Nuevo Gobierno, nuevo herbicida: ¿vuelve Colombia a una vieja guerra contra la coca?
Abelardo de la Espriella recibe un país con cerca de 262 mil hectáreas de coca sembrada | Crédito: Kim Vega - CAMBIO
El Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó un plan piloto para volver a fumigar desde el aire, esta vez con glufosinato de amonio, un herbicida menos estudiado que el glifosato y con una categoría de toxicidad superior. Expertos consultados por CAMBIO analizan los límites que impuso la Corte Constitucional, los riesgos del nuevo químico y qué tan efectiva puede ser la aspersión para frenar el creciente avance de los cultivos de coca.
El 8 de septiembre, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, Iván Cancino, aprobó de manera provisional la resolución que abre la puerta a un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio 200 SL. El mismo día, el viceministro de Política Criminal, Carlos Gónima, firmó la derogatoria de la Resolución 006 de 2015, la norma que desde entonces mantenía suspendida la fumigación con glifosato.
El anuncio llegó horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella se reuniera con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y firmaran los “Acuerdos de Barranquilla”, en los que uno de sus ejes es la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
La resolución dice que la dinámica será "experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable", y aclara, en el mismo texto, que no se trata de una reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de aspersión aérea de alcance nacional, sino de un piloto. Este autoriza un máximo de 1.000 hectáreas acumuladas efectivamente tratadas en un lapso de siete días calendario, en un departamento seleccionado dentro de un radio cercano a una instalación de la Fuerza Pública.
La resolución excluye, al menos sobre el papel, los territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes sin consulta previa, las áreas protegidas y los cuerpos de agua.
La ejecución quedó en manos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que el 10 de septiembre reveló los detalles. La operación se llama Estrategia Esmeralda Plus y estaba prevista para comenzar el 15 de septiembre en el Putumayo con dos aviones fumigadores AT-802.
La Policía tendría acompañamiento técnico de los ministerios de Agricultura y Salud durante la operación, y el seguimiento posterior quedaría en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y del Instituto Nacional de Salud, que deberán medir la eficacia de las aspersiones, la deriva del químico y sus posibles efectos sanitarios y ambientales.
El ministro Cancino ha sido la voz principal del Gobierno para defender la medida. El proceso "va avanzando" y se trata, dijo, de "una promesa que se hizo en campaña y será realidad, respetando absolutamente todas las reglas establecidas por la Corte Constitucional". El funcionario ha insistido en que la aspersión con el nuevo químico atenderá las consideraciones ambientales y el principio de precaución que la propia Corte ha exigido en sus fallos sobre la materia, un punto sobre el que, como se verá más adelante, los expertos jurídicos tienen fuertes reparos.
Sin embargo, una tutela interpuesta por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social le permitió a un juzgado de Puerto Asís, Putumayo, suspender la medida. De todas formas, el despacho fue claro en advertir que se trata de una decisión preventiva, pues no da por probado ningún daño a la salud o al ambiente.
Detrás del anuncio del Gobierno hay una apuesta doble. Por un lado, hay una propuesta de usar un herbicida distinto al glifosato para intentar sortear, al menos formalmente, la jurisprudencia que frenó la aspersión aérea durante más de una década. La segunda es política y tiene que ver con la presión internacional que ha acompañado a Colombia desde que Estados Unidos dejó de certificar sus esfuerzos antidrogas en septiembre de 2025.
¿Qué tan acorde es el piloto de fumigación con la jurisprudencia vigente?
El posible regreso de la aspersión aérea se da en medio del aumento de los cultivos ilícitos en el país. Según el más reciente informe mundial de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cerca de dos tercios de los cultivos de coca del planeta están en Colombia, con una producción potencial de cocaína que supera las 2.600 toneladas anuales, un salto de más del 50 por ciento frente al año anterior.
El 15 de septiembre de 2025, Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas, la primera vez que lo hacía en tres décadas. El Departamento de Estado citó esas cifras de cultivos de coca, mencionó las negociaciones del Gobierno con grupos armados como parte de su justificación y recordó que la meta de erradicación de 30.000 hectáreas que se habían fijado terminó en apenas una fracción de lo prometido.
Colombia fumigó con glifosato desde mediados de los años noventa hasta 2015, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió el programa mediante la Resolución 006. La decisión se dio después de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, clasificara el glifosato como probablemente carcinógeno para los humanos.
Dos años después, la Corte Constitucional profirió la sentencia T-236 de 2017, que no prohibió la aspersión de manera permanente pero sí fijó las condiciones bajo las cuales el Estado podría reanudarla: demostrar, con estudios independientes, la ausencia de daño en la salud y el medio ambiente; adoptar un plan de manejo ambiental; garantizar la participación real de las comunidades, y respetar los compromisos de sustitución voluntaria de cultivos adquiridos con el Acuerdo de Paz antes de acudir a la erradicación forzada.
El gobierno de Iván Duque intentó reactivar el programa bajo esas condiciones y no lo logró, ya que en 2021 la Corte volvió sobre el tema con la sentencia T-413, después de que organizaciones sociales demostraran que la consulta previa y la participación ambiental se habían tramitado de forma defectuosa. El fallo anuló la fase de participación ambiental que había adelantado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y ordenó rehacer el proceso de consulta previa con resguardos, consejos comunitarios y organizaciones indígenas repartidos en 104 municipios. Duque no alcanzó a cumplir esas condiciones antes de dejar el poder.
Luis Felipe Cruz, investigador de política de drogas vinculado a Elementa y coordinador del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) de Dejusticia, cuestiona la salida que ha encontrado el actual Gobierno. Sobre la resolución es tajante al decir que "no cumple con los estándares establecidos en la sentencia de la Corte Constitucional, porque esa sentencia implica al menos cuatro actos administrativos distintos para renovar las fumigaciones con glifosato". Su argumento central es que el cambio de sustancia no saca al Gobierno del problema jurídico que busca resolver.
"La postura personal mía es que no se puede cambiar la sustancia, porque la sentencia aplicaría independientemente de la sustancia", explica. Cruz también advierte que en el caso del glufosinato de amonio hay evidencia de que es una sustancia más agresiva y que causa más daño que el glifosato. Por lo tanto, ni siquiera aplicaría ya el principio de precaución, sino el de prevención, un estándar de protección más exigente. Es decir, si está comprobado que una sustancia genera daño, el Estado no puede usarla y debe restringir su aplicación.
Además, Cruz señala que la resolución no resuelve las exigencias de participación ambiental que la Corte fijó en las dos sentencias. El nuevo plan contempla apenas un término previo de cinco días y una jornada de socialización, cuando la jurisprudencia constitucional exige un proceso de participación que permita modificar las condiciones del programa según lo que planteen las comunidades, no solo informarles lo que el Estado va a hacer.
El abogado apunta también a un vacío técnico que compromete la promesa de no fumigar sobre resguardos y territorios colectivos, pues existe un efecto de deriva del viento y la capacidad del químico de escurrirse y filtrarse en el suelo. En otras palabras, un resguardo que no esté directamente en la zona asperjada puede terminar afectado igual.
¿Qué cambia con el reemplazo del glifosato por el glufosinato?
La discusión jurídica tiene un componente químico que suele pasarse por alto. José Francisco Ibla, químico y director de Tronco Núcleo de la Universidad El Bosque, advierte que comparar las clasificaciones de toxicidad de ambos herbicidas es, de hecho, comparar cosas distintas.
La Organización Mundial de la Salud clasifica los plaguicidas según su toxicidad aguda por exposición. En esa escala, el glufosinato de amonio quedó en la Categoría II, moderadamente peligroso, un peldaño por encima del glifosato, que quedó en la Categoría III, ligeramente peligroso. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer no mide la toxicidad, sino la probabilidad de que una sustancia genere cáncer, y fue bajo ese criterio que clasificó al glifosato como probablemente carcinógeno, en el grupo 2A, la clasificación que llevó a suspenderlo en 2015.
"Decir que uno es más seguro que el otro bajo estas clasificaciones no es pertinente, porque las dos sustancias tienen riesgos", resume Ibla, y aclara que la evidencia sobre la toxicidad del glufosinato por inhalación e ingesta todavía es más limitada que la que existe sobre el glifosato, lo que exigiría estudios adicionales antes de asumir que el nuevo químico es una opción más segura.
Además, el experto dice que el glufosinato de amonio y el glifosato no atacan la planta de coca de la misma manera. El primero inhibe la fijación de nitrógeno y actúa por contacto, lo que significa que solo daña el tejido con el que entra en contacto directo, sin moverse dentro de la planta. El glifosato, en cambio, ataca la ruta metabólica que permite la construcción estructural de la planta y sí se mueve dentro de ella, por lo que su efecto suele ser más profundo. Esa diferencia tiene una consecuencia práctica y es que, según Ibla, el glufosinato puede quemar el follaje de la coca, pero eso no equivale, necesariamente, a matar la planta. "Una cosa es el daño foliar y otra cosa es el daño de la planta", dice.
¿Fumigar resuelve el problema creciente de las hectáreas de coca?
Estudios e investigaciones sobre los casi 16 años de fumigación con glifosato, como las del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, indican que, por cada hectárea de coca efectivamente eliminada, hay que fumigar, por lo menos, unas 33. Esto se traduce en una proporción que muestra una relación de costo-efectividad baja de la aspersión aérea.
Investigaciones adicionales documentaron aumento de problemas de salud, afectaciones ambientales y caídas en la asistencia escolar en las zonas fumigadas, además de un incremento de la violencia asociado a las operaciones.
La erradicación forzada manual cayó de 20.325 hectáreas en 2023 a 9.403 en 2024, una reducción del 53 por ciento, y en el acumulado 2022-2025 el país erradicó por la fuerza 103.713 hectáreas, frente a 387.988 entre 2018 y 2021, bajo el gobierno de Duque, una caída del 73 por ciento.
En sustitución voluntaria, el propio Gobierno reportó cerca de 25.000 hectáreas entre 2024 y 2025, pero la cifra mezcla apenas 2.711 hectáreas sustituidas en 2024, poco más de 12.000 hectáreas erradicadas voluntariamente en 2025 y más de 10.000 hectáreas que corresponden a compromisos incumplidos desde 2016 que apenas se renegociaron para evitar la resiembra.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), nacido del Acuerdo de Paz, fue evaluado por el Departamento Nacional de Planeación hasta 2022, y esa evaluación no encontró una disminución de los cultivos ilícitos asociada al programa. De hecho, encontró incrementos del área sembrada asociados al anuncio y a determinados componentes del programa.
María Alejandra Vélez, economista y directora del Área de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente del CESED de la Universidad de los Andes, sostiene que ese fracaso relativo de la sustitución no debería leerse como el argumento que justifica volver a fumigar. Su diagnóstico parte de la evidencia sobre la aspersión aérea que le indica que este método ”no resuelve los problemas estructurales que llevaron a que la gente cultivara coca".
Eso sucede en la medida en que, según resalta, con "esta estrategia no se está atacando los eslabones más fuertes de la cadena, donde está el dinero importante; no se está atacando a los grupos que están lavando activos, no se está atacando otros eslabones de la cadena, sino el más débil".
Vélez calcula que en Putumayo, el departamento elegido para el piloto, hay cerca de 44.440 hectáreas de coca y detrás de ellas más de 20.000 familias campesinas con compromisos de sustitución activos, entre el PNIS y el programa Renacemos, que el Estado no ha terminado de cumplir y que fue iniciativa del gobierno Petro. La resolución no aclara dónde exactamente se va a fumigar ni si esas familias quedarán o no dentro del área del piloto, un vacío que resulta relevante porque la propia Corte ha dicho que no se puede erradicar por la fuerza donde hay compromisos de sustitución pendientes.
Vélez recurre a una imagen prestada del expresidente Juan Manuel Santos para describir el lugar donde, a su juicio, vuelve a quedar la política de drogas colombiana: una bicicleta estática en la que el país pedalea sin avanzar. No niega que el Gobierno enfrenta un problema real, ni que la sustitución, tal como se ha ejecutado hasta ahora, tampoco ha funcionado. Su reparo es, más bien, que ninguna de las dos estrategias ataca la causa de fondo, que es una demanda global de cocaína calculada en 25 millones de consumidores y una cadena de valor donde los cultivadores, según cifras de Naciones Unidas, son apenas el primer y más reemplazable eslabón.
Hacer ambas cosas —fumigación y sustitución— a la vez, y sin resolver esa causa estructural, corre el riesgo de terminar, de nuevo, en el mismo punto de partida. La economista pone un ejemplo concreto tomado de su propia investigación donde, durante los booms cocaleros, el PIB municipal de las regiones donde se concentró el cultivo puede crecer entre el 2 y el 10 por ciento, una cifra que explica por qué la coca sigue siendo, para buena parte de esas comunidades, el motor económico más confiable que existe en el territorio.
El problema para Vélez es el orden en el que interviene el Estado, pues "si lo primero que hacen es erradicar, para que la gente obtenga los beneficios de la sustitución, pero luego no está la infraestructura para que otra economía se desarrolle, eso está destinado al fracaso". Antes de erradicar, insiste, hace falta invertir en vías, electrificación y seguridad, los bienes públicos que permitirían que floreciera una economía distinta.
Lea los comentarios
