Contraloría suspende concurso de méritos hasta 2027: siguen los encargos provisionales y los sindicatos se oponen
El Consejo Superior de Carrera Administrativa suspendió el proceso que buscaba llenar 3.144 cargos de carrera en la entidad. La razón es el decreto de emergencia expedido tras el terremoto del 10 de agosto. Detrás de la pausa hay nueve años sin concurso y una planta que se duplicó en presupuesto.
Por decisión del Consejo Superior de Carrera Administrativa de la Contraloría General de la República, en una sesión extraordinaria el pasado jueves 17 de septiembre, se aplazó, temporalmente, el concurso de méritos que se había convocado en 2024, bajo el liderazgo de Carlos Hernán Rodriguez, entonces contralor general. Este era el único convocado en más de una década.
La decisión del Consejo dice que regirá “hasta el 31 de diciembre de 2026, reanudándose el mismo en la etapa en que se encuentra actualmente, a partir del 1° de enero de 2027". La determinación se ampara en el Decreto Legislativo 1384 del 9 de septiembre, que el Gobierno expidió en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada tras la calamidad del 10 de agosto, y que ordena aplazar todos los procesos de selección de mérito del país, incluidos los de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Procuraduría, hasta que termine el año.
Este concurso en particular buscaba contratar 3.144 cargos de carrera administrativa, repartidos en 2.586 profesionales, 237 ejecutivos, cerca de 263 asistenciales, 41 técnicos y 17 asesores. Por tratarse de un régimen especial de carrera, como lo establece el numeral 10 del artículo 268 de la Constitución, el proceso no pasó por la plataforma SIMO de la CNSC, sino que se operó aparte, en convenio con la Universidad de Antioquia.
En ese sentido, para el 17 de septiembre el concurso ya había superado las pruebas escritas y la fase de reclamos de los análisis de antecedentes. En otras palabras, lo que quedó congelado fue justo el tramo en el que se estaban consolidando los resultados, fijada para el 26 de octubre, y las listas de elegibles, previstas para el 2 de diciembre.
¿Qué dicen los sindicatos?
Un día antes de esa sesión, la Oficina Jurídica de la Contraloría ya había fijado su posición favorable a acoger el aplazamiento que ordenaba el decreto de emergencia. Ese mismo 16 de septiembre, Aura Lorena Mesías Torres, representante de los trabajadores ante el Consejo Superior de Carrera Administrativa, radicó un análisis jurídico de seis páginas que llegaba a la conclusión contraria. Un día después, el sindicato Ascontrol salió a respaldar ese documento y a cuestionar a la oficina Jurídica, a la que señaló de partir de una lectura equivocada del decreto.
El argumento que comparten ambos comunicados es que el artículo 7 del Decreto 1384 no es una orden para cumplir a rajatabla. Su numeral 3 exceptúa del aplazamiento automático a los concursos que, como el de la Contraloría, la propia entidad decida motivadamente continuar sin afectar a los aspirantes de las zonas del sismo. La norma, insiste Mesías, dice literalmente que la regla es "aplácese, salvo que la entidad determine motivadamente lo contrario", y a esa fecha el concurso ya había dejado atrás todas las etapas que exigen presencia de los aspirantes: las pruebas del 22 de marzo, los resultados de abril, la verificación de antecedentes cerrada el 24 de agosto.
Lo único pendiente es, según su análisis, un acto administrativo de calificación que la entidad expide de oficio, sin que nadie tenga que moverse, conectarse o presentarse en ningún sitio. “Las actividades pendientes no son susceptibles de recursos, de acuerdo a la reglamentación aplicable y al cronograma actual, con lo que no se requiere participación de los aspirantes”, argumentó.
De esa manera, Ascontrol sostiene y acompaña el argumento de Mesías, en cuanto a que “los plazos que se establecen en los artículos 35 a 38 de la Resolución 858 de 2024 son solicitudes de aclaración que, de acuerdo al artículo 45 del CPACA pueden efectuarse ‘en cualquier tiempo’, así que no es necesario suspender al concurso en el presunto caso de una hipotética afectación”.
Más de 50.000 personas llevan casi dos años metidas en el proceso, según el comunicado de los sindicatos, y el régimen especial de la Contraloría limita a cuatro meses la duración de cualquier encargo o nombramiento provisional, así que cada aplazamiento no solo expone a la entidad a reclamaciones, sino que vuelve a abrir la puerta a esa figura.
Ascontrol, además, metió al debate una pregunta presupuestal incómoda: si aplazar el concurso implica modificar el contrato vigente con la Universidad de Antioquia, ¿con qué plata piensa pagar esa modificación la administración? "Esperamos que esta 'suspensión' no signifique, en realidad, el golpe de gracia contra el mérito”, dijo el sindicato.
¿Desde cuándo viene la necesidad de un concurso de méritos? ¿Y por qué fue visto como un acto de 'politiquería'?
El último concurso de la Contraloría antes del actual fue en 2015. En ese se eligieron personas para 132 cargos y fue operado con la Universidad Nacional. Sus listas de elegibles se agotaron hacia 2017, y desde entonces la entidad quedó sin mecanismo de ingreso por mérito.
Fue precisamente bajo el período de Iván Duque, como presidente, y Carlos Felipe Córdoba, como contralor general, cuando el Congreso, con el impulso del propio Ejecutivo, tramitó el Acto Legislativo 04 de 2019, que reformó los artículos 267 y 268 de la Constitución para darle a la Contraloría una función nueva: el control "preventivo y concomitante", la facultad de intervenir en tiempo real sobre la ejecución de un contrato o un recurso público y no solo de auditarlo después de gastado, que es cómo funcionaba antes y cómo sigue funcionando ahora.
El problema es que esa función nueva exigía gente. El Gobierno reglamentó la reforma con los decretos 403 y 406 de 2020, y este último decía, textualmente, que ampliaba “la planta de personal de la Contraloría General". La entidad emprendió, entonces, el crecimiento más grande de su historia reciente: entre 2019 y 2026 el presupuesto de nómina se duplicó en términos reales y la planta sumó más de 2.500 funcionarios nuevos, según cifras de la propia Gerencia de Talento Humano.
Para agosto de 2021, un reporte de Construyendo Méritos calculaba que el 45 por ciento de los cargos de carrera de la Contraloría estaban en provisionalidad o vacancia definitiva. En cifras eso corresponde a 2.767 de un total de 6.147. En Bogotá, el número era peor, pues cerca de la mitad de los 3.113 cargos de carrera de la sede central eran provisionales. El episodio más documentado de ese período ocurrió al cierre del gobierno Duque, cuando ya se discutía en el Congreso quién sería el próximo contralor.
El entonces concejal bogotano Carlos Carrillo denunció que la maniobra buscaba favorecer la candidatura de María Fernanda Rangel, aspirante a suceder a Carlos Felipe Córdona, y señaló casos puntuales. Como el de Diego Tavares, exconcejal de Manizales que había perdido la investidura, y Claudia Marcela Franco Domínguez, descrita como cercana a la esposa del contralor, además de personas vinculadas al suegro de Córdoba, Ómar Yepes. La Contraloría respondió entonces que la Ley de Garantías no le era aplicable a sus propios nombramientos.
La tendencia no varió con el cambio de administración. Bajo la dirección de Carlos Hernán Rodríguez, la Gerencia de Talento Humano expidió en promedio 7.112 resoluciones de nombramiento provisional cada año entre 2023 y 2025, es decir una rotación de 2,8 veces sobre los cargos nuevos creados por la reforma de 2019, y solo hasta junio de 2026 ya llevaba 4.231 resoluciones expedidas en lo corrido del año.
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