La intervención que no frenó el hueco: Procuraduría pide investigar a 13 exfuncionarios de Gustavo Petro por la crisis de la Nueva EPS
El organismo de control sostiene que casi dos años de intervención no enderezaron a la aseguradora, sino que la hundieron más. Entre los señalados hay un exministro y dos exalcaldes.
Por: Juan David Cano
La Procuraduría General de la Nación pidió abrir investigación disciplinaria contra 13 exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por la crisis financiera y administrativa de la Nueva EPS, la aseguradora más grande de Colombia.
En la lista figuran el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, también exalcalde de Medellín, y el exinterventor de la entidad Jorge Iván Ospina, quien fue alcalde de Cali.
El Ministerio Público quiere establecer si las decisiones o descuidos de quienes tenían a su cargo dirigir, vigilar o intervenir la aseguradora agravaron su deterioro y golpearon la atención a los pacientes.
El expediente, elaborado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, reparte las posibles responsabilidades en los interventores que estuvieron al frente de la Nueva EPS, la Superintendencia de Salud que los escogió y supervisó, y el Ministerio de Salud, que fija las reglas del sistema.
De los 13 nombres, siete corresponden a exsuperintendentes de Salud, cinco a agentes interventores y uno al exministro Jaramillo, que encabezó la cartera durante el periodo revisado. La solicitud se suma a otra indagación que el organismo de control ya adelantaba contra antiguos interventores de la entidad.
La investigación comenzó por un informe que concluye que la intervención no cumplió su propósito. Tras cerca de dos años bajo la figura de toma de posesión con intervención forzosa, la Procuraduría sostiene que los indicadores que motivaron esa decisión empeoraron en lugar de mejorar.
Un hueco financiero de billones
La Nueva EPS registra un patrimonio negativo proyectado de 11,94 billones de pesos; en otras palabras, debe mucho más de lo que tiene. A eso se suman anticipos sin legalizar por más de 17 billones de pesos, dineros girados cuyo soporte y destino final aún no están aclarados.
El atraso con la red de atención también es enorme. La aseguradora acumula un rezago de 12,98 millones de facturas por un valor superior a los 13,5 billones de pesos, una deuda que compromete a hospitales, clínicas, laboratorios y proveedores de medicamentos que atienden a sus usuarios.
Los pacientes, en el centro del deterioro
El golpe financiero se traduce en trabas para los afiliados. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, conocidas como Pqrs, pasaron de 451.000 en 2023 a cerca de 935.000 en 2025. Solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 216.308, y más de la mitad seguía sin respuesta, según los datos de la Procuraduría.
La mayoría de las inconformidades tiene que ver con la entrega de medicamentos y con las barreras para conseguir citas con especialistas.
Entre enero y marzo de 2026 quedaron abiertos 48.178 reclamos por fármacos que no llegaron y otros 26.700 por dificultades para acceder a consultas especializadas. El documento advierte que los más golpeados son los pacientes crónicos y de alto costo, que dependen de tratamientos que no pueden interrumpirse.
La presión también se ve en los juzgados. En el primer trimestre de 2026 se presentaron 40.668 acciones de tutela contra la Nueva EPS, de las cuales 31.588 seguían sin resolverse.
Ese panorama llevó a la Corte Suprema de Justicia a ordenarles a la Presidencia y al Ministerio de Salud presentar, en un plazo de 60 días, un plan para cumplir los fallos de tutela pendientes.
Mientras avanzan las indagaciones, la Nueva EPS sigue intervenida. La Superintendencia de Salud designó a Roberto José Tercero Solano Navarra como nuevo agente especial interventor, en reemplazo de Jorge Iván Ospina. El nombramiento, formalizado el 18 de agosto de 2026, se extenderá hasta el 10 de abril de 2027.
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