Ministro de Ambiente, Fabio Arjona, no podrá intervenir en la delimitación del páramo de Santurbán
Por una recusación realizada por el Comité de Santurbán, el Consejo de Ministros decidió aceptar y declarar impedido al ministro Arjona. La decisión se tomó por un posible conflicto de intereses que tendría el funcionario.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció que el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Alberto Arjona Hincapié, no podrá decidir sobre la delimitación de ese complejo natural, a pesar de que ya había revocado la resolución que protegía una parte.
De acuerdo al comunicado, durante una sesión del Consejo de Ministros, realizada el pasado 10 de septiembre, se decidió que Arjona no podrá intervenir en cualquier tipo de actividad relacionada con la delimitación del Páramo de Santurbán, más específicamente al “Complejo de Páramos Jurisdiccionales Santurbán – Berlín, dentro de la Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables y la actuación de la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja”. Es decir, se optó por declarar impedido al ministro.
El siete de septiembre, esta organización había entregado más de 50.000 firmas al Tribunal Administrativo de Santander, “en respaldo a las medidas cautelares” que protegen al Páramo de Santurbán. Además, cuando el nuevo gobierno anunció el 19 de agosto que revocaba la medida en la que se protegían casi 1.500 hectáreas del páramo, declaró que presentaría ocho acciones jurídicas —entre ellas las del tribunal y una recusación— porque esa decisión representaba “un grave retroceso en la protección de Santurbán”.
En ese sentido, el colectivo realizó una solicitud de impedimento el 18 de agosto, ya que estimaba que las declaraciones de Arjona, casi desde asumir su cargo, mostraban una “abierta parcialidad frente a Aris Mining y su proyecto minero Soto Norte”. De tal forma que la decisión es una respuesta a todo este proceso y el Consejo de Ministros aceptó la solicitud de recusación.
La recusación llevaba semanas cocinándose
El Comité Santurbán venía señalando desde antes de la posesión de Arjona que el entonces designado ministro no llegaba en blanco al debate sobre el páramo. En una entrevista, anterior a asumir la jefatura de la cartera, Arjona había anunciado que delimitaría Santurbán para permitir minería formal en un área externa liderada por la canadiense Aris Mining, dueña del proyecto Soto Norte.
"Ese es el secreto mejor guardado de la minería en Colombia; nadie lo conoce. Ese es un ejemplo que debe ser repetido", dijo entonces sobre la formalización de mineros que impulsa esa empresa. De igual manera, el 13 de agosto el Ministerio de Ambiente revocó la resolución que había declarado como reserva definitiva de recursos naturales renovables la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, Santander.
La resolución hace parte de la delimitación de Santurbán que el gobierno de Gustavo Petro dejó parcialmente resuelta antes de entregar el poder. La Resolución 0994, expedida el 6 de agosto, apenas un día antes de la posesión de Abelardo de la Espriella, declaró como reserva definitiva las 1.499 hectáreas de la microcuenca La Baja, blindándolas de nuevas concesiones y licencias de minería a mediana y gran escala.
Esa resolución no llegó a cumplir dos semanas de vida. El Ministerio de Ambiente, ya bajo la dirección de Arjona, la revocó mediante la Resolución 1037, con el argumento de que el trámite arrastraba vicios de origen. Según la cartera, se había expedido a pesar de una tutela admitida por posible vulneración de derechos y mientras seguía pendiente una recusación contra Irene Vélez, entonces ministra encargada.
El Ministerio invocó una orden del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga que exigía reabrir el proceso para garantizar "su validez, transparencia y participación ciudadana", tras identificar una posible vulneración de derechos fundamentales de los habitantes de California, Santander.
El Comité no discutió que el proceso de consulta tuviera fallas, sino que cuestionó la salida que escogió el Gobierno. "La salida era reabrir la participación ciudadana, no eliminar la protección", sostuvo la organización, que pidió la reapertura inmediata de la consulta pública sobre la resolución revocada, no su desaparición.
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