Crisis financiera en la Cámara de Representantes: la Comisión de Acusación lleva más de un mes sin funcionar

Hace casi 50 días se instauró el nuevo Congreso de la República y hace cerca de 40 se logró el consenso para definir qué senadores y representantes iban en qué comisiones. A pesar de eso, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no cuenta con presupuesto asignado. Este lunes siete de septiembre, el representante Daniel Briceño denunció este panorama: “Son 2.450 procesos contra ex presidentes, magistrados de altas cortes y la Fiscal General de la Nación que no han podido ser repartidos entre los miembros de la Comisión”.

Como todavía no hay presupuesto asignado, a los miembros no se le han podido asignar su apoyo logístico. Por esta razón, según Briceño, la comisión lleva más de un mes sin funcionar, lo que causa que “el mensaje que se le está dando al país es de completa impunidad”.

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Los 17 miembros tendrán que hacerle el eventual seguimiento a varios casos de relevancia mediática. En ese cúmulo de casos, destaca, sobre todo, el proceso contra Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022. Junto a él figuran procesos abiertos contra los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Andrés Pastrana, y un bloque considerable de casos contra la rama judicial: el magistrado José Luis Barceló, salpicado desde 2020 por las chuzadas a Álvaro Uribe; los exmagistrados Leonidas Bustos y Eyder Patiño Cabrera, señalados por el cartel de la toga; y Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional, investigado por presunto tráfico de influencias en su propia elección, en el mismo expediente donde se examina la elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

A esa lista se suman el exmagistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla y los magistrados de la Corte Suprema Francisco Ternera, Diego Eugenio Corredor y Cristina Lombana —esta última, además, en el ojo público por las tensiones internas que sacuden a la Corte en el caso UNGRD—, así como el exfiscal Eduardo Montealegre. A todos esos expedientes se añade además la denuncia que la propia campaña de Abelardo de la Espriella radicó ante la Comisión contra Petro y la DNI por presuntas interceptaciones en su contra durante la contienda electoral y por supuesta traición a la patria.

La carta al ministro de Hacienda y el problema de las finanzas públicas

Briceño también le pidió a las autoridades “más celeridad”, haciendo referencia a esa adjudicación presupuestal. El pasado 19 de agosto el presidente de esa comisión, Carlos Alberto Cuenca Chaux, le envió al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, una carta en la que reiteraba la necesidad de “asignar los recursos presupuestales para garantizar el normal funcionamiento de la comisión”.

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No ha habido respuesta a esa petición, como lo demostró la denuncia de Briceño, pero tampoco una justificación a por qué no se ha hecho. Lo que sí se ha demostrado es que hay un grave problema de desfinanciamiento para la vigencia de 2026. Es tan así, que el propio Gómez anunció una semana después de esa carta, el 28 de agosto, que haría un recorte de 21,9 billones de pesos para este año.

Ese dato se debe a que, según lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda en las últimas semanas, el Estado colombiano recibe un ingreso mensual de 29 billones pero se gasta 40. Frente a esa situación,  Lo que ha hecho la cartera que dirige Gómez es reasignar prioridades en los gastos de funcionamiento e inversión basado en la revisión que del ministerio a algunas entidades. Eso ha implicado que varias partidas estén congeladas, aunque todavía no se sabe cuáles. De todas maneras, el ministro ha dicho que “no es un tema de un solo sector, todos tienen que ajustarse y todos deben poner un esfuerzo".