Ley de sometimiento de De la Espriella: no habrá excarcelaciones ni reconocimiento político

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una ley de sometimiento, también llamada de acogimiento, para que los grupos armados se entreguen a la justicia sin una mesa de negociación de por medio. El plan es llevar el proyecto al Congreso en unas dos semanas.

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El texto está a cargo del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y del ministro de Justicia, Iván Cancino. Los dos presentaron las bases de la ley de sometimiento el martes 15 de septiembre, en una sesión en el Congreso.

Qué es una ley de sometimiento

En un proceso de paz, el Estado y un grupo armado se sientan a acordar cómo se dejarán las armas y qué pasará con sus integrantes. Una ley de sometimiento funciona de otra forma. Y es que el Estado fija las reglas por adelantado y quien quiera acogerse debe aceptarlas.

Cancino la describió como una oferta del Estado, con condiciones que ya están en la Constitución y en la ley. Dijo que no se trata de abrir negociaciones con quienes cometen delitos, porque, según él, esas negociaciones se alargan, no dan resultados y los grupos no cumplen lo que prometen.

Sin salidas de la cárcel ni estatus político

Uno de los límites que planteó Cancino es para quienes ya están presos. Según el ministro, en principio la ley no aplicaría para ellos y, por regla general, nadie saldría de prisión gracias a ella. Quienes estén detenidos seguirán respondiendo ante la justicia en las condiciones que esta fije.

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Además, el ministro descartó darles reconocimiento político a los grupos. Eso significa que el Estado no los trataría como organizaciones con motivaciones políticas, un estatus que en otros momentos ha abierto la puerta a negociaciones y a beneficios especiales.

"En principio, el acogimiento no procede para quienes ya se encuentran privados de la libertad. En lo general, no habrá excarcelaciones por esta vía. Quien esté detenido, debe responder ante la justicia en las condiciones que esta haya determinado o que determine. No hay reconocimiento político, no lo va a haber", dijo Cancino.

Lo que aún no está claro son las penas. Cancino dijo que prefería no adelantarse a hablar de sanciones. Reconoció que habrá un trato diferenciado, apoyado en marcos internacionales.

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"Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. Lo único que van a poder decir es, me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias. No quiero apresurarme para decir cuáles van a ser las sanciones, ya hay unos marcos internacionales que están, por supuesto que entendemos que tienen que haber un trato diferenciado, pero ese trato diferenciado jamás puede ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación de nada", afirmó.

Un estatuto antiterrorista en camino

Junto con la ley de sometimiento, el Gobierno presentará un estatuto antiterrorista, según el Ministerio del Interior. Tendría normas especiales para perseguir a estas organizaciones y atacar el dinero que obtienen de actividades ilegales.

"El Gobierno nacional en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, presentará un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento para que las organizaciones que expresen su voluntad de desmovilizarse puedan entregar las armas. También presentará ante el Congreso un estatuto antiterrorista con normas especiales para atacar a estas organizaciones, sus rentas criminales y establecer un régimen penitenciario especial para sus cabecillas", dijo el ministerio.

La primera prueba sale de la paz total

La paz total fue la política del gobierno de Gustavo Petro. Buscaba diálogos al mismo tiempo con varios grupos armados, desde guerrillas hasta bandas criminales. En ese proceso, 99 personas quedaron en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), un área donde se reúnen temporalmente los integrantes de un grupo mientras avanza su salida de la guerra.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella canceló esa ZUT, pero Cancino aclaró que el Estado retomó ese proceso desde la vía del sometimiento y ya habla con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras entidades. Es decir, el gobierno espera que en las próximas dos semanas ese caso se convierta en la primera muestra de la nueva política en contra de los grupos armados.

Por ahora, el texto del proyecto todavía no es público. Tampoco se sabe qué penas tendrían quienes se acojan, a qué grupos se aplicaría ni cómo quedaría redactado el estatuto antiterrorista.