Primicia: así centraliza Presidencia la defensa jurídica del gobierno De la Espriella

La Casa de Nariño ya empezó a dar las primeras puntadas institucionales para garantizar la cohesión de las actuaciones del gabinete. A las directivas para las comunicaciones oficiales de días anteriores se suma una nueva circular conocida por CAMBIO que llegó a los ministros, directores de departamentos administrativos y jefes de las oficinas jurídicas de toda la Rama Ejecutiva. 

El documento fue enviado el pasado 3 de septiembre por el secretario jurídico de la Casa de Nariño, Andrés Barreto González, y está titulado como: "Lineamientos de coordinación para las intervenciones en los Procesos Jurídicos ante las distintas jurisdicciones". En resumen, la instrucción apunta a que ninguna entidad vuelva a presentarse ante un juez sin que la Presidencia sepa de antemano qué va a decir.

La circular se ampara en las competencias de coordinación que la ley le entrega a la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño y se inserta en el andamiaje ya existente del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Además, no representa una novedad institucional, sino un intento de aterrizar algo que ya debería estar ocurriendo: que cuando el Estado litiga, lo haga con un solo libreto y no con las entidades actuando por separado.

El primer bloque de instrucciones apunta a los procesos ante la Corte Constitucional, tanto los de control abstracto contra leyes, decretos con fuerza de ley y decretos legislativos de estados de excepción, como las tutelas de especial relevancia para el Gobierno nacional. Según las instrucciones de Barreto, cuando la Secretaría Jurídica pida información sobre un proceso que comprometa al presidente De la Espriella, la entidad respectiva tendrá apenas tres días para entregarla, o menos si los términos judiciales así lo exigen. La lista de lo que puede llegar a pedirse es amplia y va desde exposiciones de motivos y gacetas legislativas hasta memorias justificativas y estudios técnicos, cualquier insumo que sirva para sostener la constitucionalidad de la norma demandada.

El caso más delicado es cuando el propio presidente aparece vinculado formalmente al proceso. Ahí la circular es enfática en que la vinculación del jefe de Estado no exime a los ministerios de su deber de defender, cada uno en lo suyo, la validez de las normas que les compete. Por ello, la Secretaría Jurídica no pretende asumir esa responsabilidad, sino coordinarla para que todas las respuestas jurídicas del Ejecutivo estén articuladas y unificadas.

"Dicha vinculación constitucional no exonera a las entidades y sectores de gobierno de su responsabilidad misional de justificar técnica y jurídicamente la constitucionalidad de las disposiciones acusadas en el ámbito de sus competencias y misionalidades", dice parte de la circular,

El segundo bloque de la circular regula lo contencioso-administrativo: procesos que pueden generar efectos jurídicos o fiscales para varias entidades a la vez, que involucran actos o políticas de alcance nacional, o que simplemente corren el riesgo de que dos oficinas jurídicas del mismo gobierno terminen defendiendo tesis incompatibles ante el mismo despacho. 

Para identificarlos a tiempo, Barreto les pide a las entidades activar mecanismos internos de alerta temprana que evalúen el posible impacto fiscal de una condena, el riesgo de sentar o modificar líneas jurisprudenciales, la posibilidad de que el pleito toque la estructura o las competencias de otras entidades, la existencia de litigios similares repetidos por los mismos hechos y hasta el golpe reputacional que un caso mal manejado le puede propinar a la confianza pública en las instituciones. Ese criterio reputacional revela que, además de cuidar la plata del Estado, también se trata de evitar que un pleito mal coordinado termine en un titular incómodo.

Por otro lado, cuando un asunto se clasifica como estratégico, la entidad debe avisarle a la Secretaría Jurídica —y si aplica, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado— con un reporte que incluye desde la identificación del proceso hasta una estimación preliminar del riesgo fiscal y jurídico, pasando por la jurisprudencia relevante ya identificada y los aspectos puntuales en los que se necesita coordinación. 

Si la complejidad lo amerita, el secretario Barreto puede convocar mesas de coordinación con las oficinas jurídicas, los apoderados, las áreas técnicas del sector, las dependencias financieras y, cuando corresponda, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. Lo acordado en esas mesas debe quedar en acta, otro detalle que sugiere que la Presidencia quiere dejar rastro escrito de quién dijo qué antes de que el caso llegue a un juzgado.

En la circular también hay un capítulo para cuando dos entidades del propio gobierno no piensan igual sobre una misma norma. La circular les pide reportar esas divergencias a la Secretaría Jurídica, que puede convocar mesas técnicas para buscar posiciones compatibles sin pisotear la autonomía constitucional de cada una. También hay otro apartado, que cierra el documento, dedicado a la prevención de la litigiosidad. Allí se les pide a las entidades identificar las causas que originan sus pleitos, documentar lecciones aprendidas y corregir las prácticas administrativas que los alimentan. 

La circular llega en una temporada en la que ya se empiezan a ver varias decisiones del Ejecutivo susceptibles de ser demandadas. Además, el presidente De la Espriella prometió en campaña una cascada de decretos para atender problemáticas en campos tan diversos como la salud o la seguridad.