Gobierno le encarga al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, la delimitación de Santurbán

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, será el encargado de tomar las decisiones sobre la delimitación del páramo de Santurbán. Así quedó establecido en el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, que lo nombró ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc.

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Dangond seguirá siendo ministro de Agricultura y únicamente asumirá las funciones ambientales en los dos temas que el decreto menciona, que son la delimitación progresiva del complejo de páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín y la delimitación de una reserva temporal de recursos naturales en el costado occidental del macizo de Santurbán.

Esa reserva cubre territorio de siete municipios de Santander como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga. El decreto rige desde el día en que se expidió.

Los páramos son ecosistemas de alta montaña que funcionan como esponjas y retienen el agua de la lluvia y la niebla y la sueltan poco a poco para alimentar ríos y quebradas. Delimitar uno es trazar la línea que define hasta dónde llega. Dentro de esa línea, la ley prohíbe actividades como la minería.

Santurbán es uno de los casos más discutidos del país. Según el Ministerio de Ambiente, ese ecosistema surte de agua a más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander. El proceso para actualizar su delimitación sigue sin cerrarse nueve años después de la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó rehacerlo.

¿Por qué Fabio Arjona quedó por fuera de la discusión?

El decreto existe porque el ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, ya no puede intervenir en esos temas. El Consejo de Ministros aceptó su impedimento en la sesión del 10 de septiembre y la decisión se comunicó mediante un oficio de la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente fechado el 16 de septiembre.

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El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó el 18 de agosto una solicitud de impedimento, precisamente al considerar que unas declaraciones de Arjona mostraban una parcialidad a favor de Aris Mining y de su proyecto minero Soto Norte.

Ese colectivo venía advirtiendo desde antes de su posesión que el entonces ministro designado había anunciado en una entrevista que delimitaría Santurbán de manera que se permitiera minería formal en un área externa, a cargo de la empresa canadiense.

“Hay que formalizar la minería que ya existe; si hay una minería industrial alrededor podría ayudar a la formalización. Hay una empresa canadiense, Aris Mining, que tiene 38.000 mineros formalizados en Antioquia, es un ejemplo de lo que podría hacerse en Santurbán”, fueron las declaraciones que Arjona dio a Noticias Caracol y que le costaron su capacidad de intervención.

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Cuando se conoció la decisión, el Comité la celebró en sus redes sociales y dijo que sus denuncias quedaban respaldadas. "Tiene un conflicto de interés que le impide actuar con imparcialidad frente a Santurbán", escribió la organización.

El Ministerio de Ambiente, por su parte, publicó un comunicado en el que explicó que el ministro se aparta de firmar ciertos actos administrativos, pero que la entidad sigue a cargo del tema.

"No significa que el Ministerio de Ambiente se aparte de Santurbán El ministerio continuará ejerciendo sus competencias y adelantando las actuaciones que corresponden", señala el texto.

El otro pleito: la quebrada La Baja

Detrás de este cambio hay una decisión reciente que también está en discusión. El 6 de agosto, un día antes de la posesión de De la Espriella, el gobierno de Gustavo Petro declaró como reserva definitiva las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, para blindarlas de nuevas concesiones y licencias de minería mediana y a gran escala.

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Menos de dos semanas después, el Ministerio de Ambiente, ya con Arjona al frente, revocó esa resolución con el argumento de que el trámite tenía vicios de origen.

A eso se suma que en septiembre un juez de Bucaramanga suspendió de manera provisional una resolución relacionada con la delimitación progresiva del páramo, en medio de reclamos por participación ciudadana y acceso a la información. Esa suspensión no anuló el proceso.