"Enel ha maltratado a Bogotá de muchas formas": las críticas por soterrar los cables de energía de la capital

Enel Colombia le pidió al Concejo de Bogotá modificar o retirar el artículo que obliga a soterrar los cables de la ciudad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En la misma carta le envió a los concejales la redacción exacta que propone para reemplazarlo. El documento, fechado el 16 de septiembre de este 2026, generó críticas desde diverso sectores. CAMBIO indagó la situación alrededor de la polémica.

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La carta está dirigida al concejal Juan David Quintero, autor de la proposición aprobada en el primer debate de la reforma tributaria de la alcaldía, y la firma Pilar Jaramillo Villamizar, subgerente de Relaciones Institucionales de Enel Colombia para Colombia y Centroamérica. Según Quintero, la misma comunicación llegó a los 45 concejales de la ciudad.

Soterrar o subterranizar significa enterrar los cables que hoy van por los postes. El tema hace parte del proyecto de acuerdo 724 de 2026, conocido como Acuerdo por una Ciudad Inteligente, con el que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán busca recaudar más de 1,2 billones de pesos anuales desde 2027.

Qué dice el artículo que Enel quiere cambiar

La proposición de Quintero divide los cables del espacio público en tres grupos y le pone una regla distinta a cada uno. El texto plantea además que el costo lo asuman los operadores dueños del cableado.

"Hay tres tipos de cables en el espacio público: los cables futuros, que serán los cables nuevos; los cables que están en uso, y los cables que se dejaron de usar. Los cables futuros, el Plan de Ordenamiento Territorial establece que tienen que soterrarse", explicó el concejal en entrevista con CAMBIO.

Y añadió: "Los cables que están en uso tienen que, progresivamente, de la mano del IDU y de la Alcaldía, irse enterrando. Si, por ejemplo, estamos en la Boyacá y hay una cantidad de cables, y el IDU hace una troncal de Transmilenio en la Boyacá, pues tendrán que aprovechar esa obra para soterrar los cables".

El tercer grupo es el de los cables abandonados. Quintero contó que buena parte de la maraña que se ve en los postes viene de empresas de televisión por cable que desaparecieron o fueron absorbidas por otras compañías.

"Todos esos cables quedaron tirados en los postes de la ciudad. Eso sí, Enel cobra, porque ellos dicen que son los dueños de los postes y cobraban un arriendo por poner esos cables. Pero una vez esos cables dejaron de usarse, Enel no hizo nada para quitarlos del espacio público", afirmó.

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"Entonces lo tercero que hicimos en este proyecto fue decirles a los dueños de los cables: o ustedes me quitan esos cables o yo se los quito, eso sí, le cobro por quitarlos", agregó.

Para el concejal, la discusión no es solo de estética urbana. También es para garantizar la seguridad de los ciudadanos que habitan la capital.

"Los cables no son solamente una cosa estética, cosa que es muy importante en las ciudades, pero además son un peligro urbano. Si usted va a un barrio en Ciudad Bolívar o en Usme, sobre todo en los barrios de más bajos ingresos, los niños no pueden abrir la ventana de sus casas por la maraña de cables que hay", contó.

Las cuentas de Enel: 20,5 billones de pesos y una tarifa que se triplicaría

Para Enel, esa estrategia es inviable. En la carta a la que tuvo acceso CAMBIO dicen que las obras son más complejas que instalar una red aérea y que la ciudad no tiene espacio suficiente para hacerlas en todas partes.

Tampoco hay espacio financiero. Enel calcula que enterrar toda la red costaría más de 20,5 billones de pesos, entre alta, media y baja tensión, y aclara que esa cifra podría subir, porque no incluye servidumbres, permisos ambientales ni autorizaciones. Tampoco incluye el cambio de los transformadores.

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"Considerando la cantidad de transformadores aéreos actualmente instalados en la ciudad, esta adecuación representaría una inversión adicional cercana a 15 billones de pesos", dice el documento.

Y añade: "La materialización de una inversión de esta magnitud escapa de las posibilidades de inversión de cualquier agente, y no cuenta con un mecanismo regulatorio que permita su reconocimiento ni remuneración, por lo que implicaría asumir costos que, además de representar pérdidas económicas, impedirían atender otras inversiones necesarias para garantizar la calidad, confiabilidad, seguridad y crecimiento de la infraestructura eléctrica".

Pero el problema, según Enel, también lo podrían pagar los usuarios. La base regulatoria de activos es el valor de la infraestructura que el regulador le reconoce a una empresa y sobre el cual se calcula lo que puede cobrar.

"Actualmente la base regulatoria de activos reconocida a Enel Colombia es de 9.4 billones de pesos que, grosso modo, representan un cargo de distribución de 250 pesos mensuales en la tarifa. Sobre esta base, el artículo incorporado podría triplicar dicho cargo", advierte el documento. En otras palabras, que se triplicaría el costo de la tarifa para los hogares.

La empresa explica además que priorizar el soterramiento dejaría por fuera obras como subestaciones, mantenimiento, reposición de equipos, atención de fallas y expansión de la red. Y advierte que el impacto no sería solo para Bogotá, porque su área de distribución incluye 142 municipios de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Tolima y Meta, que también asumen los costos de la infraestructura de la capital.

La norma que la empresa dejó escrita

Por todo lo anterior, la empresa recomendó cómo ajustar la norma. Bajo el título "Supresión o modificación propuesta", Enel redacta un artículo nuevo, completo, con parágrafos y con los cambios marcados frente al texto aprobado. En esa versión, el Distrito "promoverá y avanzará progresivamente" en el soterramiento, y queda tachado el parágrafo que obligaba a que todas las redes nuevas, ampliadas o repuestas fueran subterráneas.

"En consideración a las razones expuestas, la subterranización debe analizarse como una solución focalizada y en donde los beneficios paisajísticos, de seguridad y de uso del espacio público justifiquen los costos. Una combinación de redes aéreas y subterráneas, acompañada de mantenimiento, modernización y gestión de activos, tal como está establecido en el POT vigente, es una solución eficiente", dice el documento.

Para Quintero, ese es el punto más grave de todos. El concejal recordó que Enel es un contratista de la ciudad y comparó la situación con la de una constructora que le escribiera al Congreso para dictarle cómo redactar las concesiones viales.

"Es peor que el lobby, porque generalmente esas empresas contratan empresas de lobistas que, digamos, son más cuidadosas. Aquí no: aquí la empresa, directamente y con nombre y apellido, nos envió cuál era la redacción que a Enel le convenía", dijo a CAMBIO.

"Lo que ellos pretendían era que algún concejal cogiera la carta y la presentara como norma de la ciudad. Es un delito", afirmó.

"El costo no es nuevo": la respuesta a la advertencia por la tarifa

Sobre el aumento de la tarifa, el concejal respondió que la obligación ya existe en el POT y que, por lo tanto, no se está creando un gasto adicional.

"¿Que van a triplicar la tarifa? Eso es absolutamente absurdo. La norma, el POT, ya establece que los cables futuros tienen que ser soterrados, es decir, el costo no es nuevo. Segundo, los cables que están en uso progresivamente tendrán que soterrarse. Eso ya lo establece el POT", le dijo a CAMBIO.

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"Los cables que están en desuso, es decir, que no sirven para nada, los tienen que quitar sí o sí. Lo que pasa es que nadie los había apretado para que los quitaran. Y nosotros lo que estamos diciendo es: señores de la Uaesp, si no los quitan, quítelos usted, eso sí, cóbreselo", agregó.

La Uaesp es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la entidad del Distrito que maneja, entre otras cosas, el alumbrado público.

Quintero también defendió que el tema quepa dentro de una reforma tributaria, un argumento que Enel cuestiona. Su explicación es que el proyecto se llama Ciudad Inteligente y que el alumbrado público inteligente depende de la red que lo alimenta.

El contrato de alumbrado público que se vence en noviembre

El concejal dijo que la discusión hacía parte del contrato de alumbrado público de la ciudad, que según él termina en noviembre de este año, y en el costo que ese servicio le representa a Bogotá.

"El alumbrado público nos cuesta a los bogotanos 300.000 millones de pesos al año, que sí o sí hay que pagarlos, porque si usted no los paga, los paga la ciudad. Y, pese a eso, usted no ve que hayan hecho ningún proyecto de actualización de magnitud", dijo.

"Para que usted se haga una idea: si en este momento se funde un bombillo en San Cristóbal, no vamos a poder saber que se fundió porque no hay un tablero de control, sino que hay que esperar a que algún ciudadano lo reporte para ir a cambiarlo", explicó en la entrevista.

A su juicio, el momento elegido por la empresa para pronunciarse es sospechoso. "Si a usted el contrato se le vence en un mes, ¿a usted qué le importa lo que vaya a pasar después, salvo que usted esté totalmente convencido de que se lo van a volver a dar?", afirmó.

Al cerrar la entrevista, el concejal dijo que seguirá impulsando el artículo en la plenaria. "Vamos a asegurarnos de que el Concejo mayoritariamente apruebe ese artículo de soterramiento de cables y vamos a defender a la ciudadanía para que no haya ese desorden de cables en la ciudad", aseguró.

"Estamos defendiendo a los ciudadanos de a pie, a los peatones que están aburridos de tener que caminar entre esa maraña de cables; a los niños que no pueden abrir las ventanas para recuperar un balón o una cometa, porque esos cables se lo impiden", agregó.

La alcaldía y Peñalosa entran en la discusión

Quintero no fue el único en pronunciarse. El secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva Moyano, respaldó la medida y dijo que el alcalde Galán ha dado instrucciones de avanzar en el soterramiento.

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"El alcalde Carlos Fernando Galán nos ha dado la instrucción permanente de avanzar en el soterramiento de cables en la ciudad. Es una deuda histórica que debemos saldar. El Acuerdo que estamos discutiendo en el Concejo de Bogotá nos permite sentar las bases para cambiar el modelo de alumbrado público en la ciudad. Tenemos que cambiar el modelo vetusto y anacrónico de casi 30 años".

"La posición de Enel Colombia es completamente desafortunada. En lugar de oponerse a que avancemos de manera progresiva en el soterramiento deberían sumarse a esta causa de una manera clara", agregó el funcionario.

El exalcalde Enrique Peñalosa también se pronunció y recordó una obra de su administración en la Zona Rosa, donde, según él, se dejaron listos los ductos y la empresa nunca enterró los cables.

"Enel ha maltratado a Bogotá de muchas formas. Con relación al soterramiento de los cables que unos concejales y la alcaldía Galán están impulsando, y Enel está tratando de sabotear, cabe recordar que todas las ciudades avanzadas densas del mundo tienen los cables soterrados", afirmó Peñalosa.

Y añadió: "Que los italianos de Enel nos digan cuál ciudad italiana tiene la maraña de cables que afea a Bogotá. Cuando hicimos las obras de mejoramiento de espacios peatonales en la Zona Rosa dejamos los ductos para el soterramiento de los cables y ni aún así lo hicieron".

La nueva respuesta de Enel a la polémica

CAMBIO se comunicó con Enel para conocer su posición sobre el tema  y la empresa compartió un comunicado en el que aseguran que no se oponen a la medida. Lo que buscaron es ofrecer una visión viable técnica y financieramente.

"Soterrar de manera generalizada el 100 por ciento de las redes requiere una armonización técnica y regulatoria. Asimismo, es necesario garantizar el mecanismo de reconocimiento tarifario alineado con los límites regulatorios vigentes para asegurar la sustentabilidad económica y la planificación a mediano y largo plazo alineada con el desarrollo de la ciudad", dijeron.

Y añadieron: "Para avanzar de manera constructiva Enel Colombia propuso una redacción alternativa al articulado para alinear los esfuerzos de soterramiento progresivo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente (POT - Decreto Distrital 555 de 2021) y las competencias sobre redes de telecomunicaciones".