La jugada final: así armó Colombia su defensa de última hora contra Telefónica

En el número 80 de la rue Jouffroy d'Abbans, en el distrito XVII de París, queda la sede de una firma boutique de arbitraje internacional que apenas lleva un año de fundada y cuyo nombre, Wordstone Dispute Resolution, no le dirá nada a casi nadie en Colombia. Sin embargo, el pasado 4 de septiembre, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado firmó con su socio fundador, el abogado colombo-francés Eduardo Silva Romero, un contrato por 501.763 dólares para que represente a la Nación ante una corte federal en Washington. Ahí, en el Distrito de Columbia, Telefónica busca cobrarle a Colombia, por la vía del embargo si hace falta, una cuenta que ya roza los 500 millones de dólares.

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El expediente que Telefónica radicó el 2 de junio en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia no es una demanda nueva. Se trata del intento definitivo de la empresa de cobrar, ahora en territorio estadounidense, un laudo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) profirió contra Colombia el 12 de noviembre de 2024. La multinacional española invoca una ley federal de 1966 que obliga a los tribunales de Estados Unidos a tratar los laudos del CIADI como si fueran sentencias firmes de sus propias cortes, y se ampara en la excepción de arbitraje de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para superar el escudo que suele proteger a un país de ser demandado como si fuera un particular.