El desastre del concurso de notarios que el Gobierno Petro le dejó al de De la Espriella

El concurso que debía nombrar notarios terminó convertido en una de las herencias incómodas que recibe el Gobierno de Abelardo de la Espriella de la administración de Gustavo Petro. La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) contrató por 8.127 millones de pesos a la Universidad Libre para organizar el concurso público y abierto que debía permitir nombrar en propiedad a los notarios y garantizar el ingreso a la carrera notarial. El contrato comenzó en julio de 2025 y su propósito era cubrir, a nivel nacional, las notarías que no estuvieran designadas en propiedad.

Lo que debía ser una operación habitual para el Estado (organizar las pruebas, evaluar a los aspirantes y elegir a los ganadores), terminó convertido en un expediente marcado por retrasos, reprogramaciones, fallas tecnológicas, documentos que desaparecían y decisiones clave que seguían pendientes meses después de iniciado el contrato. CAMBIO reconstruye las inconsistencias de un proceso que, a estas alturas, sigue en el limbo.

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El 'detrás de cámaras' de un concurso fallido

En septiembre de 2024, la justicia le dio la razón al ciudadano Elkin Molina, quien había demandado al Ministerio de Justicia por no haber convocado el concurso de méritos de notarios como lo ordena la ley. Por ello, el 15 de julio de 2025 la SNR contrató a la Universidad Libre para que se encargara de la realización del concurso. La ejecución comenzó dos días después y se pactó un plazo de 13 meses. El valor inicial fue de 8.127 millones de pesos de los cuales, a corte del mes pasado, no se ha desembolsado ni un solo centavo. 

Según informes de auditorías conocidas por CAMBIO, los problemas del contrato comenzaron apenas unos días del inicio de la ejecución. En ese momento, la Universidad Libre pidió modificar el plazo de apertura de las inscripciones porque la plataforma virtual destinada ese fin todavía no estaba lista, principalmente en aspectos de accesibilidad y condiciones técnicas mínimas. El sistema debía, entre otras cosas, permitir inscripciones múltiples, incorporar los datos requeridos y someterse a pruebas de calidad y hacking ético. Lo anterior llevó a la Contraloría a concluir que:

"Esta circunstancia demuestra que, al momento del inicio contractual, no se contaba con un nivel de madurez operativa suficiente para ejecutar oportunamente una de las fases esenciales del objeto contratado, reflejando deficiencias previas de estructuración, validación técnica y coordinación institucional".

En otras palabras, al inicio de ejecución del contrato no había condiciones mínimas de operación.

Y no era la única pieza que estaba a medio cocinar. De manera simultánea a los retrasos por la falta de alistamiento técnico, en las mesas de trabajo se empezó a constatar que varios asuntos críticos del contrato seguían sin ser definidos por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. De hecho, a enero de este año permanecían pendientes de deliberación y decisión de esa instancia temas estructurales como el banco de preguntas para la prueba y la estructura de las entrevistas. Es decir, aunque el concurso ya tenía contrato y operador,  aspectos críticos para llevarse a cabo no estaban definidos.

"Se advierte que la ejecución contractual avanzó en un contexto de lineamientos aún no cerrados de manera integral por parte del
órgano rector, circunstancia que comprometía la estabilidad técnica, jurídica y operativa del negocio contractual, así como la debida planeación requerida para garantizar el cumplimiento eficiente, oportuno y coordinado del objeto contratado", concluyó la Contraloría después de auditar el proceso.

Una fuente en la SNR le contó a este medio que era insólito el hecho de que se estuviera ejecutando un contrato de algo que seguía estructurándose. "Fue como si se hubiese contratado la construcción de un puente cuando ni siquiera se tenía claro en dónde iba a quedar, qué tan grande iba a hacer y los diseños", advirtió la fuente.

Por otro lado, el cronograma tampoco salió como estaba previsto. Según el contrato, este debía ser entregado dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio de la ejecución (entre el 18 y el 24 de julio de 2025). Sin embargo, el cronograma llegó hasta el 14 de agosto y solo fue aprobado por la supervisión del convenio el 4 de septiembre.

El plan de trabajo, por su parte, fue enviado en varias entregas y algunas respuestas a requerimientos llegaron incluso en enero de 2026. La Contraloría encontró además que, de acuerdo con los tiempos contractuales, deberían existir cuatro informes de ejecución, pero solo se reportaron dos.

En octubre del año pasado hubo relevo en la SNR. Se fue Roosevelt Rodríguez y llegó Ricardo Agudelo Sedano. También cambió el jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia, que a su vez tenía a cargo la supervisión del contrato. Según documentos concidos por CAMBIO, en esa transición aparecieron más vacíos. Por ejemplo, la Contraloría comprobó que no había soportes del contratista de la disposición de espacios físicos para aplicar las pruebas y tampoco de la puesta a punto de herramientas tecnológicas para evaluar los exámenes.

Además, había algo todavía más preocupante: la plataforma de inscripción ya presentaba problemas de seguridad. Desde septiembre de 2025 se habían identificado la ausencia de mecanismos captcha o antibot, la falta de una validación independiente de vulnerabilidades, la inexistencia de planes de continuidad operativa y requerimientos pendientes en seguridad digital. A pesar de ello, el contrato siguió atravesando suspensiones y reprogramaciones.

El enredo en que se conviritó el proceso hizo que la reconstrucción de lo qué había pasado fuera difícil incluso para los órganos de control. Por ejemplo, cuando asumió la nueva administración de la SNR, no había un acta formal de entrega del contrato por parte de la anterior responsable. La información estaba dispersa y sin consolidar. Había diferencias entre documentos citados en informes anteriores y los que realmente aparecían en SECOP. Tampoco estaban completos la trazabilidad de reuniones, mesas de trabajo y compromisos.

Por ello, la última administración de la SNR durante el Gobierno Petro tuvo que pedir al contratista que entregara nuevamente el acervo documental, revisar los correos institucionales de la anterior supervisora y construir una matriz para reconstruir el contrato. Incluso algunos informes aseguraban que actas y anexos habían sido cargados al SECOP, pero cuando fueron buscados, no aparecían en la plataforma.

La situación llegó también al Consejo Superior de la Carrera Notarial. Varias actas de sesiones determinantes para el concurso no habían sido formalizadas oportunamente. El 16 de febrero de 2026 fueron enviadas para firma actas de sesiones realizadas en junio, julio, septiembre y noviembre de 2025. El 12 de marzo hubo que reiterar la solicitud porque todavía no habían sido devueltas firmadas. Una paradoja si se tiene en cuenta la labor de un notario.

Mientras tanto, algunos de los elementos esenciales del concurso seguían pendientes. Por ejemplo, la nueva supervisión tuvo problemas para acceder al Programa Logístico Operativo y de Seguridad del concurso porque la contraseña había sido enviada al teléfono celular de la antigua supervisora. Es decir, un concurso nacional de méritos tenía una de sus piezas de seguridad dependiendo del celular de una funcionaria que ya no estaba a cargo.

El desenlace administrativo fue un carrusel de suspensiones. El 9 de septiembre de 2025, después de que la Procuraduría exhortara a la SNR a evaluar frenar la ejecución por algunas falencias detectadas por el Ministerio Público, el Consejo Superior de la Carrera Notarial suspendió el contrato y el cronograma por 15 días. El 27 de septiembre decidió extender la pausa 30 días más. El 28 de octubre volvió a prorrogarla, esta vez 20 días hábiles. Solo hasta el 27 de noviembre de 2025 el Consejo levantó la suspensión y expidió un nuevo cronograma, trasladando etapas esenciales del concurso a 2026.

La tregua no duró. El 22 de mayo de este año el Consejo de Estado dictó una medida cautelar que fue más allá de lo ocurrido hasta entonces: suspendió provisionalmente la totalidad del Acuerdo 01 de 2025, el acto administrativo que convocaba el concurso y fijaba sus bases y su cronograma. Cuatro días después, el Consejo Superior Notarial sesionó y allí se concluyó que el concurso "no iba para ningún lado", según contó una fuente que estuvo en ese encuentro. Según conoció este medio, en ese momento se determinó que no había otra salida que terminar el convenio con la Universidad Libre, aunque eso implicara dejar en el limbo el concurso.

"Lo más prudente era terminar el contrato y que el nuevo Gobierno tuviera el margen de comenzar de cero. Además, ya no había disponibilidad de recursos para dejar contratado otro concurso", dijo una fuente.

De hecho, sin el Acuerdo 01 vigente, el contrato con la Universidad Libre se quedó, en palabras de la propia universidad, sin causa jurídica para seguir ejecutándose. 

El 9 de abril, la Universidad ya había pedido la terminación anticipada; en junio insistió con nuevos argumentos, y el 18 de junio de 2026 el contrato terminó formalmente por mutuo acuerdo, sin que ninguna de las partes fuera declarada incumplida. Trece meses después de la firma, ningún peso de los 8.127 millones comprometidos había sido pagado.

La propia Superintendencia le reconoció a la Contraloría que, después de la salida de la anterior jefa de la Oficina Asesora Jurídica y secretaria técnica del Consejo Superior, la nueva administración tuvo que levantar, consolidar y validar la información disponible para reconstruir los antecedentes del contrato. 

De hecho, CAMBIO conoció documentación en la que se evidencia que la jefe de jurídica de la SNR que llegó a finales del año pasado adviritió que el informe de gestión entregado por su antecesora "no cumplía de manera integral ni suficiente con los parámetros de consistencia, integridad y veracidad exigidos por la Ley 951 de 2005". La funcionaria detectó  irregularidades relacionadas con la rendición incompleta del informe y la conservación y entrega de la información institucional. 

A dedo y en provisionalidad

Mientras el concurso no produce nombramientos, las notarías siguen necesitando quién las atienda. La normatividad permite que esos encargos los designe directamente el gobierno nacional. Como lo reportó CAMBIO hace unas semanas, a corte del 2 de agosto de 2026, el presidente Petro designó a 113 notarios, de los cuales 22 fueron nombrados en julio, a pocos días de terminar su mandato. 

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Buena parte de esas designaciones tiene nexos políticos. Por ejemplo, a horas de salir de la Casa de Nariño Petro desingó al exsenador del Partido Verde Inti Asprilla como notario segundo de Soacha. No obstante, el nombramiento se enredó por decisión del Ministerio de Justicia entrante. Días antes, el entonces jefe del Estado nombró al hijo de Eleonora Pineda (excongresista condenada por 'parapolítica') como notario segundo de Girardot. Caso parecido al de la excongresista liberal Karyme Cotes, a quien en julio pasado le llegó el nombramiento en la Notaría Sexta de Medellín.

El lío del concurso notarial queda ahora en manos de una Superintendencia renovada. El 19 de agosto asumió como superintendente Joaquín José Méndez Llach, abogado cercano al presidente, y un día después la Presidencia registró la hoja de vida de Yoly Beatriz Illidge Pimienta, exesposa de Abelardo de la Espriella, como aspirante a superintendente delegada de Notariado, la dependencia que vigila justamente las notarías que el concurso frustrado debía proveer.