Plazas Vega, ante la justicia estadounidense por el caso del magistrado Carlos Uran
Este martes comenzó en Miami, Estados Unidos, el juicio civil contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. El proceso se centra en la presunta ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Uran, quien salió con vida del Palacio de Justicia tras los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. ¿De qué se trata?
El magistrado del Consejo de Estado Carlos Horacio Uran salió con vida del ataque al Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985: así lo probaron investigaciones periodísticas que encontraron videos que registran su salida y lo mismo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al condenar al Estado colombiano.
No obstante, Uran no regresó a casa. El funcionario judicial fue torturado, asesinado y su cadáver fue ubicado nuevamente en el edificio, lavado y tenía una herida de bala a corta distancia en su cabeza. Algunas de sus pertenencias fueron halladas en 2007 por la justicia en el interior de la Brigada 13 en Bogotá.
En febrero de 2022, tres hijas del magistrado Uran presentaron una demanda civil en contra del coronel en retiro del Ejército Nacional Luis Alfonso Plazas Vega, quien lideró en terreno las unidades militares que participaron en la respuesta institucional a la toma del M-19.
La demanda civil señala que Plazas Vega, entonces comandante de la Escuela de Caballería de la Brigada 13, lideró a soldados que tomaron bajo custodia a personas que salieron con vida del Palacio y las llevaron a la Casa del Florero, en donde fueron interrogadas. Pero, a las personas que las tropas consideraban “especiales”, se las llevaron a varias unidades militares, como la Escuela de Caballería, en donde fueron torturados, víctimas de ejecución extrajudicial y desaparecidas forzadamente.
Hasta la fecha, ninguna persona ha sido llamada a reconocer responsabilidad por el caso específico del magistrado Uran. Plazas Vega fue procesado por la justicia colombiana –y finalmente absuelto– por la desaparición forzada de Irma Franco (integrante del M-19) y de Carlos Augusto Rodríguez Vera, quien era trabajador de la cafetería del Palacio.
Su proceso, público y objeto de una fuerte disputa política, implicó una detención de casi ocho años. En 2010 fue condenado a 30 años por diez desapariciones y la segunda instancia confirmó la sentencia, pero solo por los casos de Rodríguez y Franco. En 2015, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió.
Esa decisión señala que sí está probada la desaparición de Franco y Rodríguez Vera, pero que “no existen indicios que permitan establecer con el grado de convencimiento que se precisa para condenar, que en los actos reprobables participara el acusado Plazas Vega, ni que los mismos puedan atribuírsele a título de autor mediato por hacer parte de una estructura organizada de poder”.
La Corte Suprema de Justicia, no obstante, al condenar al general Jesús Armando Arias Cabrales, confirmó que el “trato especial” a algunos sobrevivientes del ataque fue un elemento central de la respuesta del Ejército, que se centró en el llamado ‘Plan Tricolor 83’, incluyendo la desaparición forzada de personas.
Plazas Vega vive en Estados Unidos y por eso pudo ser objeto de la demanda civil. El recurso hace una explicación de los hechos, registra las comunicaciones militares sobre la suerte de personas, expone cómo se afectó la escena del crimen y señala que Plazas Vega sí se concertó y actuó con otros militares, como Arias Cabrales o el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano (condenado y prófugo de la justicia), en un plan común que incluyó la tortura, ejecución y desaparición de esas personas “especiales”.
“La tortura y la ejecución extrajudicial del magistrado Urán fueron consecuencias previsibles de una intención común y compartida de llevar a cabo el sistema ilegal de "especiales". El acusado es también responsable por haber facilitado y alentado, o de otro modo haber prestado asistencia sustancial en, la autorización, implementación y supervisión del sistema ilegal de "especiales", insiste el recurso.
Plazas Vega ha intentado frenar esta demanda en varias oportunidades. En este proceso, el debate se centrará sobre el rol del entonces comandante de la Escuela de Caballería y la responsabilidad por cadena de mando en los hechos que permitieron la ejecución extrajudicial del magistrado Uran. Las partes podrán presentar testigos y el caso lo definirá un jurado civil. El caso se adelanta ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida.
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