Más de 850 organizaciones sociales piden al nuevo Gobierno poner la protección de la población civil en el centro de la seguridad
Más de 850 organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora Humanitaria hicieron un llamado al nuevo Gobierno para que la protección de la población civil se convierta en el eje de la política de seguridad del país. Piden fortalecer la presencia integral del Estado y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
Por: Nataly Ríos
A pocas semanas del inicio del nuevo Gobierno, la Coordinadora Humanitaria lanzó un llamado para que la seguridad del país no se limite a estrategias militares y tenga como prioridad la protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado.
La plataforma, que reúne a más de 850 organizaciones sociales, considera que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) debe convertirse en un componente transversal de las políticas de seguridad, paz y transformación territorial, más allá de ser únicamente una obligación jurídica para el Estado.
El pronunciamiento se conoce en un contexto de persistente crisis humanitaria. De acuerdo con el Reporte Humanitario de Vivamos Humanos, durante el primer semestre de 2026 se registraron 402 eventos relacionados con el conflicto armado. Entre ellos se contabilizaron 179 hechos que afectaron la vida e integridad de las personas, 67 casos asociados al uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y otros artefactos explosivos, así como 47 restricciones a la movilidad. El informe también documentó desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y otros hechos que continúan impactando a las comunidades.
Para la Coordinadora Humanitaria, estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios y complementar las acciones de seguridad con medidas de protección para la población civil.
Durante un pronunciamiento público, representantes de la organización hicieron un llamado al nuevo Ejecutivo. Solicitan que el respeto, la garantía y la protección de los derechos de la población civil se conviertan en una decisión política del Gobierno entrante, tanto para las comunidades como para las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y en la promoción del cumplimiento del DIH.
"Invitamos y hacemos un llamado al nuevo Gobierno a fortalecer las medidas humanitarias en los escenarios de diálogo, consolidar los mecanismos de prevención, monitoreo y protección, garantizar la participación efectiva de las comunidades y preservar las capacidades humanitarias que los territorios han construido durante tantos años", afirmó el vocero.
Además, las organizaciones sostienen que este compromiso debe ir acompañado del cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016, al considerar que en varias regiones del país existen procesos comunitarios que durante años han apostado por la construcción de paz y que requieren respaldo institucional.
"Es clave ubicar la necesidad del cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Allí hay presupuestos muy importantes, sobre todo en unas regiones donde hemos construido, participado y seguimos insistiendo en creer en la paz", añadió el representante de la Coordinadora.
De igual forma, solicitaron la adopción de las propuestas que la Coordinadora Humanitaria entregó a las campañas presidenciales durante el proceso electoral. Según explicaron, estas iniciativas buscan fortalecer la capacidad institucional para responder a la crisis humanitaria y garantizar la continuidad de los esfuerzos de construcción de paz en los territorios.
Las organizaciones también destacaron que el país cuenta con una experiencia acumulada que no debería perderse durante el cambio de gobierno. En los últimos años se han consolidado mesas humanitarias, acuerdos comunitarios, sistemas de alertas tempranas, mecanismos de monitoreo y redes de respuesta rápida, herramientas que, a su juicio, deberían integrarse a una política pública permanente para proteger a la población civil.
Finalmente, la Coordinadora Humanitaria reiteró su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno en construir una política de seguridad que priorice la vida, el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para responder a las necesidades de las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
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