"Un 5 por ciento para la doctora": nuevos detalles del presunto entramado de corrupción del gobierno Petro que denunció Minsalud

Se conocen nuevos detalles de la denuncia por presunta corrupción que la ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó ante la Fiscalía y que, según su versión, apunta a irregularidades heredadas del gobierno de Gustavo Petro. Se trata de un audio en el que una supuesta intermediaria negocia una comisión del 8 por ciento a cambio de agilizar el giro de recursos para un hospital, y en el que se menciona el nombre de la ministra.

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Vesga, quien llegó al ministerio el 7 de agosto con el gobierno de Abelardo de la Espriella, radicó la denuncia el 5 de septiembre. La funcionaria sostiene que su nombre fue usado sin autorización y que ni ella ni su equipo han pedido o recibido dinero alguno.

Un 8 por ciento y una reunión con "el de infraestructura"

De acuerdo con la información revelada por La FM, el audio corresponde a una conversación entre una presunta intermediaria y un alcalde que aún no ha sido identificado. La grabación habría llegado al Ministerio a través de una exfuncionaria, Marcela Barbosa, y en ella se detalla cómo se repartiría el dinero de una supuesta coima por el desembolso de recursos para el hospital de ese municipio.

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Según la denuncia, la mujer que lidera la llamada desglosa los porcentajes, un 5 por ciento para la ministra y un 3 por ciento para el equipo, y menciona directamente a la funcionaria. "En total es el 8 por ciento, señor alcalde…", se escucha.

En la misma conversación, ante la insistencia del mandatario local por viajar a Bogotá, la intermediaria le confirma que la reunión presencial sería únicamente "con el de infraestructura", en alusión al área encargada de las obras hospitalarias.

La denuncia pide investigar a dos personas que permanecieron en el Ministerio durante los dos periodos del gobierno anterior: Nelson David Hernández Pinto y César Augusto Quintero Casallas. También solicita indagar a los alcaldes que estarían dispuestos a pagar porcentajes para recibir giros que, según el documento, no siempre terminarían en salud. Todos están cobijados por la presunción de inocencia mientras avanza la Fiscalía.

"Los recursos de la salud no son la caja menor"

En su intervención, Vesga rechazó cualquier vínculo con el cobro de comisiones y advirtió que actuará contra quienes usen su nombre. "Jamás hemos solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en mi nombre o de alguien del ministerio", dijo.

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"Quien haya usado mi nombre para pedir dinero o pretender negociar recursos públicos, tendrá que responder ante la justicia. Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos", añadió.

La ministra precisó que entregó el audio a las autoridades para que sean ellas las que definan su autenticidad y su valor probatorio, y que no busca prejuzgar a nadie.

Un hueco de 2,9 billones y contratos congelados

El caso del audio se cruza con lo que la ministra describe como un panorama financiero crítico. Una auditoría de la Contraloría General de la República sobre la vigencia 2025 emitió una opinión contable negativa y no feneció la cuenta del ministerio; es decir, no la dio por aprobada.

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El hallazgo que más inquieta a la actual administración es una brecha cercana a los 2,9 billones de pesos. Según Vesga, el rubro principal tenía comprometidos 4,3 billones, pero apenas 1,3 billones se habían convertido en obligaciones efectivamente pagadas. En palabras simples, se apartó una enorme cantidad de dinero sin que hoy se sepa con claridad en qué terminó.

A eso se suma la revisión de 176 proyectos incluidos en 28 resoluciones, de los cuales 108, por unos 365.000 millones de pesos, seguían sin registro presupuestal, el paso que respalda formalmente un gasto. Cerca del 83 por ciento de ese valor correspondía a obras de infraestructura hospitalaria.

Por ello, la ministra expidió, apenas se posesionó, una circular que suspendió de forma temporal las nuevas contrataciones, los convenios y las prórrogas, salvo excepciones justificadas y autorizadas por su despacho.

El episodio ocurre en paralelo a las investigaciones que la Procuraduría abrió contra exfuncionarios del gobierno Petro por la crisis de la Nueva EPS, entre ellos el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exsuperintendente Daniel Quintero y el exinterventor Jorge Iván Ospina.