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El presidente Abelardo de la Espriella continúa designando funcionarios clave para su batalla cultural. Al Centro Nacional de Memoría Histórica llegará D’Mar Córdoba Salamanca, quien trabajó en las UTL de las senadoras Paola Holguín y Thania Vega; y durante más de dos décadas estuvo en el programa La Hora de la Verdad, del exministro Fernando Londoño.
El coronel (r) Héctor Cabuya de León habló con CAMBIO sobre su proceso en la JEP, que empezó con negacionismo y terminó con el reconocimiento de responsabilidad de falsos positivos. “No era solo yo, esto era una política institucional”, dice. Le pide al presidente Abelardo de la Espriella que conozca el proceso transicional, que se siente a hablar con los militares que se acogieron y señala que acabar con la JEP sería una pérdida para el país.
La Sección de Apelación de la JEP revocó la decisión que anuló el llamado a versión voluntaria del general (r) Óscar Naranjo en el macrocaso sobre crímenes de la fuerza pública. El llamado deberá ser revisado nuevamente y lo ocurrido hasta ahora ofrece indicios claros sobre el desenlace que podría tener el caso.
La magistrada de la JEP Julieta Lemaitre explica en CAMBIO la imputación a 27 exintegrantes de las Farc por algunos de los peores crímenes de la antigua guerrilla: las tomas de Mitú y Miraflores, el atentado al club El Nogal y otros ataques emblemáticos. "Es la guerra, guerra", dice, sobre el control que ejercía la guerrilla en regiones donde actuaba como si fuera la ley.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 27 exintegrantes de las Farc por graves crímenes, entre los cuales está el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, que fue admitido por los antiguos máximos comandantes de esa guerrilla en 2020, generando una amplia discusión con la familia del líder conservador. ¿Qué llevó a la JEP a decir que al menos dos sicarios sí eran de las Farc? Le contamos.
En el macrocaso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las Farc en el marco del conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz dictó una ‘mega imputación’ en contra de 27 exguerrilleros que abarca hechos en todo el país, como masacres de concejales, asesinatos de profesores, la masacre de la familia Turbay Cote o el atentado con ‘rockets’ en la posesión de Álvaro Uribe en 2002. También hay hechos de violencia sexual.
El mayor (r) del Ejército Daladier Rivera Jácome estaba preso antes de acogerse a la JEP. Decidió contar la verdad detrás de las ejecuciones extrajudiciales y pedirles perdón a las víctimas. Hace un año fue víctima de un atentado en Cúcuta y hoy le pide al presidente electo.. Abelardo de la Espriella. que no les cambie las reglas de juego. “Hay muchos militares que todavía no han contado su verdad”, dice.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, invitó al presidente electo Abelardo de la Espriella a una reunión institucional para hablar sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Un día antes, Ramelli había respondido a las críticas de De la Espriella por el viaje a España de ‘Timochenko’.
El presidente electo anunció que desmontará la institucionalidad de la paz, que Timochenko “debe estar preso de por vida” y que no habrá más “falsa paz”. Fuentes consultadas por CAMBIO y varias voces coinciden en que la intención choca con un muro constitucional. Pero advierten que hay vacíos que sí dejan expuestos a los firmantes y riesgos que podrían reabrir heridas del conflicto.
Los antiguos integrantes del máximo órgano de mando de las Farc enviaron una carta al presidente electo en la que reconocen las diferencias políticas con su gobierno, pero le proponen diálogo y le recuerdan las obligaciones del Estado frente al Acuerdo de Paz.
El último comandante que tuvo las extintas Farc se presentó este martes 14 de julio a la Jurisdicción Especial para la Paz, en cumplimiento del permiso que le otorgaron sus jueces para viajar a España.
En su alocución dominical, el presidente electo presentó a su ministra de Minas y Energía, ordenó eliminar consejerías y agencias en la Casa de Nariño, criticó a la JEP y confirmó dónde se posesionará. Estos son los detalles.
En medio de una agitada pelea política y con el empalme suspendido, hay una preocupación entre múltiples entidades y organizaciones: que no se hable del acuerdo de paz. El Gobierno avanza en decretos y ya destinó 50.000 millones para poner en marcha las primeras sanciones de la JEP.
El ministro de Justicia designado reveló adelantos sobre cómo será la política de justicia durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Desde qué pasará con la Paz Total hasta el futuro de la JEP, pasando por cambios en el sistema penitenciario y una defensa anticipada del proyecto de megacárceles.
El presidente Gustavo Petro, por medio de sus redes sociales, pidió fortalecer el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y rechazó cualquier reducción de recursos para ese tribunal.
El exjefe guerrillero Pastor Alape asegura que los antiguos integrantes del último secretariado de las Farc cumplirán las sanciones restaurativas impuestas por la JEP por 21.000 secuestros. El reto, dice, no es solo de voluntad: exige que el Gobierno garantice recursos, coordinación institucional y el cumplimiento del cronograma previsto.
La excandidata presidencial y exsecuestrada Ingrid Betancourt habló con Julio Sánchez Cristo sobre la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de dejar en firme las sanciones propias impuestas al último secretariado de las Farc por la política de secuestros cometida durante el conflicto armado.
Con esta decisión, se resolvieron 19 recursos de apelación interpuestos por los comparecientes, quedó en firme la sentencia y comenzará la ejecución de las sanciones propias, que la JEP verificará y monitoreará de manera permanente.
Rodrigo Londoño y los otros exintegrantes del secretariado de las Farc tendrán horarios fijos de trabajo y deberán llevar a cabo un cronograma de siete fases en el que irán ejecutando actividades específicas por regiones. Vivirán en los municipios en donde avanzan los trabajos restauradores y, si bien podrán hacer política, cumplir con las sanciones será la prioridad.
La Sección de Apelación de la JEP resolvió los reclamos que se habían presentado contra las dos primeras sentencias y confirmó la responsabilidad de los comparecientes en todos los delitos endilgados, menos en el caso de esclavitud. En el caso del antiguo secretariado, incluyó un cronograma detallado sobre cómo y en dónde se cumplirán las sanciones restaurativas, acogiendo una queja de las víctimas.