Derechos Humanos

El religioso falleció en Bogotá una semana después de sufrir una caída en su casa. Dedicó más de tres décadas a documentar violaciones a los derechos humanos.

El coronel (r) Héctor Cabuya de León habló con CAMBIO sobre su proceso en la JEP, que empezó con negacionismo y terminó con el reconocimiento de responsabilidad de falsos positivos. “No era solo yo, esto era una política institucional”, dice. Le pide al presidente Abelardo de la Espriella que conozca el proceso transicional, que se siente a hablar con los militares que se acogieron y señala que acabar con la JEP sería una pérdida para el país.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella dejó sin piso 11 instrucciones firmadas en la administración de Gustavo Petro. Según dice la cartera, la decisión no toca ningún derecho, pero las centrales obreras hablan de una afectación a las condiciones de los trabajadores. Les explicamos qué hacía cada una y qué pasa ahora.

María Gaitán Valencia, directora saliente del Centro Nacional de Memoria Histórica, hace un balance en CAMBIO: dice que la obra del Museo de la Memoria nunca fue un elefante blanco y que dejó recursos amarrados para 2027. Además, le pide al presidente Abelardo de la Espriella que escuche a la diferencia. "Este país no aguanta más violencia”, dice.

La Defensoría del Pueblo alertó por los ataques, hostigamientos y hechos con drones y artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en al menos 11 departamentos y pidió evitar una escalada de violencia que pueda poner en mayor riesgo a la población civil.

La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 27 exintegrantes de las Farc por graves crímenes, entre los cuales está el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, que fue admitido por los antiguos máximos comandantes de esa guerrilla en 2020, generando una amplia discusión con la familia del líder conservador. ¿Qué llevó a la JEP a decir que al menos dos sicarios sí eran de las Farc? Le contamos.

En el macrocaso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las Farc en el marco del conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz dictó una ‘mega imputación’ en contra de 27 exguerrilleros que abarca hechos en todo el país, como masacres de concejales, asesinatos de profesores, la masacre de la familia Turbay Cote o el atentado con ‘rockets’ en la posesión de Álvaro Uribe en 2002. También hay hechos de violencia sexual.

Las familias de Pedro Movilla y Jaime Garzón recibieron los primeros archivos de inteligencia que el Gobierno desclasificó: una decisión histórica que le apuesta a la búsqueda de la verdad. ¿Qué dice el primer memo del DAS que se hizo público? CAMBIO se adentró en el proceso de identificación de los archivos desclasificados por Gustavo Petro, una labor titánica sobre 57.000 cajas de información. Francisco Flórez, director del Archivo General, le pide al gobierno de Abelardo de la Espriella fortalecer el proceso y a la entidad: “Hay que pluralizar la memoria, no imponerla”.

El 25 de abril de 1956, durante el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, hubo tres hechos violentos en corregimientos tolimenses. 70 años después, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas encontró los restos óseos de cuatro víctimas.

El mayor (r) del Ejército Daladier Rivera Jácome estaba preso antes de acogerse a la JEP. Decidió contar la verdad detrás de las ejecuciones extrajudiciales y pedirles perdón a las víctimas. Hace un año fue víctima de un atentado en Cúcuta y hoy le pide al presidente electo.. Abelardo de la Espriella. que no les cambie las reglas de juego. “Hay muchos militares que todavía no han contado su verdad”, dice.

En diálogo con CAMBIO, Rodrigo Londoño Echeverri, excomandante de la antigua guerrilla de las Farc, reflexiona sobre el discurso de Abelardo de la Espriella contra la JEP y el acuerdo de paz. Reconoce errores como partido político y le hace una crítica al Gobierno de Gustavo Petro por la Paz Total. “Se dejó en un segundo plano la implementación del acuerdo”, dice.

Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, le envía tres mensajes al presidente electo, Abelardo de la Espriella: cumplir el Acuerdo de Paz no es opcional, hay que cesar la estigmatización de los firmantes y continuar con el camino ya trazado para la reincorporación. Entrevista exclusiva.

Más de 850 organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora Humanitaria hicieron un llamado al nuevo Gobierno para que la protección de la población civil se convierta en el eje de la política de seguridad del país. Piden fortalecer la presencia integral del Estado y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Para la Fiscalía no hay duda alguna de que el general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, hizo parte y promovió un aparato criminal junto con los paramilitares para asesinar al candidato presidencial Carlos Pizarro en 1990: habría debilitado su esquema de seguridad como parte de un plan que incluyó matar el sicario y desviar la investigación.

La Defensoría del Pueblo le pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, una reunión con su equipo de empalme para presentar un documento con recomendaciones en materia de derechos humanos, organizado en cuatro ejes temáticos.

El exjefe guerrillero Pastor Alape asegura que los antiguos integrantes del último secretariado de las Farc cumplirán las sanciones restaurativas impuestas por la JEP por 21.000 secuestros. El reto, dice, no es solo de voluntad: exige que el Gobierno garantice recursos, coordinación institucional y el cumplimiento del cronograma previsto.

La presidenta del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, Julia Cogollo, advierte que, si se mantiene el ritmo actual, Colombia necesitaría más de seis décadas para indemnizar a las víctimas del conflicto. En entrevista con CAMBIO, sostiene que el rezago en la reparación refleja una deuda histórica del Estado y hace un llamado a retomar los diálogos con los actores armados: “El país necesita detener la violencia si quiere dejar de producir nuevas víctimas”.

Con esta decisión, se resolvieron 19 recursos de apelación interpuestos por los comparecientes, quedó en firme la sentencia y comenzará la ejecución de las sanciones propias, que la JEP verificará y monitoreará de manera permanente.

La información que el sargento retirado del Ejército José Leonario Dorado ha entregado a la JEP permitió iniciar la búsqueda de restos óseos en unidades militares. Tras admitirlo como compareciente en febrero pasado, ahora la justicia especial le concedió la libertad. Detalles.