Mateo Muñoz

En menos de un mes, el presidente ha publicado varias versiones de su declaración de bienes y rentas. Entre la segunda, del 24 de agosto, y la tercera, del 16 de septiembre, su patrimonio neto cayó $2.264 millones por un aumento de $2.483 millones en sus deudas. Las cifras coinciden con la declaración de renta del año gravable 2025 que radicó ante la DIAN hace menos de una semana.

Como es tradición, la Presidencia formalizó la función que el sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella venía ejerciendo de como capellán de la Casa de Nariño. Es el valor mensual más alto que se pagará por este servicio desde 2019. El cura también es delegado del presidente en cinco universidades públicas.

Sin el blindaje de una garantía bancaria que nunca logró constituir, Colombia quedó expuesta a que Telefónica cobre en Estados Unidos un laudo que, con intereses, alcanza los 500 millones de dólares. En veinte días, el Gobierno cotizó con cinco firmas internacionales, y fichó al abogado colombo-francés Eduardo Silva Romero para jugar las últimas cartas.

El Congreso actual recibió más de 50.000 millones de pesos del sector privado: una parte a través de los bancos y en forma de créditos; otra en donaciones de empresas como Bavaria y Postobón. CAMBIO cruzó los 285 informes de campaña de los congresistas y encontró que más de la mitad de sus integrantes tiene un financiador corporativo.

El presidente De la Espriella se reunió este lunes en Barranquilla con directivos de la constructora Marval para empezar a trazar la ruta de las megacárceles prometidas en campaña. La firma llegó con su experiencia en Panamá como carta de presentación.

En la audiencia de acusación de contra Guerrero se conoció que la joven llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el que reconoció la responsabilidad por el delito de fraude procesal. "Me equivoqué y estoy arrepentida", aseguró. Será condenada.

Detrás de uno de los contratos más grandes que ha firmado hasta ahora el Gobierno De la Espriella hubo una telenovela. Setenta tutelas, falta de recursos y un contrato al límite hicieron que la UNP buscara fórmulas para evitar que los protegidos se quedaran sin escoltas. CAMBIO revela la historia.

El Ministerio de Justicia prepara un decreto para que las tutelas contra el presidente vuelvan a ser repartidas, en primera instancia, al Consejo de Estado. La propuesta llega más de un año después de que el Gobierno de Gustavo Petro modificara la normativa para asignarlas a jueces de circuito, en medio de una fuerte tensión con esa alta corte.

Aunque fue expedida el 5 de agosto, dos días antes de que terminara el gobierno de Petro, la resolución 1809 de 2026 solo se publica ahora. La norma, firmada por el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo, redefine el reporte de los giros directos de la Adres a clínicas, hospitales y proveedores de salud.

CAMBIO conoció que un comunicador firmó contratos por más de $380 millones con el Ministerio de Ciencias entre 2023 y 2026. Aunque presentó diploma y acta de grado como respaldo de su formación, la universidad asegura que nunca se graduó y que desde hace 14 años tiene pendiente su trabajo de grado.

Un juez del Guaviare ordenó suspender temporalmente las operaciones aéreas contra grupos armados cuando existan alertas sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes. La decisión se suma a una medida similar adoptada en Bogotá y pone nuevamente bajo la lupa la estrategia militar del gobierno De la Espriella.

Una circular firmada por el secretario jurídico Andrés Barreto obliga a todas las entidades del gobierno a coordinar con Presidencia sus pleitos ante la Corte Constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa. La orden busca cuidar recursos del Estado, pero también minimizar riesgos reputacionales.

El DNP prepara un decreto para extender hasta julio de 2027 la transición al Registro Universal de Ingresos. La decisión llega después de que el nuevo sistema disparara las quejas ciudadanas y mientras el Gobierno reconoce que todavía debe recalibrar sus algoritmos. El Sisbén seguirá siendo utilizado para asignar subsidios durante la transición.

El concurso que debía entregar las notarías por mérito terminó convertido en una herencia envenenada. CAMBIO reconstruye año y medio de retrasos, fallas e inconsistencias que terminaron en la muerte anticipada del contrato, sin que se pagara un solo peso de los 8.127 millones comprometidos. Mientras tanto, el entonces presidente Petro designó a dedo a decenas de notarios provisionales, algunos con nexos políticos.

Las versiones oficiales sobre la financiación de la sede presidencial en Barranquilla no coinciden. Gobernación, Ejército, Ministerio de Defensa y Presidencia no han explicado de dónde salieron los recursos ni quiénes financiaron la remodelación del Batallón Paraíso. CAMBIO rastreó las declaraciones y documentos que dejan al descubierto los vacíos alrededor de la adecuación del palacio alterno.

CAMBIO conoció las respuestas que entregó el Ministerio de Vivienda al Congreso sobre el viaje de tres días de Jaime Andrés Beltrán a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto. La única decisión administrativa que la cartera logra demostrar es una reunión virtual de una hora con sus viceministros el lunes festivo. Además, el presidente De la Espriella sabía del viaje y el traslado de los escoltas costó 14 millones de pesos.

Entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, usuarios en redes empezaron a replicar las consultas al Registro Universal de Ingresos que mostraban al presidente Abelardo de la Espriella clasificado como “C03, población vulnerable”. Horas después, la base de datos arrojó un resultado distinto: “D21, no pobre, no vulnerable”.

La ministra Paola Holguín pondrá al frente de la Dirección de Artes a Diana Carolina Molina, psicológa y magister en Desarrollo Organizacional con experiencia en gestión cultural. Molina ha estado vinculada durante años al Festival Vallenato y es hija del exgobernador Hernando Molina Araújo, condenado por nexos con grupos paramilitares.

Un día después de que CAMBIO revelara en primicia las declaraciones de renta y de conflictos de interés del jefe de Estado, este volvió a publicar los documentos. Ahora aparecen cuentas, inversiones y bienes en Colombia, Estados Unidos e Italia que superan los 20.000 millones de pesos. También corrigió la parte en la que indicó no tener cónyuge y manifestó que sigue siendo socio de una empresa.

Por más de una década, un vacío legal ha complicado que alcaldías y gobernaciones renueven contratos con los privados que administran colegios oficiales. El Ministerio quiere resolverlo de urgencia para evitar cierres de establecimientos a través de un decreto que ya genera un álgido debate sobre la participación del sector privado en la educación pública. Esto dice el borrador de la norma.