“Sí fui víctima del abuso de poder de Laura Sarabia”: Fabiola Perea

Tres años y medio después de que Marelbys Meza entrara a una sala de poligrafía frente a la Casa de Nariño para responder por la desaparición de un dinero del apartamento de Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía formalizó este lunes uno de los pasos judiciales más importantes del expediente. Ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el ente acusador le imputó cargos por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, dentro del proceso por la utilización de recursos del Estado para esclarecer un hurto ocurrido en su residencia. Sarabia se declaró inocente. 

La decisión de la Fiscalía confirma lo revelado semanas atrás por CAMBIO, cuando este medio contó que había fracasado la negociación de justicia restaurativa con la que la defensa de Sarabia buscaba cerrar el expediente sin llegar a juicio. 

La fiscal reconstruyó ante el juez las horas posteriores a la desaparición del maletín. Según narró, el 29 de enero de 2023 Sarabia se encontraba en Villa de Leyva cuando llamó a su entonces esposo para pedirle que buscara una bolsa negra dentro de un maletín. No apareció. 

“Enterada de la pérdida, usted contactó al coronel Feria Buitrago”, entonces jefe de Protección Presidencial, a quien le informó lo ocurrido. La Fiscalía sostiene que, ese mismo día, ya de regreso en Bogotá y junto al capitán Óscar Leandro Mojica, Sarabia volvió a comunicarse con Feria y “le ordenó que le practique una prueba de polígrafo a Marelbys Meza. Horas más tarde, ese mismo domingo, usted personalmente le dijo a su empleada que debía someterse a esta prueba”. Para el ente acusador, esa orden desbordó las facultades que tenía como jefe de gabinete: habría puesto funcionarios, instalaciones y capacidades del Estado al servicio de un problema estrictamente personal.

Hasta ahora la imagen más conocida de este episodio había sido una: Marelbys Meza conectada a un polígrafo. 

Pero aquella no fue la única empleada doméstica que terminó atrapada en el despliegue policial que siguió a la pérdida del dinero. En la misma diligencia, Fabiola Perea, otra empleada de Sarabia, no fue sometida a polígrafo, pero como Marelbys Meza, sí fue interceptada ilegalmente, y, por eso, pidió ser reconocida como víctima en el proceso. 

Aunque la Fiscalía no estuvo de acuerdo que se presentara como víctima en este caso, su abogado, Mauricio Marín, aprovechó para cuestionar que Sarabia solo esté llamada a responder por el polígrafo y no por las chuzadas a sus dos empleadas.

Para Marín, ahí aparece una contradicción que la Fiscalía tendrá que explicar. Según argumentó si la teoría de la Fiscalía es que Sarabia debe responder porque los policías que participaron en el episodio no actuaron de manera autónoma, ¿por qué esa misma lógica se detuvo en la puerta de las interceptaciones ilegales? Marín recuerda que una fiscal anticorrupción adelanta cinco investigaciones en las que aparecen varios de los mismos uniformados que serán mencionados en la imputación. “Resulta curioso que la Fiscalía haya limitado la investigación al acto más débil, que es el polígrafo, y no haya avanzado sobre las interceptaciones ilegales”, dijo.

Justamente, días atrás, en diálogo con CAMBIO, Fabiola Perea aseguró que policías llegaron hasta su casa bajo la excusa de hacerle un “estudio de seguridad”, recopilaron información de ella y de su familia y, tiempo después, descubrió que su teléfono había sido interceptado ilegalmente. “Sí fui víctima del abuso de poder”, concluyó la mujer.

“Mierda, esa soy yo. Esa gente me dañó la vida”: Fabiola Perea habla en CAMBIO

 

Fabiola Perea no fue llevada a una sala de poligrafía y, por eso, no ocupó los titulares que convirtieron a Marelbys Meza en el rostro del escándalo. Sin embargo, su teléfono también fue interceptado ilegalmente dentro de la misma operación policial que buscaba descubrir quién había tomado el dinero de la casa de Sarabia.

Perea habló con CAMBIO días antes de la imputación y anunció, junto con su abogado Mauricio Marín, que solicitará a la Fiscalía ser reconocida como víctima dentro del proceso que se adelanta contra la exfuncionaria.

Su historia comienza en el apartamento de Sarabia. Perea trabajaba allí un día a la semana haciendo labores domésticas. Según su relato, el día en que desapareció el maletín ella ya había salido de la vivienda. Cuando regresó días después, la madre del entonces esposo de Sarabia le dijo que había ocurrido algo “muy delicado”. Nadie le explicó qué se había perdido.

Perea recuerda que insistió en saber qué había ocurrido antes de empezar nuevamente sus labores. Entonces Andrés, pareja de Sarabia para la época, le explicó que había desaparecido algo muy importante para la entonces funcionaria. Tampoco le dijo que se trataba de dinero. Pero hubo una instrucción adicional: para poder continuar trabajando en esa casa debía someterse a un “estudio de seguridad”.

La explicación le pareció razonable. Sarabia ya trabajaba en la Presidencia de la República y, según le dijeron, quienes entraban a su vivienda tenían que ser personas de confianza.

Por eso Perea no solo aceptó. También esperó con ansiedad la visita. “Yo acosaba y acosaba a don Andrés para que me fueran a hacer el estudio porque uno necesitaba empleo”, recuerda.

Entre una y dos semanas después recibió la llamada. Según su relato, un hombre que se identificó como policía y a quien recuerda con el nombre de Elkin coordinó la visita. Hasta su vivienda, entonces ubicada en Soacha, llegaron aproximadamente cuatro hombres de civil que se presentaron como integrantes de la Policía.

Perea les abrió la puerta. No tenía razones para desconfiar. Su empleador le había anunciado previamente la visita y ella entendía que se trataba de un requisito para conservar el trabajo.

Los hombres recorrieron la vivienda. Unos permanecieron afuera y otros ingresaron. Le pidieron información sobre sus cinco hijos, su pareja, teléfonos, correos electrónicos, dirección de residencia y fotografías. También, según cuenta, tomaron imágenes de la casa y recopilaron información sobre su entorno familiar.
 

“Ellos miraban mi casa para arriba y para abajo, afuera, adentro y todo”, relató.

Perea incluso había dejado el trabajo en el que se encontraba ese día para desplazarse hasta su vivienda y atenderlos. Pensaba que de aquella diligencia dependía que pudiera seguir trabajando para Sarabia.

Nunca recibió copia de ningún estudio.Tampoco conoció sus resultados. Cuando preguntó si le entregarían algún documento que acreditara la diligencia, asegura que le respondieron que toda la información sería remitida directamente a sus empleadores.
Por eso durante meses no sospechó que aquella visita pudiera tener relación con la investigación del dinero perdido. Hasta que escuchó la radio.
Perea acababa de salir de una diligencia en la Fiscalía relacionada con el hurto y regresaba a su casa cuando escuchó una noticia sobre interceptaciones ilegales. Primero oyó el nombre de Marelbys Meza. Después escuchó el suyo. Su reacción fue inmediata:
 

“Mierda, esa soy yo. Esta gente me dañó la vida”.
 

Fue entonces cuando supo que su línea telefónica había sido interceptada y que, para obtener la autorización judicial, había sido asociada falsamente con una organización criminal.

“Imagínese quién me va a dar a mí más trabajo”, dice ahora. “Esa era la forma de yo trabajar, de yo sobrevivir”. Perea cuenta que comenzó a llorar. Seguía trabajando para la familia de Sarabia y llamó inmediatamente a Andrés para exigir una explicación.

“Yo le dije que por qué aparecía mi teléfono chuzado. Ellos eran los únicos que tenían mi número telefónico”.

Según ella, la respuesta fue que no tenían nada que ver con lo ocurrido. Volvió sobre el asunto días después, personalmente. Dice que nunca obtuvo una explicación.

La interceptación de los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea constituye una línea penal distinta de la investigación que hoy compromete a Sarabia. En ese expediente han sido vinculados integrantes de la Policía y, hasta ahora, la Fiscalía no ha acusado a la exfuncionaria por haber ordenado directamente esas “chuzadas”. Esa distinción es importante.

Lo que Perea y su abogado pretenden ahora es otra cosa: que la Fiscalía determine si la entrada de policías a su vivienda, la recopilación de sus datos personales y el supuesto “estudio de seguridad” hicieron parte del mismo abuso del aparato estatal que el ente acusador atribuye a Sarabia por el polígrafo practicado a Marelbys.

“Empezando porque me engañaron diciendo que los señores iban a hacerme el estudio de seguridad para yo seguir trabajando con ellos. Y segundo, porque me interceptaron mi teléfono sin yo estar involucrada en su proceso”, respondió Perea cuando CAMBIO le preguntó si se considera víctima de un abuso de poder.

Su abogado, Mauricio Marín, sostiene que existe suficiente información para que, por lo menos, la Fiscalía examine esa posibilidad.

Para el jurista, el punto no es simplemente que varios policías hayan llegado hasta la casa de su clienta. Lo que debe esclarecerse es por qué agentes del Estado terminaron recopilando información personal de una empleada doméstica dentro de una pesquisa originada en la pérdida de dinero de la residencia de una alta funcionaria.

“Lo que conocemos es el uso de miembros de la Fuerza Pública para intentar obtener información sobre un presunto hurto de unos dineros de los cuales era sospechosa, al parecer, mi representada Fabiola Perea y también Marelbys Meza”, explicó.
Marín reconoce que será la Fiscalía la que deberá establecer si esos hechos pueden imputarse jurídicamente a Sarabia. También pide evitar una conclusión que todavía no existe: hasta ahora no está demostrado que la exjefe de gabinete haya dado la orden de interceptar ilegalmente a Perea.

Pero sí existe un hecho incontrovertible dentro del expediente: Perea fue interceptada ilegalmente.

Según cuenta, después del escándalo perdió prácticamente todos los trabajos que tenía. Antes completaba su semana prestando servicios domésticos en diferentes casas. Después quedó apenas con el viernes, precisamente el día en que continuaba trabajando con la familia de Sarabia. Siguió allí durante más de un año. “Porque no tenía más a dónde trabajar”, explica.

Dice que llegó a pedirles ayuda para conseguir empleo. Nunca ocurrió.
Finalmente dejó Bogotá y cambió de residencia por temor. Durante mucho tiempo se negó a mostrar su rostro públicamente. “Yo esos días prácticamente no dormía, no comía, no tenía vida”, dice. “Estoy metida en algo que nunca pensé estar, solamente por trabajar con ella”.

El miedo tenía una razón adicional. Al enterarse de la forma en que había sido presentada dentro del trámite utilizado para interceptarla, temió que alguien creyera realmente que pertenecía a una organización criminal. Por eso durante años prefirió mantenerse al margen. Ahora decidió hablar.

“Esta mañana le dije al abogado Marín: ya no siento ese miedo que sentía. Ahora sí puedo dar todas las declaraciones que pueda”.

Su pretensión, asegura, es más sencilla que cualquier discusión jurídica: “Que todo esto se aclare. Que mi nombre quede limpio”.

El equipo jurídico de Perea ya la representa como víctima dentro de los procesos relacionados con las interceptaciones ilegales y además presentó una demanda de reparación directa contra el Estado por esos hechos. El nuevo paso será intentar que también sea reconocida dentro del proceso penal contra Sarabia. Según Marín, la solicitud consiste en que la Fiscalía escuche nuevamente a Perea, revise la declaración que ya entregó años atrás y determine si las actuaciones que antecedieron a la interceptación pueden configurar nuevos actos de abuso de poder.

Lo que viene para Laura Sarabia

La imputación de este lunes cambia jurídicamente la situación de Laura Sarabia. Hasta ahora la Fiscalía mantenía una indagación preliminar sobre su posible responsabilidad. Desde hoy existe una formulación formal de cargos y una teoría del caso que le atribuye haber utilizado su posición como jefe de gabinete y recursos públicos para intentar esclarecer la desaparición del dinero de su residencia. La imputación, por supuesto, no equivale a una condena y Sarabia conserva íntegramente su presunción de inocencia.

Uno de los elementos que puede resultar determinante en la siguiente etapa es el testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica. Como reveló CAMBIO, el oficial firmó un principio de oportunidad y se comprometió a declarar que fue Sarabia quien impartió la instrucción para realizar el polígrafo. Esa versión contradice directamente lo que la exfuncionaria le dijo a este medio en 2024, cuando aseguró que nunca ordenó la prueba y que la decisión había quedado en manos de su esquema de seguridad. 

Ahora la Fiscalía deberá decidir si lleva el expediente a acusación y posteriormente a juicio. Allí tendrá que demostrar no solamente que se utilizaron funcionarios y recursos públicos para una diligencia relacionada con un asunto privado, sino que esa utilización puede ser atribuida penalmente a Sarabia. 

Hoy, mientras la Fiscalía formaliza la acusación contra una de las mujeres más poderosas del pasado gobierno, otra empleada que trabajaba en la misma casa está tocando la puerta del expediente para decir que el aparato del Estado también pasó por encima de ella.