JEP avanza contra exintegrantes de las Farc: sanciones por secuestro y llamados a Timochenko y Sandra Ramírez
La JEP ordenó ejecutar las sanciones del Caso 01 contra los exjefes de las Farc, citó al último secretariado por violencia sexual contra mujeres reclutadas y llamó a versión a Sandra Ramírez por reclutamiento de menores.
Por: Juan David Cano
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó tres decisiones contra la antigua cúpula de las Farc que se conocieron este viernes 18 de septiembre. La primera pone a correr las sanciones por secuestro contra siete exjefes guerrilleros. La segunda los cita a declarar por violencia sexual contra mujeres reclutadas. Y la tercera llama a la exsenadora Sandra Ramírez a responder por el reclutamiento de menores.
Las sanciones por secuestro ya se están ejecutando
La primera decisión corresponde al Caso 01, el expediente sobre los secuestros cometidos por las Farc. La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad asumió la tarea de ejecutar y verificar las penas, luego de que la Sección de Apelación confirmara la sentencia. El auto no admite recursos.
Las penas quedaron individualizadas. Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, y Pablo Catatumbo Torres Victoria deben cumplir ocho años. A Jaime Alberto Parra Rodríguez le fijaron siete años, diez meses y dos días. A Milton de Jesús Toncel Redondo, siete años, ocho meses y 25 días, con aplicación del principio de favorabilidad, que consiste en aplicar la norma más benigna para el procesado.
Pastor Lisandro Alape Lascarro deberá cumplir seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo Cubillos, seis años, y Rodrigo Granda Escobar, cinco.
En la práctica, eso significa una rutina vigilada. Cada uno debe vivir en un sitio fijo asignado para cada fase del cronograma y no puede mudarse sin permiso del tribunal. Tiene un horario de lunes a viernes, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, dedicado a las obras y trabajos de reparación. No pueden moverse fuera del departamento donde cumple su sanción sin autorización previa. Y tiene prohibido salir del país mientras dure la condena.
La JEP mantendrá el monitoreo para verificar que las residencias, los horarios y los proyectos se ajusten a lo ordenado.
Citados por violencia sexual contra mujeres reclutadas
La segunda decisión es del Caso 11, el expediente sobre violencia sexual, reproductiva y por prejuicios de género durante el conflicto. En su subcaso 3, que cubre los hechos contra personas mayores de 18 años que estuvieron en las filas guerrilleras, la Sala de Reconocimiento de Verdad citó a rendir versión a los siete últimos integrantes del Secretariado.
La investigación reúne a 34 víctimas acreditadas. Entre ellas, 30 que sufrieron los hechos de manera directa y cuatro reconocidas como familiares. La Sala ha documentado 62 hechos ocurridos entre 1990 y 2015, y que para sustentarlos hizo 20 entrevistas a profundidad con reserva de la información y acompañamiento psicológico.
En la citación, el tribunal señala que la mayoría de esas mujeres "sufrieron diferentes tipos de violencias a lo largo de su vida intrafilas".
Lo que busca la JEP no es solo saber qué pasó, sino qué sabían los jefes. Es decir, si dieron órdenes, si conocieron las denuncias y no hicieron nada, o si los mecanismos de control dentro de la guerrilla fallaron. Varias víctimas le contaron al tribunal que informaron lo ocurrido a sus comandantes y que no se tomó ninguna medida.
Sandra Ramírez tendrá que dar su versión
La tercera decisión toca a Sandra Ramírez Lobo Silva, conocida en la guerrilla como Griselda Lobo, excongresista del partido Comunes y compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo. La Sala de Reconocimiento la citó a versión libre dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes.
La decisión se adoptó el jueves 17 de septiembre, cuando la Sala avaló una ponencia de la magistrada Lily Rueda, quien consideró que había elementos suficientes para escucharla. La Sala le trasladó información anónima de víctimas acreditadas relacionada con el Bloque Oriental, la estructura a la que habría pertenecido.
Lo que el tribunal quiere establecer es qué cargos tuvo dentro de las Farc, qué poder real ejerció y qué sabía sobre lo que les pasaba a los menores reclutados.
Según la JEP, las antiguas Farc reclutaron y usaron a 18.677 menores de edad. En el Caso 07 hay 11.277 personas acreditadas como víctimas y 26 exintegrantes de la guerrilla han sido llamados a reconocer su máxima responsabilidad.
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Todo esto ocurre mientras se discute el futuro del propio tribunal. En las últimas horas se conoció una propuesta para recortarle 100.000 millones de pesos a su presupuesto, que el presidente de la JEP calificó como el ataque más grave que ha sufrido la justicia transicional.
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