De la Espriella recibe a Rubio con una carta de resultados y otra de peticiones
Abelardo de la Espriella, presidente de la República; Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Fotos: Colprensa y captura de pantalla.
El presidente de la República llega a su encuentro con el secretario de Estado de EE. UU. con sonoros golpes contra estructuras criminales para mostrar y dos solicitudes claves: reducción de aranceles y apoyo para la reconstrucción tras el terremoto.
Por: Armando Neira
Hay una paradoja en el encuentro que este martes sostendrán Abelardo de la Espriella y Marco Rubio en Barranquilla. El presidente colombiano llega a la cita decidido a mostrar que su Gobierno está haciendo exactamente lo que Washington esperaba de él: endurecer la lucha contra el narcotráfico, estrechar la cooperación de seguridad y alinearse políticamente con la administración de Donald Trump.
Pero llega también con una pregunta que puede ser más difícil de responder: ¿qué recibe Colombia a cambio?
La pregunta adquiere especial relevancia cuando el país enfrenta simultáneamente las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, una reconstrucción cuyo costo podría alcanzar los 9.600 millones de dólares, y unos aranceles estadounidenses que el Gobierno colombiano quiere reducir o suspender.
La reunión, por tanto, no será solamente una demostración de afinidad política. Será una primera prueba de cuánto puede traducirse esa cercanía en beneficios concretos.
En los últimos días, las operaciones contra organizaciones armadas y criminales han colocado al Gobierno de Colombia en el centro de una discusión mucho más incómoda sobre los límites de la exhibición de la violencia. Las imágenes del presidente caminando entre los cadáveres de disidentes de las FARC abatidos en Guaviare, así como las difundidas después de la muerte de alias “Bendito Menor” en Riohacha, han provocado fuertes críticas de sectores de izquierda y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la manera en que el Gobierno presentó los cadáveres. El expresidente Gustavo Petro acusó a De la Espriella de convertir la muerte en propaganda.
El argumento de los críticos es sencillo: que la condición de combatiente o de integrante de una organización criminal no elimina la dignidad de una persona muerta ni convierte su cadáver en un trofeo.
El Gobierno, sin embargo, parece dispuesto a asumir el costo político de esa exhibición si con ella consigue transmitir otra imagen: la de un presidente que cumple su promesa de enfrentar con dureza a las organizaciones armadas y al narcotráfico. Ahí aparece Washington.
La mirada del Tío Sam
Donald Trump ha bautizado a De la Espriella como “El Tigre”, un sobrenombre que utiliza para describirlo como un hombre duro y fuerte. El presidente estadounidense ha valorado además el giro político de Colombia hacia la derecha y el distanciamiento de la línea que marcó Gustavo Petro. La coincidencia no es solamente ideológica.
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Trump ha hecho de la lucha contra el narcotráfico uno de los ejes de su política regional y ha defendido incluso las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en aguas del Caribe y del Pacífico. Desde el inicio de esa campaña, el 2 de septiembre de 2025, las operaciones han dejado, según las cifras oficiales, 227 muertos y 68 embarcaciones destruidas.
En ese contexto, De la Espriella llega a la reunión con un mensaje que difícilmente puede ser más claro: Colombia está alineada con Washington en materia de seguridad.
Una nueva relación
El cambio de rumbo de Bogotá se extiende mucho más allá de la seguridad. De la Espriella prometió durante la campaña un alineamiento estrecho con Trump, quien le expresó su respaldo durante la campaña y que, en concepto de la izquierda, fue una clara injerencia que desequilibró el resultado.
Ya en el Gobierno, Colombia se sumó al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Trump para coordinar la lucha contra el narcotráfico entre gobiernos afines. También se produjo un acercamiento significativo a Israel. Colombia reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967 y anexado unilateralmente por Israel en 1981.
La decisión fue tomada en medio de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto y recibió el agradecimiento del canciller israelí, Gideon Saar. Siria y otros gobiernos de Oriente Medio, entre ellos Arabia Saudita, Catar, Turquía y Palestina, la rechazaron.
El mensaje político de Bogotá hacia Washington resulta difícil de ignorar: el nuevo Gobierno colombiano no busca una relación equidistante con las grandes potencias. Busca una asociación preferente con Estados Unidos. La cuestión ahora es cuánto está dispuesto Washington a poner sobre la mesa.
Dos formas de hacer la guerra
La cooperación en seguridad ofrece una primera respuesta, aunque también muestra que la relación tiene distintos niveles. En la operación contra alias “Bendito Menor”, Estados Unidos tuvo un papel activo mediante capacidades de inteligencia tecnológica. El apoyo permitió rastrear comunicaciones y movimientos y fue determinante para localizar el teléfono de Naín Andrés Pérez Toncel después de que este lo utilizara para desmentir un rumor sobre su muerte.
A partir de ese seguimiento, unidades de la Dijín, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales y la Sijín, ejecutaron el operativo en Riohacha en el que murieron Pérez Toncel, su pareja sentimental y dos de sus escoltas.
La Operación Azarías, dirigida contra las disidencias de las FARC comandadas por alias “Iván Mordisco”, tuvo un carácter fundamentalmente colombiano. Según los informes oficiales, la inteligencia provino de la Policía y las Fuerzas Militares, mientras la planeación y el despliegue aéreo fueron coordinados por unidades colombianas.
El balance inicial del Gobierno fue de 23 muertos. Medicina Legal recibió posteriormente 24 cuerpos, dos de ellos correspondientes a menores de edad.
Aunque para las disidencias fue un golpe muy fuerte, la imagen del presidente caminando entre los cuerpos en bolsas blancas con la intención de mostrarse duro tuvo su costo. El resultado convirtió una victoria militar en un problema político adicional para el Gobierno y abrió nuevos cuestionamientos en el Congreso.
Y más allá de una cuestión de forma, también hay una de fondo que preocupa altamente a la oposición. El Gobierno de Colombia autorizó a Estados Unidos a realizar operaciones militares conjuntas en territorio colombiano para combatir el narcoterrorismo y las redes criminales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la medida durante una reunión celebrada en Panamá.
El acuerdo se da tras la decisión del Gobierno colombiano de unirse a la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), también conocida como el Escudo de las Américas. ¿Hasta dónde llegará esto? Ese será uno de los interrogantes que hoy gravitarán en el ambiente.
Es precisamente ahí donde la relación con Washington adquiere una dimensión más compleja: Colombia busca cooperación estadounidense, pero también quiere conservar el control de sus operaciones y de sus decisiones soberanas.
Lo que Colombia quiere
Eduardo Pastrana, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana, identifica la seguridad como la principal prioridad de De la Espriella. El objetivo sería conseguir respaldo estadounidense para un eventual “Plan Colombia 2.0”, con ayuda financiera y técnica, entrenamiento, equipos, tecnología armamentística de nueva generación y apoyo político. Pero el problema está en el dinero.
El primer Plan Colombia representó una transferencia estadounidense de unos 750 millones de dólares anuales entre 2000 y 2015, mientras Colombia hizo un aporte considerablemente mayor durante ese periodo.
Pastrana considera poco probable que el actual contexto fiscal estadounidense permita repetir un programa de esa escala. Washington enfrenta una deuda pública elevada, un déficit creciente y compromisos en Ucrania, Israel y otros escenarios.
Hay además un factor político. Un Gobierno colombiano estrechamente identificado con el trumpismo podría quedar expuesto si después de las elecciones legislativas de mitad de periodo cambia el control del Congreso estadounidense y se impone una relación menos favorable.
El segundo objetivo es más inmediato: los aranceles. De la Espriella ya pidió a Trump suspender los aranceles de la Sección 301 que afectan a los productos colombianos y planteó el asunto directamente en sus conversaciones con Rubio.
El problema es que la política comercial de Trump tiene una lógica propia. El principio de “América primero” no necesariamente distingue entre gobiernos amigos y gobiernos adversarios cuando están en juego los intereses comerciales estadounidenses.
Pastrana recuerda que otros gobiernos latinoamericanos cercanos a Trump, como los de Argentina, El Salvador y Perú, tampoco han obtenido el tratamiento preferencial que Bogotá espera.
Lo que Washington quiere
Si Colombia llega con una lista de peticiones, Estados Unidos también tiene la suya. Según Pastrana, Rubio buscará un enfoque más radical contra el narcotráfico: erradicación de cultivos, extradiciones y operaciones conjuntas. Washington también tiene interés en el control migratorio en el tapón del Darién y en limitar el acercamiento de Colombia a la Franja y la Ruta impulsada por China.
En otras palabras, la nueva relación no será una negociación unilateral.
Enrique Prieto Ríos, profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, resume la agenda en tres grandes asuntos: seguridad, cooperación económica y resultados concretos.
La afinidad política, sostiene, tendrá que traducirse en beneficios verificables para Colombia, especialmente en seguridad, comercio, inversión y reconstrucción, sin que ello implique renunciar a la soberanía nacional.
Manuel Camilo González Vides, internacionalista, ve la reunión como una suerte de rendición de cuentas. Colombia mostrará su alineamiento con el Escudo de las Américas y la Coalición Antipandillas y pondrá sobre la mesa sus recientes resultados contra líderes de organizaciones criminales.
Washington, a cambio, buscará probablemente más espacio para la inversión estadounidense en Colombia, algo especialmente relevante cuando el país necesita capital para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto.
Gabriel Cifuentes considera que la presencia de Rubio confirma el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales y anticipa una agenda dominada por la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones catalogadas como terroristas.
Pero también estarán sobre la mesa los asuntos que Washington considera prioritarios: migración, Venezuela y la alineación de Bogotá con la política exterior estadounidense.
El verdadero examen
La reunión de Barranquilla llega, así, en un momento particularmente delicado. De la Espriella ha hecho una apuesta política clara: acercarse a Trump, acompañar su agenda regional y demostrar que Colombia puede ser uno de los aliados más firmes de Estados Unidos en América Latina.
Ahora necesita demostrar que esa apuesta produce resultados. La seguridad es el primer terreno. El Gobierno puede mostrar operaciones exitosas contra dirigentes de organizaciones criminales y una cooperación de inteligencia más estrecha con Washington.
Pero los resultados que más interesan a la población pueden estar en otro lugar: cuánto costará la reconstrucción, de dónde saldrá el dinero, qué ocurrirá con los aranceles y cuánto capital estadounidense llegará al país.
Por eso, más que una fotografía de dos gobiernos políticamente alineados, el encuentro entre De la Espriella y Rubio será una primera prueba de una relación basada en un intercambio implícito: Colombia ofrece alineamiento, cooperación y resultados en seguridad; ahora espera que Washington responda con apoyo, inversión y ventajas económicas.
La pregunta que quedará después de la reunión no será, entonces, si Bogotá y Washington están nuevamente del mismo lado. Eso parece claro.
La verdadera pregunta será cuánto vale esa cercanía para Colombia.
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