidente De la Espriella anunciara el fin de los diálogos con los grupos armados ilegales y reiterara que su estrategia de seguridad se enfocaría en el sometimiento a la justicia y en operaciones militares contra las estructuras criminales.
En la ZUT, ahora jurídicamente desaparecida, permanece al menos la mitad de los excombatientes, quienes insisten en que no volverán a usar las armas.
“No queremos volver a tomar los fusiles, queremos una vida distinta”, dicen.
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