Venezuela se entrega a Estados Unidos y Colombia toma nota

En dos semanas se celebrará la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que elegirá la nueva junta directiva de Ecopetrol, por amplio margen la compañía más grande e importante de Colombia. La decisión tiene enorme calado. No solo porque el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca imprimirle a la empresa un giro de 180 grados frente a la línea de acción de su antecesor, Gustavo Petro, sino porque coincide con una de las noticias de mayor impacto político y económico del año.

El presidente Donald Trump anunció, a través de un mensaje en Truth Social, que había alcanzado “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Según Trump, Estados Unidos habría conseguido “el control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, “sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”.

La información fue confirmada poco después por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien aseguró que el acuerdo traerá inversiones superiores a US$100.000 millones y generará unos US$209.000 millones en ingresos tributarios para el Estado venezolano.

El anuncio produjo sorpresa generalizada. Durante años, la cúpula del régimen chavista convirtió en bandera política la idea de que Venezuela no entregaría “ni una gota de petróleo” a Estados Unidos, ni por las buenas ni por las malas. Ahora, sin embargo, el país abre de par en par su industria petrolera a capital, tecnología y operación estadounidense.

Ante el ruido y la controversia, Rodríguez salió a tratar de explicar los alcances del acuerdo.

“Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones”, afirmó.

Un regalo de 25 años

La presidenta sostuvo que el acuerdo tiene una duración de 25 años —y no de 100, como habían señalado diversas publicaciones— y que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

Es una nueva página en una relación que, en menos de un año, pasó del enfrentamiento abierto a una inesperada convergencia de intereses.

En ese periodo, Trump estableció un bloqueo marítimo sobre Venezuela y ejecutó una operación militar en Caracas para detener al entonces presidente Nicolás Maduro. En lugar de impulsar una transición democrática y otorgar el debido reconocimiento a Edmundo González y María Corina Machado -ganadores de las elecciones-, terminó reconociendo a su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como gobernante interina del país.

Las explicaciones de Rodríguez no han disipado las críticas. En Venezuela, distintos sectores consideran que Trump terminó consiguiendo su objetivo de orientar el país de acuerdo con los intereses de Estados Unidos.

El economista venezolano Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y firme opositor al gobierno venezolano, cuestionó el acuerdo en un mensaje dirigido al secretario de Estado, Marco Rubio, uno de sus principales artífices.

“Usted decidió utilizar el poder de Estados Unidos no para liberar a los venezolanos, sino para aliarse con nuestros opresores. Optó por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresivo, en lugar de utilizar el liderazgo de Estados Unidos para restablecer primero el orden constitucional y la democracia”, escribió Hausmann en X.

Ocupación yanqui

Desde el chavismo originario también surgieron voces de rechazo. Elías Jaua, exvicepresidente ejecutivo, cuestionó la medida y reivindicó la posición histórica de esa corriente al afirmar que no aceptan “la ocupación yanqui en Venezuela”. Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa, calificó la negociación como un acto “entreguista, colonial e inconstitucional”. Y Manuel Quevedo, exministro de Petróleo, también marcó distancia con la actual cúpula del poder: “No me entregué a intereses extranjeros”, escribió.

Elliott Abrams, exsubsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y representante especial para Venezuela del Departamento de Estado durante el primer mandato de Trump, fue igualmente contundente.

“Esto no es un acuerdo comercial, es un acuerdo político, porque Delcy Rodríguez busca quedarse en el poder a cambio de darle el petróleo de Venezuela a Donald Trump. Entonces, para poder permanecer en el mando, en Venezuela, lo que le cedió a Donald Trump fue el petróleo venezolano”, señaló.

Pero, pese a las protestas y cuestionamientos, todo indica que el proceso avanza y que ya no hay marcha atrás. Y mientras sectores de izquierda —especialmente voces cercanas al Pacto Histórico— condenan lo que consideran una injerencia estadounidense, en Colombia otros actores creen que el nuevo escenario puede convertirse en una oportunidad económica.

Una oportunidad de oro

“Venezuela inicia uno de los procesos de reconstrucción energética más importantes de las próximas décadas”, afirma Jorge Andrés Martínez, quien se desempeñó como presidente de Ecopetrol Brasil desde abril de 2025. “Estados Unidos ya entendió su dimensión y se está moviendo; los demás jugadores lo harán. Nosotros tenemos algo que casi nadie tiene: estamos al lado, con todo lo que se construyó a lo largo de esa frontera durante décadas”, sostiene.

En un texto titulado Estar al lado no basta: hay que actuar, Martínez plantea que Colombia debe moverse con rapidez ante la reapertura y reconstrucción de la industria energética venezolana, especialmente después del nuevo acuerdo entre Caracas y Washington.

Su tesis es sencilla: la cercanía geográfica, el conocimiento del mercado regional, las empresas, el talento y la infraestructura colombiana constituyen ventajas estratégicas que permitirían al país participar en la recuperación de la economía venezolana, en lugar de limitarse a observarla.

Martínez propone una estrategia energética Colombia-Venezuela para los próximos 10 a 15 años, sustentada en cinco frentes. 

El primero es la seguridad energética compartida, mediante el intercambio de gas, electricidad y otros energéticos. El segundo es la participación empresarial, para que compañías colombianas, especialmente Ecopetrol, evalúen desde temprano oportunidades en petróleo, gas e infraestructura. El tercero es el desarrollo de servicios y proveedores, aprovechando las capacidades colombianas en ingeniería, perforación, mantenimiento, logística y tecnología.

El cuarto frente es la infraestructura, con la recuperación de gasoductos, el fortalecimiento de las interconexiones eléctricas y la ampliación de las capacidades de almacenamiento y transporte. El quinto es la diplomacia, orientada a construir una relación política y económica estable que permita sacar adelante los proyectos.

El gasoducto Antonio Ricaurte

Como primera medida, Martínez plantea rehabilitar el gasoducto Antonio Ricaurte para importar gas venezolano y reducir la vulnerabilidad energética de Colombia.

También propone impulsar un gran acuerdo energético entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos, basado en proyectos concretos y beneficios económicos, sin supeditar la cooperación a afinidades políticas.

En síntesis, su planteamiento es que Colombia debe hacer dos cosas simultáneamente: desarrollar sus propios recursos energéticos y aprovechar estratégicamente la reconstrucción de la industria venezolana. La ventaja de estar al lado solo tendrá valor si Colombia actúa ahora, antes de que otros países y empresas ocupen las oportunidades que se están abriendo.

Y mientras hay una discusión política para rechazar la ausencia de democracia en Venezuela, el empresariado colombiano ya está mirando hacia allá.

Uno de los movimientos más significativos se produjo en el sector de alimentos. El 21 de julio de 2026, Grupo Nutresa suscribió un contrato para adquirir el 100 por ciento de Industrias Tío Rico, empresa líder del mercado venezolano de helados, con una participación superior al 55 por ciento.

El interés también se extiende al sector energético. Jaime Gilinski, uno de los hombres más ricos de Colombia, con una fortuna estimada entre US$17.100 millones y US$40.500 millones, según diversos índices, estaría cerca de concretar un acuerdo petrolero en Venezuela junto con GeoPark Ltd.

La hora de los negocios

GeoPark es una petrolera con sede en Bogotá en la que el Grupo Gilinski consolidó su posición como principal accionista durante 2026, tras acumular una participación del 28 por ciento mediante inversiones de aproximadamente US$107 millones. Y, claro, con el nuevo guión que escribió Trump para desarrollarse en Venezuela, las cuentas son ahora distintas.

No es el único grupo que sueña con consolidarse en Venezuela. En moda y accesorios, Vélez inició su expansión mediante un modelo de franquicias. La marca ya cuenta con algunos establecimientos y proyecta abrir otros antes de finalizar el año. Mario Hernández mantiene varias tiendas y apuesta por una recuperación gradual del mercado.

Corona también comenzó un proceso de reconexión con distribuidores y clientes históricos y evalúa nuevas oportunidades comerciales. Grupo Argos, por su parte, analiza un eventual regreso para recuperar activos que le fueron expropiados en 2006. La compañía, sin embargo, aclara que cualquier decisión dependerá del reconocimiento de sus derechos y de la existencia de condiciones de estabilidad jurídica.

En el petróleo, entretanto, la carrera ya comenzó con corredores que son auténticos pesos pesados. La propia Delcy Rodríguez anunció que se aproximan “importantes acuerdos adicionales” con compañías como Chevron, Repsol, Shell, Eni y BP. Según la presidenta, estos acuerdos permitirán ampliar las inversiones, elevar la producción y recuperar la renta petrolera.

Repsol, la compañía española, firmó en abril un acuerdo para reactivar actividades de exploración y producción en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. BP, por su parte, suscribió un convenio con el gobierno interino para explorar reservas de gas en la frontera marítima compartida con Trinidad y Tobago, una iniciativa que podría fortalecer la producción energética y la integración regional.

Al margen de las decisiones que adopten los inversionistas y de los argumentos de los líderes políticos, existe otro elemento que Colombia no puede ignorar: la sintonía pública entre Trump y el presidente Abelardo de la Espriella.

Por eso, es razonable pensar que el mandatario colombiano también esté mirando con atención lo que ocurre en un país con el que Colombia comparte 2.200 kilómetros de frontera. Además, es sabido, a De la Espriella le interesa que el gobierno de Venezuela le quite todo el apoyo a las guerrillas colombianas que encontraron allí refugio con el ELN y las disidencias de las Farc.

Maduro sonríe

Hay, naturalmente, mucha información que todavía no ha salido a la luz pública. Pero que algo está cambiando resulta difícil de discutir.

Casi simultáneamente con el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro publicó dos fotografías desde la cárcel en la que permanece detenido en Nueva York desde enero. El mensaje estaba dirigido a su familia y a sus seguidores.

“Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió en sus redes sociales.

En las imágenes aparece sonriente, haciendo el símbolo de la victoria, vestido con un uniforme gris y zapatillas blancas.

Es una escena llamativa. En Estados Unidos no es habitual que un preso pueda tomarse fotografías sonrientes desde una cárcel y publicarlas en redes sociales.

Y quizá sea también una imagen que resume el nuevo momento venezolano: mientras unos celebran la llegada de capital y la posibilidad de reconstruir una industria devastada, otros denuncian una nueva forma de dependencia. Colombia, entretanto, observa. Y tendrá que decidir pronto si quiere ser espectadora o protagonista.