De la Espriella cierra lo que quedaba de la paz total: termina todos los diálogos y espacios sociojurídicos
La Presidencia anunció el fin de las mesas y mecanismos heredados del gobierno Petro. La decisión toca incluso a la única disidencia que había entregado las armas.
Por: Juan David Cano
El Gobierno de Abelardo de la Espriella dio por terminados todos los procesos de diálogo y los espacios sociojurídicos que seguían abiertos de la política de paz total. La decisión, informada por la Presidencia este 11 de septiembre, completa el desmonte de la estrategia que había impulsado el gobierno de Gustavo Petro y que De la Espriella empezó a deshacer desde su llegada al poder, el 7 de agosto.
Según informaron, la medida abarca las mesas de negociación con disidencias de las Farc, entre ellas la del Estado Mayor de los Bloques y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
También cierra los espacios sociojurídicos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con estructuras criminales de Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura, y levanta la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo.
Los llamados espacios sociojurídicos eran mesas de acercamiento con estructuras criminales urbanas, bandas y combos, a las que la administración anterior ofrecía beneficios jurídicos a cambio de un sometimiento colectivo a la justicia, un mecanismo distinto de las negociaciones políticas con las guerrillas.
El anuncio llega después de varios golpes a esta política. El 28 de agosto, el Gobierno firmó nueve resoluciones que cerraron tres mesas: la de las disidencias vinculadas a alias Calarcá, la de la CNEB y la de los paramilitares de la Sierra Nevada. Además, De la Espriella firmó la extradición de varios criminales.
En el texto, la Presidencia sostuvo que no mantendrá espacios institucionales que, a su juicio, sirvan para prolongar la actividad criminal o evadir la justicia, y habló de cómo les irá a quienes quieran desmovilizarse y a quienes sigan en la violencia.
"Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública", señalan.
Los que ya habían entregado las armas
La decisión es problemática porque recae sobre el Valle del Guamuez. Allí permanecían 99 excombatientes de los Comandos de Frontera, una estructura de la CNEB, que entregaron sus armas y que son la única disidencia que se desarmó dentro de la paz total de Petro. El Gobierno actual ordenó cerrar esa zona el 30 de septiembre, antes del plazo previsto, poco después de firmar la extradición de alias Araña.
Tras conocerse la decisión, parte de los excombatientes abandonó el lugar, mientras que otro grupo se quedó a pedir garantías. 55 de los 99 firmaron un llamado al presidente para que se respete su vida y su proceso de reincorporación. El exjefe negociador del anterior gobierno, Armando Novoa, advirtió sobre el riesgo de que algunos vuelvan a las armas.
A pesar de eso, para el gobierno actual no es viable mantenerlas. La Presidencia también afirmó que durante el cuatrienio anterior se gastaron más de 7.000 millones de pesos solo en honorarios de voceros, representantes y negociadores, sin contar seguridad, viáticos ni el sostenimiento de las zonas de ubicación. Aunque no informaron cuál es el costo total de estar en guerra con grupos armados.
Por ahora, el Gobierno cierra por completo el modelo de negociación heredado y deja abierta solo la vía del sometimiento judicial. Queda por ver qué ocurrirá con quienes ya habían dejado las armas y cuya reincorporación quedó en el aire.
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