“Era una política de Estado”: habla el coronel (r) Héctor Cabuya sobre los falsos positivos y la JEP
El coronel (r) Héctor Cabuya de León habló con CAMBIO sobre su proceso en la JEP, que empezó con negacionismo y terminó con el reconocimiento de responsabilidad de falsos positivos. “No era solo yo, esto era una política institucional”, dice. Le pide al presidente Abelardo de la Espriella que conozca el proceso transicional, que se siente a hablar con los militares que se acogieron y señala que acabar con la JEP sería una pérdida para el país.
La Jurisdicción Especial para la Paz le endilgó al coronel en retiro del Ejército Nacional Héctor Cabuya de León la responsabilidad en 101 ejecuciones extrajudiciales, realizadas cuando era comandante del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (Bivar) en el Meta, en 2002 y 2003. Tras años de proceso, pasó de negar todo a admitir que asesinaron a civiles inocentes para quitarse la presión constante por resultados que venía desde sus superiores.
En diálogo con CAMBIO, Cabuya de León dice que el proceso ante la JEP le permitió reconocer la magnitud del daño causado y detalla por qué se aliaron con paramilitares. Además, le habla al presidente Abelardo de la Espriella. “Siéntense, conozcan el proceso de justicia transicional, hablen con nosotros y puede que se puedan llevar una sorpresa”.
CAMBIO: ¿Por qué se sometió a la JEP?
Héctor Cabuya: Me retiré en 2005 y me fui a vivir a Estados Unidos, no huyendo de la justicia, sino porque a mi esposa le salió una oportunidad de trabajo. En 2017 fui capturado y deportado. No conocía que había investigaciones en mi contra: nunca se me notificó de algún proceso, a pesar de que cada tres meses tenía que reportarme para demostrar supervivencia, porque tengo un sueldo de retiro. Al día siguiente me llevaron a la Fiscalía. Entré esposado, por orden de la fiscal, que quería verme así para decirme: ‘Yo fui la que lo trajo. Usted es el asesino más grande de este país y se va a pudrir en una cárcel’. En septiembre manifesté que me iba a someter a sentencia anticipada. Ella hizo todo el papeleo y apareció la JEP. En ese momento la JEP fue una oportunidad para mí. Estuve cinco años y medio privado de la libertad y me sometí en diciembre de 2017.
CAMBIO: Empezó ante la JEP, pero se defendió como si estuviera en la justicia ordinaria...
H.C.: Este proceso restaurativo ha sido una evolución grande. Hoy hablo con usted y la miro a los ojos, pero en 2017 yo decía: ‘No sucedió, no se presentó, lo hicieron mis hombres, yo no sabía, todo fue a mis espaldas’. Empecé negando, pero usé los años detenido y el tiempo que llevo en libertad transitoria, para recopilar información y entender qué había pasado en el (Batallón) Vargas. Porque una cosa es lo que yo ordené y otra lo que hicieron mis hombres por la presión de resultados operacionales que existía en ese momento en todo el Ejército.
Fui a la Comisión de la Verdad, un ente extrajudicial, y allí sí hablé todo lo que viví en 25 años de carrera militar sin tapujos, sin negar, sin esconder: conté exactamente en qué consistieron los mal llamados falsos positivos, hablé de la connivencia con las autodefensas y del fenómeno paramilitar en el Meta, que no comenzó cuando llegué al Vargas, sino que venía desde 1997. En la JEP me mostraron lo que había en justicia ordinaria, lo que han dicho otros comparecientes. Pero, como no conocía todo el contexto, seguí negando o hacía aportes pequeños. Así fue hasta 2022, cuando empecé a hablar más abiertamente de lo que sucedió en el Bivar.
CAMBIO: ¿Cómo es el proceso? Usted sabía lo que hicieron…
H.C.: Llevo unos cuatro años y no ha sido fácil. Ese proceso me llevó a un equipo de 79 militares que se llama Gestores de Restauración. Ahí no se habla de grados, no es el coronel o el sargento, sino que nos reconocemos por el nombre y con eso se abre un camino más amplio para poder dialogar con quienes fueron mis subordinados.
El segundo ejercicio es hacer una catarsis y empezar a reconocer qué fue lo que pasó. La mente es volátil. Uno olvida detalles, situaciones, órdenes, altercados —o los borra porque no quiere recordarlos—. En esos años hice esa catarsis, muchos miembros de la fuerza pública que no eran del Vargas me ayudaron y, escuchándolos, entendí que el proceso era el mismo: secuestrar personas, disfrazarlas, asesinarlas, enterrarlas como NN, o recibirlas ya asesinadas de manos de las autodefensas y presentarlas como resultados operacionales.
Eso pasaba en el Ejército y no era una ‘rueda suelta’ en el Vargas. Sucedió en Antioquia, la costa Caribe, La Guajira, Santander, Huila, Caquetá, Boyacá. Cuando uno ve que es el mismo modus operandi, uno entiende que lo primero que hay que cambiar es el ser humano: reconocer que sí se presentaron esos hechos, que son de lesa humanidad, que violan el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos. Solo así se empieza a dar pasos hacia el reconocimiento del daño causado en el conflicto armado. Después viene el núcleo familiar porque uno prefiere que la familia se entere por boca de uno y no por una noticia. No es fácil decírselo a la esposa y al hijo. Yo pasé por esas etapas y se lo incentivé a los demás miembros del equipo. Cuando uno empieza a descargar eso, el alma se nivela y ya uno puede enfrentarse a las víctimas directas y al público.
El proceso era el mismo: secuestrar personas, disfrazarlas, asesinarlas, enterrarlas como NN, o recibirlas ya asesinadas de manos de las autodefensas y presentarlas como resultados operacionales.
CAMBIO: ¿Qué le dijo su familia?
H.C.: Mi esposa dice que eso no es perdonable: haber patrocinado el asesinato así yo no hubiera disparado una sola vez, porque con la orden, con la connivencia, sí se asesinaron personas. Después de diez años, todavía no me ha perdonado.
CAMBIO: ¿Por qué se aliaron con los paramilitares?
H.C.: Cuando empezó la exigencia de resultados operacionales, algo que no ocurría antes de 2001. Nunca se había medido la eficacia de una unidad militar por muertos. Eso comenzó en 2002.
CAMBIO: En la presidencia de Álvaro Uribe...
H.C.: En la presidencia de Uribe y quiero decir algo indistintamente del presidente: aquí hubo una falla, no un error, porque aquí se perdieron vidas humanas. Le fallamos a la Constitución y a nuestros valores. Se empezó a exigir resultados tangibles. Los generales decían: ‘A mí los intangibles no me valen. Que se entregaron 20 miembros de las Farc, no importa. Aquí valen los que podamos contar acostados’. Así decía el comandante de la Séptima Brigada, Carlos Saavedra Sáenz.
Todos los santos días había que reportar por radio cuántos días llevaba uno sin resultados operacionales. Era una presión psicológica que no se imagina. Uno escuchaba mensualmente el programa con el comandante del Ejército felicitando a la unidad que había hecho diez bajas y que al oficial que no las tenía, lo relevaban. Cuando hay ese tipo de presión, uno piensa: si el enemigo no quiere actuar, ¿de dónde saco resultados?
En el Meta, las autodefensas llegaron en 1997. Las llevó alias Zeus (mayor retirado del Ejército Juan Carlos Rodríguez) y se incrustaron en el municipio de El Dorado y el comandante era el mismo alcalde, Euser Rendón, eso se sabía. Él era como un dios para la Séptima Brigada. Al otro lado, en Cubarral, estaban las autodefensas de Víctor Carranza y, en San Martín, también había. Antes que mí, pasaron los coroneles Pérez Guarnizo y Bigoya, y todos manejaban a las autodefensas porque eran quienes conocían la región y servían de guías a la tropa.
CAMBIO: ¿Por qué no frenó esa alianza?
H.C.: Cuando recibí el batallón, traté de erradicarlas y de no aliarme con las autodefensas, pero era una organización que llevaba más de cuatro años en la zona y ya había contaminado a la mayoría del BIVAR. Había soldados casados con hermanas de miembros de las autodefensas, civiles que trabajaban en la parte administrativa del batallón sabían quiénes eran. En Granada todo estaba ordenado, comandado y dirigido por las autodefensas: la Policía trabajaba con ellas, la alcaldesa trabajaba con ellas. Entonces, hubo un momento en que dije: ¿qué voy a hacer?
Yo tenía un capitán, el jefe de inteligencia Ricardo Rivera Sánchez (fallecido), que era parte de la nómina de las autodefensas. Rivera me decía: ‘Hay esta información’ y yo le ordenaba sacar el grupo especial y realizar la operación. Después de la tercera operación con resultados, con muertos, le dije: ‘Cuando uno hace operaciones, tiene heridos o muertos y usted no ha tenido ni lo uno ni lo otro. ¿Qué pasa?’. Me dijo: ‘Yo trabajo con las autodefensas y ellos ponen los resultados’.
CAMBIO: ¿Qué hizo?
H.C.: Me quedé callado. En vez de denunciarlo, le dije: ‘Siga adelante’. ¿Por qué? Porque yo estaba bajo presión de resultados. Era una zona donde me colocaban un carro bomba cada mes. El municipio de El Castillo estaba sometido por las FARC. Lejanías estaba en poder de las FARC y en San Juan de Arama la Policía vivía encerrada en sus búnkeres.
CAMBIO: Falsear resultados de operaciones con civiles inocentes no disminuía el poder de las Farc…
H.C.: No, pero quitaba la presión. Quitaba al general que estaba encima diciendo: 'Llevo tantos días sin resultados’. Esas personas asesinadas, inermes, que no pertenecían a ningún grupo armado, sencillamente me liberaban de esa presión. Yo las presentaba como miembros de las autodefensas, pero también peleamos contra las Farc y hubo resultados reales contra ellas.
CAMBIO: Eso es igual a decir que la vida de esos civiles no valía. Que porque eran personas vulnerables podían disponer de esa vida, quitarle además su identidad, ocultarla deliberadamente para que nadie los encontrara y encima recibir una medalla por eso. Indefendible.
H.C.: Alejandra, eso hizo parte del conflicto. Yo no lo estoy justificando. Hoy reconozco que todo eso es una revictimización enorme. Pero no se quede ahí: hay personas que fueron asesinadas e inhumadas como NN que no han podido regresar a sus hogares. La revictimización sigue, la familia sigue buscando a sus seres queridos. Ese trabajo es parte de la evolución restaurativa que he tenido, pues no solo tenía la potestad de quitarle la vida a una persona o de ordenar que se la quitaran, sino que lo hicieran las autodefensas.
Un general, comandante del Ejército, me dijo: 'Lo que está quieto se deja quieto'. Otro general me dijo: 'Yo sé que usted está trabajando con las autodefensas, cuídese'. Otro dijo: 'Aquí solo valen los carrotanques de sangre y, si no, llame al vecino (las AUC)’.
Era algo que se manejaba en la institución, en todos los niveles. No fue algo que yo me inventé de la noche a la mañana.
CAMBIO: ¿Quién fue el general de más alto rango con el que habló de esto?
H.C.: El entonces comandante del Ejército, general Martín Carreño Sandoval. El comandante de mi brigada era el general Carlos Oviedo Saavedra Sáenz. Por encima de él estaba el general Barbosa Hernández y arriba el comandante del Ejército. Y la respuesta fue la misma: ‘Lo que está quieto, se deja quieto’. Es decir, esto era una política de Estado y por decir eso he tenido serios tropiezos.
Las políticas de seguridad, llámense ‘seguridad democrática’ o ‘paz total’, son escritas para mejorar la situación. Si las políticas están en el medio, a la derecha está el presidente con un ministro de Defensa y, al otro lado, el cuerpo de generales. ¿A cuál se le ocurrió exigir muertos? ¿A quién se le ocurrió medir la efectividad por litros de sangre? ¿A los generales? ¿Al presidente y al ministro? ¿A todos? Eso no lo puedo responder, porque ese no era mi nivel. Hoy lo he entendido de esa manera, pero en 2002 yo, como coronel, era: 'Qué ordena, como ordene' y cumplía la orden.
¿A quién se le ocurrió medir la efectividad por litros de sangre? ¿A los generales? ¿Al presidente y al ministro? ¿A todos?
CAMBIO: ¿No podía negarse?
H.C.: Uno se vuelve insensible y, en la medida que va dando resultados, el ego militar aumenta. Yo pude haber dicho que no, pero al escuchar que "lo que está quieto, se deja quieto"…
CAMBIO: ¿Alguno de sus hombres le hubiera podido decir ‘no’ a usted?
H.C.: Todos pudieron haber dicho que no. Pero escuchaban la misma consigna: ‘Llevo tantos días sin resultados operacionales’.
CAMBIO: ¿Y usted promovía entre sus hombres que siguieran con este plan criminal?
H.C.: No directamente, pero sí lo promoví. Estaban Ricardo Rivera y Wilson Lizarazo, los dos capitanes que tenían nexos con las autodefensas y, ellos a su vez, tenían personas que ejecutaban las operaciones ilegítimas. Todo eso ya quedó establecido en el Auto de Hechos y Conductas de la JEP y todos hemos reconocido qué papel jugamos dentro de esa máquina criminal que fue el Batallón Vargas.
CAMBIO: ¿Sin la JEP hubiera aceptado que es responsable de crímenes de lesa humanidad?
H.C.: Para mí no es importante el tipo de sanción que me pongan. He aprendido otra cosa: el reconocimiento del daño que causé. Ver a una mamá destrozada porque miembros de mi batallón sacaron a tres de sus hijos de una casa y los asesinaron y que, aun así, ella me diga que ya me perdonó. Las víctimas son generosas. Ver a esas madres buscadoras pidiendo ayuda para encontrar a sus hijos.
Ese trabajo con la Unidad de Búsqueda y el reconocimiento que he hecho ante la JEP, es lo que me ha movido a seguir adelante. Es resarcir el daño de la mejor manera posible. Trato todos los días de sanar un corazón, de estar frente a la sociedad civil y decirles que es mentira que nos estén obligando qué decir en la JEP.
Esto pasó. Hubo asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones. Se les hizo daño a territorios enteros. Llevamos al menos tres generaciones de familias en las que jóvenes de hoy siguen con el dolor de la desaparición de un papá, un primo, un tío, un abuelo. ¿Cómo recupera uno eso, con un ‘perdóneme’? Yo no suelo decir: ‘pido perdón’, pero no por altivez, sino porque no lo merezco.
No merezco el perdón, eso no tiene perdón de Dios. Así yo no hubiera disparado, yo era la cabeza del Batallón Vargas. Yo di la orden y, si me enteré, me tapé los ojos. Pero aquí no fue solo Héctor Alejandro Cabuya: estaba la Justicia Penal Militar tapando todo. La Fiscalía no hizo nada, los jueces tampoco. Todos estaban contaminados por las autodefensas.
No merezco el perdón, eso no tiene perdón de Dios. Yo era la cabeza del Batallón Vargas. Yo di la orden y, si me enteré, me tapé los ojos.
CAMBIO: ¿Cómo han sido las audiencias con las víctimas?
H.C.: En 2022, cuando todavía estaba en mi negacionismo, me insultaron. En ese momento no lo entendí. Hoy me pongo en el lugar de esas víctimas y pienso: si a mí me hubieran asesinado a un hijo, ¿qué no habría hecho? Por eso digo que las víctimas son generosas. Que yo pueda hablar con una persona a la que le causé daño, que me permita estar en el mismo espacio, para mí, es demasiado. La justicia transicional ha sido un bálsamo para mí porque me ha permitido descargar. Hace dos años no dormía tranquilo, el peso de conciencia es tenaz. Hoy duermo cinco o seis horas. Y no solo he descargado, he ayudado a esclarecer hechos.
Por ejemplo, cuando el general Saavedra dijo que la orden se la daba el general Carreño, yo advertí que ahí se estaba saltando un escalón, al comandante de la división. Me di a la tarea de buscar un documento que entregué a la JEP donde quedaba probado que el comandante de la división también exigía cuotas. ¡Era una política de Estado! No me lo inventé yo, era una política dentro de la institución. Por muertos había viajes, medallas, paseos a la costa para los soldados. Así se premiaba el asesinato que nunca se debió cometer. El punto de quiebre fue la exigencia de resultados.
Era una política de Estado. Por muertos había viajes, medallas, paseos a la costa para los soldados.
CAMBIO: ¿Falta mucho para que el país conozca la magnitud real de los falsos positivos?
H.C.: Acá falta voluntad de la institución de reconocer que sí se presentaron esos hechos y voluntariedad de cada compareciente de contarlo. No me siento orgulloso de lo que pasó, pero sí de lo que soy hoy: alguien que puede pararse en una universidad o en un conversatorio a contar lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Este proceso va en los generales comandantes de brigada. ¿Qué pasa con los generales comandantes de división y comandantes del Ejército? Para el Ejército, hace ocho o nueve años, Héctor Cabuya era la manzana más podrida. Cuando el general Saavedra se presentó a reconocer, dejé de serlo. Ahora son los generales, pero a ellos no los llaman ‘manzanas podridas’.
El hecho de insistir en que esto se presentó con la anuencia de los generales y que también ocurrió en la Fuerza Aérea, me ha traído problemas: ahora ya no soy una manzana podrida, sino un ‘traidor’.
CAMBIO: El presidente Abelardo de la Espriella ha cuestionado a la JEP, ha dicho que la revisará y la ha llamado un tribunal de impunidad. Eso deslegitima públicamente el trabajo de la jurisdicción. ¿Qué piensa?
H.C.: Incertidumbre, hay. Llevo un proceso de nueve años en el que he dicho la verdad de lo que sucedió. La JEP lo ha contrastado, ha hecho la trazabilidad y los miembros del Batallón Vargas lo hemos confirmado.
¿Qué me atrevería a solicitarle al señor presidente De la Espriella? La JEP ha sido un proceso dialógico para mí, entonces hagan lo mismo. Hagan un proceso de conocer realmente qué ha pasado en la JEP con los militares y con los firmantes del Acuerdo de Paz. Esto no es de amenazas, esas las teníamos antes cuando reclamaban por resultados. Siéntense, conozcan el proceso de justicia transicional, hablen con nosotros y puede que se puedan llevar una sorpresa.
Si a mí me dijeran hoy que la JEP se acabó, ¿qué me espera? ¿Arrepentirme de haber dicho la verdad para ir a morirme en una cárcel en justicia ordinaria? ¿Quién gana? Nadie. Pierde el país, porque se dejarían de conocer hechos. Nosotros deberíamos ir a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas a contar qué hicimos mal, para que no se repita. Eso es justicia restaurativa, eso es reconocer el daño.
Si a mí me dijeran hoy que la JEP se acabó, ¿qué me espera? ¿Arrepentirme de haber dicho la verdad para ir a morirme en una cárcel en justicia ordinaria? ¿Quién gana? Nadie.
CAMBIO: ¿Qué significaría para usted –que aceptó responsabilidad y pidió perdón– que le dijeran que todo esto no tiene valor?
H.C.: Como Héctor Alejandro, me sentiría defraudado. Pero hay que mirarlo más a fondo: ¿qué va a sentir el país? ¿Qué confianza va a tener en la justicia? ¿Para qué se sometieron más de 8.000 militares a la JEP entonces? ¿Para qué confiar en política cuando le cambian las reglas de juego en la mitad del partido? Perdería mucho el país, perderían las víctimas, perdería la justicia y perderíamos los miembros de la fuerza pública.
¿Para qué se sometieron más de 8.000 militares a la JEP entonces? ¿Para qué confiar en política cuando le cambian las reglas de juego en la mitad del partido? Si acaban la JEP, pierde el país.
CAMBIO: ¿Qué trabajo está haciendo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas?
H.C.: Estoy aportando información para los procesos de búsqueda: georreferenciación, actas de levantamiento y necropsias. Los aportes de quienes manejaban los cuerpos en su momento –la sección de inteligencia–, que hacían los informes a la Fiscalía y acompañaban las inhumaciones en los cementerios. Dentro del equipo hemos recuperado 43 o 44 cuerpos a nivel nacional.
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