JEP acudirá a la CPI y a la ONU para denunciar “el más grave ataque” que han sufrido
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Créditos: Colprensa
La propuesta del senador Enrique Gómez de quitarle a la JEP un presupuesto de 100.000 millones de pesos, respaldada por el presidente De la Espriella, y un proyecto de ley que busca la revisión de sentencias de la JEP, tiene en máxima alerta a la jurisdicción creada con el acuerdo de paz de 2016.
Por: Ana María Cuesta
Una propuesta que realizó el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella, ha generado una alerta sin precedentes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esa jurisdicción anunció que acudirá a Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar lo que consideran “el más grave ataque” que han sufrido hasta hoy.
La JEP se refiere a la propuesta que hizo Gómez Martínez para trasladar 100.000 millones de pesos de su presupuesto a la Rama Judicial, mensaje que, inmediatamente, fue respaldado por el presidente en su cuenta de X. “Publíquese, comuníquese y cúmplase”, escribió el jefe del Estado.
De acuerdo con la JEP, la propuesta de Gómez representaría una reducción de 62 por ciento en los recursos que el proyecto de Presupuesto General de la Nación proyecta para la JEP en 2027: 161.271 millones de pesos.
“Esta amenaza de recorte se suma a una desfinanciación acumulada que ya arrastra la Jurisdicción por $ 84.663 millones. De concretarse esta proposición, se acabaría vulnerando directamente la garantía estatal de dotar a la JEP de la autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de infraestructura indispensables para el cumplimiento de sus funciones constitucionales”, advierte la JEP en un comunicado.
Llamado a la comunidad internacional
La JEP afirma que la propuesta, respaldada por el jefe de Estado, afectaría de forma directa el cumplimiento de sus funciones constitucionales y por eso publicaron un comunicado en el que hacen un “llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero”.
“La Jurisdicción pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, indica la institución presidida por Alejandro Ramelli en un comunicado.
¿Qué funciones se afectarían ante un eventual recorte presupuestal de esa magnitud?
La JEP indica que miles de personas protegidas con esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección quedarían desprotegidas, pues dichos esquemas se financian con un convenio que hoy asciende a más de 62 mil millones de pesos.
También advierten que no estarían en la capacidad institucional de asumir los costos operativos del arriendo de la sede nacional de la JEP, ubicada en la localidad de Chapinero en Bogotá, y que tiene un costo de 29.362 millones de pesos.
El proyecto de ley
La JEP también expresó su preocupación por una propuesta que impulsan los partidos de gobierno en la Comisión Primera del Senado, con la que se pretende que la Justicia Penal Militar revise, automáticamente, todas las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.
La Jurisdicción advierte que su trabajo ha permitido imputar a 28 generales, que no habían sido procesados por la justicia ordinaria, en los casos de ‘falsos positivos, el genocidio de la Unión Patriótica, ataques contra pueblos indígenas y la denominada toma paramilitar de Barrancabermeja.
“Estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial. Al mismo tiempo, constituyen un grave atentado contra los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición”, señala el alto tribunal.
La JEP le pidió al Congreso de la República que reflexione sobre las consecuencias de la propuesta del senador Enrique Gómez al tiempo que pidió el "respaldo activo de la comunidad internacional, de la Misión de Verificación de la ONU y de los organismos multilaterales, para que exijan al Estado colombiano frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero".
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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