La FLIP le exige a Abelardo de la Espriella garantías reales para la libertad de prensa tras un mes de gobierno

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le pidió al presidente Abelardo de la Espriella pasar de las palabras a los hechos y ofrecer garantías reales para el ejercicio del periodismo en Colombia.

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Para la organización, que defiende la libertad de prensa desde hace tres décadas, las primeras semanas de la administración muestran señales contrarias a ese compromiso. Entre ellas apunta a la Directiva Presidencial 01, firmada el 3 de septiembre, que concentra la comunicación oficial en la Presidencia y obliga a los funcionarios a pedir autorización antes de conceder entrevistas o hacer declaraciones públicas.

La Fundación advirtió que ese tipo de filtros no puede convertirse en una herramienta para escoger con quién se habla. "La coordinación y unificación de vocerías no se puede convertir en un criterio de autorización", señaló la FLIP.

La entidad recordó, además, que en un principio las instrucciones dejaban abierta la puerta a entregar entrevistas e información a medios o periodistas "amigos", una fórmula que separaría a la prensa afín de la crítica. A ese cuadro sumó la suspensión de las emisoras de paz del Acuerdo de 2016, pues 20 salieron del aire el 18 de agosto y, aunque 16 regresaron el 7 de septiembre como Emisoras de la Reconciliación, cuatro siguen en silencio.

Dos salidas que encendieron las alarmas

El pronunciamiento se hace poco después de la cancelación de la franja matutina que dirigía Camila Zuluaga en Blu Radio, junto a Ana Cristina Restrepo. Según La Silla Vacía, a la periodista y a su equipo se les informó del cierre luego de su última emisión, sin que pudieran despedirse al aire. Caracol Televisión, dueña de la emisora, atribuyó la decisión a temas de audiencia y de anunciantes. Aunque Restrepo aseguró que fue por presión desde el gobierno de De la Espriella.

• LA PREGUNTA DE CAMILA

En las últimas horas también se conoció la salida del caricaturista Vladimir Flórez, 'Vladdo', de Noticias RCN, tras una caricatura que cuestionaba al mandatario. El canal habría explicado su desvinculación por motivos administrativos. Aunque en ninguno de los dos casos se comprobó una orden oficial, la coincidencia con los roces previos entre esas voces y el presidente avivó las dudas sobre eventuales presiones.

La FLIP no mencionó nombres, pero sí alertó por el silenciamiento de espacios críticos, en especial de mujeres periodistas y de quienes opinan desde el humor y la caricatura.

"El Gobierno debe abstenerse de cualquier presión directa o indirecta que busque condicionar las decisiones editoriales o excluir del debate público a quienes cuestionan su gestión, prácticas que pueden constituir censura indirecta", afirmó la organización.

Cuatro años con más de 2.000 ataques

La entidad también presentó un balance del deterioro acumulado para el periodismo en Colombia. En los últimos cuatro años se registraron 2.003 agresiones contra 870 periodistas en los 32 departamentos del país, con diez homicidios en ese periodo. En promedio, cada dos días un reportero recibió una amenaza, y hubo 226 episodios de estigmatización desde el poder público.

El panorama, dijo la FLIP, es más duro en las regiones golpeadas por el conflicto armado, como Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño, Cauca y el norte de Antioquia. En esa última zona fue asesinado el periodista Mateo Pérez Rueda; en Cúcuta, el corresponsal de la Fundación Cristian Herrera. A ese panorama se suman amenazas, desplazamientos y exilios que, según la organización, han empujado la autocensura en los territorios.

Lo que la FLIP le pide al Gobierno

La Fundación le planteó al Ejecutivo una lista de compromisos concretos. Le pidió rechazar de forma pública la estigmatización contra la prensa, en línea con fallos de la Corte Constitucional; garantizar la independencia editorial y no acudir a la censura, ni directa ni indirecta; y aplicar la Directiva Presidencial 01 con criterios objetivos y no discriminatorios. También reclamó esclarecer las denuncias de presiones sobre medios de alcance nacional.

En materia de seguridad, instó a retomar la política pública de garantías para el periodismo, a agilizar la respuesta de las entidades de protección y a articular el trabajo entre la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría y las autoridades regionales. "El presidente debe enviar un mensaje inequívoco a sus funcionarios de que haya un respeto hacia la prensa, incluso cuando es crítica hacia las acciones del Gobierno", puntualizó.