Delegados en las regiones y Barranquilla como capital alterna: la agenda legislativa que alista el Ministerio del Interior

Un registro público de los aportes a las campañas de los congresistas, Barranquilla como capital alterna, delegados del Gobierno en las regiones y obras sin consulta previa en la zona del terremoto. Esa es la agenda con la que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca cambiar la relación entre la Nación, las regiones y el Congreso. Son nueve normas: cinco tendrían que pasar por el Capitolio y cuatro saldrían por decreto.

Así consta en un documento de siete páginas del Ministerio del Interior, revelado por El Espectador.

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¿Qué tendría que aprobar el Congreso?

Las cinco normas que pasarían por el Capitolio corresponden a tres iniciativas, dos de ellas con reformas a la Constitución:

• Transparencia legislativa. Un registro público, a cargo del DNP, reuniría los intereses de cada congresista, todos los aportes a su campaña sin importar el monto y los proyectos que gestiona para su región. Habría otro registro para los cabilderos. Ocultar o falsear información sería causal de pérdida de investidura.
• Barranquilla capital alterna. Un acto legislativo habilitaría a órganos nacionales para sesionar y decidir desde esa ciudad, sin que Bogotá deje de ser la capital. Mecanismo que ya había anunciado el presidente y que el constitucionalista Juan Manuel Charry Urueña le señaló a CAMBIO sería necesaria para llevar a cabo la decisión del presidente.
• Experimentación territorial. Departamentos y municipios podrían asumir competencias de la Nación en pilotos de hasta ocho años, prorrogables por cuatro más. Cada piloto necesitaría una ley que lo autorice.

¿Qué saldría por decreto?

Las otras cuatro normas no pasarían por el Congreso. Dos de ellas se amparan en la emergencia por el terremoto del 10 de agosto:

• Delegados del Gobierno. Dos decretos crearían una Dirección General de Delegados, una figura similar a la nueva gerente que designó De la Espriella en Bogotá. Antes de que una entidad nacional decida sobre proyectos de inversión o contratos de impacto regional, necesitaría un concepto previo y obligatorio del delegado. Según El Espectador, congresistas ya le preguntaron al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, si esa figura no debería tramitarse como ley.
• Consulta previa. Las obras de agua, energía y saneamiento en los municipios afectados por el sismo podrían iniciarse sin consulta cuando se demuestre que hacerla agravaría la emergencia.
• Cementerios. Quedarían prohibidas la cremación y la inhumación en fosas comunes de cuerpos no identificados en los cementerios que colapsaron con el sismo. Cuando la obra choque con la preservación de la evidencia, primaría el criterio de Medicina Legal, la Fiscalía, la Unidad de Búsqueda o la JEP.

No es la primera movida del Gobierno sobre la consulta previa. A comienzos de septiembre, el vocero Miller Soto anunció que avanzaría en paralelo a las licencias ambientales. Para justificar la excepción, el Ministerio cita a la propia Autoridad Nacional de Consulta Previa: solo cerca del 70 por ciento de los procesos iniciados desde 2018 se protocolizaron en seis meses o menos.