Las grietas de la derecha: uribismo y abelardismo vuelven a lanzarse dardos

Durante años, en la derecha hubo una regla no escrita: Álvaro Uribe podía ser cuestionado, pero difícilmente se cuestionaba al uribismo desde su propia orilla ideológica. Esa regla parece haber empezado a romperse.

El último episodio ocurrió esta semana, cuando Enrique Gómez Martínez, senador y director de Salvación Nacional, volvió a cuestionar públicamente a Uribe y lo describió como un “socialdemócrata”. Un calificativo que, es evidente, no tiene la connotación de halago. En una conversación con la periodista Eva Rey, el dirigente habló, además, de diferencias “ideológicas y serias” con el expresidente y subrayó lo que calificó como un “crecimiento desaforado del Estado” durante sus administraciones.

La respuesta del Centro Democrático fue inmediata. La colectividad defendió la gestión de Uribe con cifras sobre reducción de burocracia, austeridad y reforma administrativa, y varios de sus congresistas salieron públicamente a responderle a Gómez. Según el partido, durante los ocho años de gobierno de Uribe el número de ministerios pasó de 16 a 13 y 514 entidades fueron suprimidas, reorganizadas, liquidadas o reestructuradas mediante el programa de Renovación de la Administración Pública.

La discusión podría parecer, a primera vista, una disputa semántica sobre qué significa ser socialdemócrata. No lo es. Debajo de las etiquetas hay una pregunta más importante: quién manda en la derecha colombiana.

Y esa pregunta tiene ahora una dificultad que no existía durante buena parte de los últimos veinte años. El poder presidencial ya no está en manos de un dirigente formado dentro del uribismo, sino de Abelardo de la Espriella, un político que llegó a la Casa de Nariño desde un movimiento propio y que construyó su campaña sin depender formalmente del Centro Democrático.

El resultado es una convivencia incómoda: un presidente con el poder institucional del Gobierno y un partido que conserva una estructura política construida durante más de dos décadas. Por ahora no hay ruptura. Hay algo más difícil de administrar: una alianza en la que los socios saben que también son competidores.

El nombre que inició la discusión

Gómez no presentó sus críticas como un ataque personal. Su argumento fue ideológico. Según dijo, sus diferencias con Uribe están en el papel del Estado, los impuestos y la concepción general del país. La referencia al supuesto carácter “socialdemócrata” del expresidente fue acompañada por otra caracterización todavía más sorprendente: “socialista”.

El Centro Democrático decidió responder con algo más que una réplica política. Presentó su propia versión de la historia. En Antioquia, dijo el partido, la administración de Uribe redujo la burocracia departamental de aproximadamente 17.000 a 5.000 personas. En la Presidencia, agregó, se redujo el número de ministerios y se adelantó un severo proceso de reorganización administrativa.

No se trata solamente de una discusión sobre estadísticas. Lo que está en disputa es la memoria política del uribismo: qué significa haber gobernado desde la derecha y quién tiene autoridad para definir hoy qué es una política de derecha. Uno tiene la memoria política de los últimos 25 años. El otro tiene la Presidencia.

El enfrentamiento volvió a escalar cuando el Centro Democrático publicó nuevos mensajes contra Gómez y recordó incluso encuentros previos entre el senador y Uribe, así como la relación de miembros de la familia Gómez Martínez con el uribismo. La tregua, si alguna vez existió, es cada vez más frágil.

El prólogo de una disputa

El problema tampoco comenzó con la entrevista de Gómez. Durante la campaña y la posterior conformación del nuevo Congreso ya habían aparecido señales de que el Centro Democrático y los sectores más cercanos a De la Espriella no necesariamente iban a caminar al mismo ritmo. La elección de las mesas directivas del Congreso fue una primera prueba.

El uribista Honorio Henríquez terminó en la presidencia del Senado, en una elección que contó incluso con votos del Pacto Histórico y que dejó en evidencia la capacidad del Centro Democrático para construir mayorías propias. De la Espriella reconoció después que había contemplado otros nombres para esa posición, entre ellos el de Enrique Gómez, pero que terminó privilegiando un criterio de equilibrio institucional.

La señal política era difícil de ignorar: el nuevo Gobierno podía contar con el Centro Democrático, pero no necesariamente podía disponer de él. La diferencia parece pequeña. En política, no lo es.

Un partido puede respaldar a un presidente y, al mismo tiempo, preservar su autonomía. Puede votar sus proyectos y disputar con él el control de las mayorías. Puede defender al Gobierno y, simultáneamente, preparar su propia supervivencia para el siguiente ciclo electoral. Eso es precisamente lo que comienza a ocurrir.

Días de tensión

Rafael Nieto Loaiza fue uno de los primeros dirigentes del Centro Democrático en hacer explícita esa tensión. En una entrevista con CAMBIO, sostuvo que al Gobierno de De la Espriella le “van a ganar la guerra”, una expresión que elevó inmediatamente la temperatura entre sectores que, al menos formalmente, pertenecen al mismo campo político.

Después, en el Senado, Nieto volvió sobre el enfrentamiento y cuestionó las críticas de Gómez al Centro Democrático y a Uribe. Pero la reacción del propio partido mostró que no todos estaban interesados en llevar la disputa hasta las últimas consecuencias.

Juan Espinal pidió concentrarse en los problemas del país. Hernán Cadavid sostuvo que la confrontación del partido debía estar dirigida contra la inseguridad, el crimen y la pobreza. Otros congresistas, entre ellos Jaime Arizabaleta, Andrés Forero y Daniel Briceño, hicieron llamados similares.

La dirección partidista también buscó bajar la temperatura. El cálculo es evidente: una pelea abierta con un gobierno ideológicamente cercano puede tener un costo legislativo y político mucho mayor que el beneficio inmediato de ganar una discusión en redes sociales. Pero hay una dificultad adicional.

El Gobierno necesita al Centro Democrático. Y el Centro Democrático necesita demostrar que puede respaldar al Gobierno sin convertirse en una extensión de la Casa de Nariño.

Dos legitimidades

Ahí aparece el verdadero problema. Uribe representa una legitimidad política acumulada durante décadas: una estructura partidista, una red territorial, una identidad ideológica reconocible y una organización con experiencia electoral. De la Espriella representa otra forma de legitimidad: la que nace de haber ganado la Presidencia.

Una cosa es tener partido. Otra, tener el Gobierno. La primera permite construir congresistas, alcaldes, gobernadores y estructuras territoriales. La segunda permite controlar ministerios, presupuesto, burocracia y agenda pública. El conflicto aparece cuando ambas formas de poder empiezan a mirar hacia el mismo electorado.

Las elecciones territoriales de 2027 serán una prueba de fuego. Salvación Nacional ya ha mostrado interés en disputar espacios regionales y el Centro Democrático tendrá que defender una estructura que considera propia.  

La competencia no necesariamente conducirá a una ruptura. También puede producir alianzas. Pero incluso una alianza tendría que responder una pregunta: ¿quién pone los candidatos y quién fija las condiciones?

El factor Enrique Gómez

Gómez ocupa una posición particularmente incómoda. Es senador, dirige Salvación Nacional y forma parte del entorno político del nuevo Gobierno. Al mismo tiempo, sus ataques a Uribe lo convierten en uno de los principales protagonistas de una disputa que el propio Gobierno tiene incentivos para contener.

El Centro Democrático, de hecho, ya no se limita a responderle individualmente. En los últimos días, la colectividad ha convertido el enfrentamiento en una discusión institucional y pública sobre las credenciales políticas de Gómez. Eso cambia la naturaleza del conflicto.

Cuando un dirigente responde a otro, existe una disputa personal. Cuando un partido responde oficialmente, aparece una disputa entre organizaciones. Y eso es exactamente lo que empieza a verse. Hay, además, una segunda transformación dentro del propio uribismo.

El Centro Democrático ya no es exactamente el partido que Uribe construyó en sus primeros años. A la vieja guardia se le han sumado congresistas más jóvenes, con audiencias propias y estrategias de comunicación que no dependen necesariamente de la dirección nacional.

Daniel Briceño es uno de los casos más visibles de esa transformación. Su ascenso muestra que la discusión sobre el futuro del uribismo no se reduce a la relación con De la Espriella. También está en juego quién ocupará el espacio que eventualmente deje la generación fundadora.

Eso introduce otra competencia dentro de la competencia. Mientras el Centro Democrático intenta preservar su cohesión, sus dirigentes más jóvenes comienzan a construir perfiles propios. Algunos buscarán permanecer bajo el paraguas de Uribe. Otros intentarán desarrollar una identidad política menos dependiente del liderazgo histórico.

Pelea a largo plazo

Uribe y sectores cercanos a De la Espriella han intercambiado críticas desde antes de la llegada del nuevo Gobierno. Uno de los nombres que aparece recurrentemente en ese desencuentro es Carlos Suárez, estratega digital y tal vez el hombre más cercano al presidente.

Uribe ha cuestionado públicamente a Suárez y ha relacionado su trayectoria con episodios políticos de años anteriores. Esas acusaciones forman parte de una historia política disputada por ambos sectores y han reaparecido durante la campaña y después de ella.

Pero el episodio más reciente tiene una diferencia: ahora ambos lados están obligados a convivir dentro del mismo proyecto de poder. La campaña terminó. El Gobierno comenzó. Las diferencias, no.

Por ahora, el oficialismo tiene incentivos para evitar una ruptura. El Gobierno necesita aprobar su agenda. El Centro Democrático necesita conservar capacidad de negociación. Salvación Nacional busca ampliar su espacio político. Y todos saben que una fractura prematura podría modificar las relaciones de fuerza dentro de la coalición.

Pero también saben algo más. El calendario electoral no se detiene. En 2027 comenzará la disputa por gobernaciones y alcaldías. Y antes de que termine el actual período presidencial empezará otra conversación: quién representará a la derecha en 2030.
Ese es el horizonte que vuelve más difícil cualquier tregua.