Gobierno declara urgencia manifiesta para no dejar de expedir pasaportes
Un tribunal frenó los convenios del nuevo modelo de pasaportes por dudas fiscales. La Cancillería respondió con la misma figura que ya usó en 2025 para sostener el servicio. Le contamos de qué se trata.
Por: Carol Tatiana Gómez
El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró este 17 de septiembre la urgencia manifiesta para garantizar, sin interrupciones, el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas de pasaporte y las etiquetas de visa colombiana.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido provisionalmente, el 2 de septiembre, los convenios del nuevo modelo de pasaportes. Ante esa suspensión, la Cancillería le preguntó al Tribunal si mientras tanto podía usar el stock de libretas que ya tenía disponible la Imprenta Nacional, y llenarlas con los datos de los ciudadanos que ya habían radicado su solicitud. El Tribunal negó esa petición, y fue esa negativa la que llevó al Gobierno a declarar la urgencia manifiesta.
Según la entidad, la medida tiene un carácter estrictamente transitorio: habilita a la Cancillería para contratar de manera directa mientras estructura un proceso de licitación pública que resuelva de fondo el problema. El Ministerio dijo que el servicio sigue operando con normalidad, que las oficinas expedidoras y los consulados mantienen su atención, y que quienes ya tienen citas programadas no deben hacer ningún trámite adicional.
¿Por qué un tribunal frenó el nuevo modelo de pasaportes?
La suspensión que originó todo este episodio tiene la fecha del 2 de septiembre, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el Auto Interlocutorio 504-09-2026, ordenó frenar provisionalmente la ejecución de los instrumentos del nuevo modelo de pasaportes dentro de una acción popular. Según el comunicado de la Cancillería, la providencia señaló la necesidad de acreditar plenamente los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras, además de esclarecer aspectos relacionados con la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación.
Con base en esa orden judicial, y con fundamento en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, el Ministerio recurrió a la figura de urgencia manifiesta: "mecanismo excepcional previsto por el ordenamiento jurídico para adoptar las medidas contractuales indispensables cuando la continuidad de un servicio exige una actuación inmediata", según explicó la entidad en su comunicado oficial. La contratación que se derive de esta declaratoria estará limitada a lo indispensable para sostener el servicio, y tanto el acto administrativo como los contratos que se firmen bajo esta figura serán remitidos a la Contraloría General de la República para su control fiscal.
Otra urgencia manifiesta
En agosto de 2025, cuando el contrato con Thomas Greg & Sons estaba por vencerse y el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional aún no estaba listo, la Cancillería también declaró urgencia manifiesta para extender esa contratación varios meses, hasta el 30 de abril de 2026.
Un año después, el convenio que debía reemplazar ese esquema transitorio es el que un juez frenó por falta de soportes fiscales claros. Al mismo tiempo que esta declaratoria, la Cancillería inició la estructuración del proceso de licitación pública que se hará "bajo criterios de transparencia, planeación y responsabilidad, con un cronograma definido, responsables establecidos y seguimiento mensual".
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