Exclusivo | De una licitación de 800.000 millones a un contrato entregado a dedo: la crisis de escoltas que le tocó al Gobierno De la Espriella
La Unidad Nacional de Protección se encarga de garantizar la seguridad de miles de personas amenazadas en Colombia.
Detrás de uno de los contratos más grandes que ha firmado hasta ahora el Gobierno De la Espriella hubo una telenovela. Setenta tutelas, falta de recursos y un contrato al límite hicieron que la UNP buscara fórmulas para evitar que los protegidos se quedaran sin escoltas. CAMBIO revela la historia.
Por: Mateo Muñoz
Durante semanas, más de 1.200 personas con esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) estuvieron en vilo ante la posibilidad de quedarse sin escoltas. El riesgo no obedecía a una alteración del orden público sino al desenlace de un millonario proceso de contratación suspendido, un presupuesto recortado y un contrato que ya no podía recibir más recursos.
CAMBIO accedió a documentación de la UNP que retrata cómo la entidad tuvo que hacer todo lo que estuvo a su alcance para evitar la desprotección de miles de personas en Bogotá, Cundinamarca, Cauca y Norte de Santander. El desenlace de la historia fue un contrato por más de 20.000 millones de pesos que fue adjudicado a dedo hace unos días, siendo uno de los más altos de lo que va del Gobierno De la Espriella.
El proceso que se redujo y luego se frenó
La historia comenzó con el proceso publicado el 10 de junio de 2026 durante los últimos días de la administración Petro. La UNP lo estructuró inicialmente para contratar diez zonas geográficas y calculó un presupuesto oficial de 825.687 millones de pesos (más de 260 millones de dólares al cambio actual).
Sin embargo, la entidad no recibió la totalidad de los recursos que esperaba del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con los documentos oficiales, el proceso terminó reducido a las zonas 1 y 2, con un presupuesto de 78.000 millones y una ejecución prevista hasta el 20 de septiembre o hasta el agotamiento de los recursos.
Por supuesto, la reducción de casi 748.000 millones y ocho zonas no fue menor. La UNP explicó que no podía continuar con el diseño original porque no contaba por parte del Ministerio de Hacienda con la disponibilidad presupuestal requerida. Además, argumentó que en el último año tuvo que ampliar sus servicios por el recrudecimiento de la crisis de orden público en zonas como el Catatumbo y el refuerzo a los esquemas de protección de los candidatos en el último proceso electoral luego del asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Frente a los cambios en cobertura y monto, el proceso recibió 184 observaciones de 34 empresas y uniones temporales interesadas, las cuales fueron respondidas en un documento de 217 folios. Pero el problema definitivo llegó después: una avalancha con más de 70 acciones de tutela que fueron presentadas contra la convocatoria.
Bastó que solo una de ellas obtuviera una medida provisional de suspensión para enredar aun más el proceso. El 17 de julio pasado, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó detener inmediatamente todas las etapas del proceso de contratación y cualquier actuación encaminada a adjudicarlo. El juzgado consideró que la cercanía de la adjudicación y una presunta falta de motivación técnica en la división por zonas podían afectar de forma irreversible el mínimo vital y el trabajo del accionante.
La UNP acató la orden y suspendió el proceso ese mismo día. Posteriormente, las tutelas fueron remitidas a distintos despachos y se consolidaron bajo las reglas de las tutelas masivas. El expediente pasó por el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué y fue enviado al Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá. La entidad explicó que se configuró un conflicto negativo de competencia que debía ser resuelto por la Corte Constitucional.
Según la UNP, para agosto no existía un pronunciamiento que levantara la medida provisional ni una decisión de fondo que permitiera reactivar el procedimiento. La entidad pidió a la Corte Constitucional una definición urgente y advirtió que la parálisis del proceso podía poner en riesgo la continuidad de los esquemas de protección.
El contrato que llegó a su límite
Mientras el proceso competitivo permanecía suspendido, la Zona 1 seguía siendo atendida por un contrato suscrito el 7 de mayo de 2026 con la Unión Temporal Andinos - 040. El contrato comenzó con un valor de 48.474 millones de pesos y un plazo que inicialmente iba hasta el 10 de julio.
La UNP lo prorrogó en cuatro oportunidades y le añadió recursos en tres de ellas. Las adiciones fueron de 2.643 millones de pesos, 20.198 millones y 1.395 millones. Al final, el valor ascendió a 72.711 millones de pesos.
Con esas modificaciones, el contrato llegó al límite del 50 por ciento de adición permitido por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. La entidad concluyó que ya no podía prolongarlo con nuevos recursos, pese a que el proceso que debía reemplazarlo seguía suspendido por el enredo jurídico que estaba parqueado en la Corte.
La resolución señala que, al corte del 25 de agosto, los recursos del contrato de la Zona 1 alcanzarían aproximadamente hasta el 6 de septiembre. En ese punto, la UNP sostuvo que se enfrentaba a dos obstáculos simultáneos: no podía adicionar más el contrato vigente y tampoco podía adjudicar el proceso competitivo suspendido por la tutela.
La entidad afirmó que la interrupción afectaría no solo a los contratistas, sino a los beneficiarios del programa de prevención y protección. En el expediente se menciona que, en las zonas 1 y 2, había más de 1.214 beneficiarios y más de 3.230 personas de protección desplegadas.
"Esta circunstancia incrementaría el nivel de exposición de los beneficiarios y podría comprometer la eficacia de las medidas adoptadas para mitigar los riesgos extraordinarios o extremos previamente identificados", dijo la UNP.
La contratación sin competencia
Frente a esta situación tan apremiante, la figura elegida por la UNP fue la urgencia manifiesta, que permite contratar directamente (a dedo) cuando la continuidad de un servicio exige una respuesta inmediata o cuando no es posible acudir a un procedimiento público de selección.
La norma permite saltarse temporalmente la competencia ordinaria, pero exige que la urgencia esté motivada y que la contratación sea estrictamente necesaria para superar la situación. Además, una vez celebrado el contrato, la entidad debe remitir el expediente y los soportes a la Contraloría para el control respectivo.
En este caso, se declaró justificada la contratación directa con la Unión Temporal Andinos - 040, representada legalmente por Adriana Elisa Piñeros Acero, por 20.901 millones de pesos, incluidos impuestos, costos directos e indirectos.
El contrato fue diseñado por un mes o hasta que se agotara el presupuesto, lo que ocurriera primero. La UNP sostuvo que no se trataba de escoger al actual operador solo por ser el actual operador, sino porque ya tenía el personal habilitado, el armamento, los chalecos, los medios tecnológicos y la estructura logística desplegada en la zona.
La entidad también certificó que no existía un acto administrativo en firme que declarara el incumplimiento de Andinos - 040. Según la UNP, contratar con un proveedor distinto habría creado una brecha de seguridad mientras se surtía el proceso de selección, vinculación y acreditación de nuevos escoltas.
El otrosí firmado el mismo día
La documentación incluye un otrosí modificatorio al acuerdo de constitución de la Unión Temporal Andinos - 040, firmado el mismo 3 de septiembre de 2026, fecha de la declaratoria de urgencia.
El documento fue suscrito por las ocho empresas que integran la unión temporal: Starcoop CTA, Amcovit, Seguridad Suramérica, Lincon Seguridad, Delthac 1 Seguridad, Coservipp, Alliance Risk & Protection y Seguridad Horus. Alliance Risk & Protection tiene la mayor participación, con el 37 por ciento, seguida por Starcoop, con el 20 por ciento, y Coservipp, con el 15 por ciento.
El otrosí amplió expresamente el objeto de la unión temporal. El acuerdo ya no quedó limitado al pasado proceso millonario y frenado por el enredo legal, sino que autorizó a Andinos - 040 a participar en cualquier otro proceso o contrato con la UNP relacionado con la provisión de personas de protección, “independiente de la modalidad de contratación”.
También extendió la duración de la unión temporal para cubrir el tiempo de cualquier contrato que obtuviera con la UNP, su liquidación y un año adicional. Y dio a su representante legal facultades para suscribir contratos, prórrogas, adiciones, modificaciones y demás actuaciones, incluso en modalidades de contratación distintas de la selección abreviada.
La coincidencia de fechas muestra que la unión temporal actualizó sus reglas internas justo cuando la UNP preparaba la contratación directa de emergencia, aunque no prueba por sí sola una irregularidad.
Por ahora, la decisión dejó a la Unión Temporal Andinos - 040 como la empresa escogida para evitar que se interrumpiera la protección en tres departamentos y la capital. Sin embargo, la incertidumbre continúa sobre los eventuales pronunciamientos judiciales que le pondrán más capítulos a una crisis que pudo haber sido una catástrofe.
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