Cuarenta años del ataque al Palacio de Justicia: es hora de asumir responsabilidades

Basta del silencio. Cuatro décadas han pasado desde el ataque del Palacio de Justicia, que dejó más de 100 víctimas y más de una decena de desaparecidos. Las responsabilidades, las certezas y la verdad aún no llegan.

No existe un relato nacional sobre los hechos, desde el asalto armado, las gestiones del gobierno de Belisario Betancur y las presiones a los medios de comunicación, hasta la reacción desproporcionada de las Fuerzas Armadas y las irregularidades que llevaron a la tortura, ejecución y desaparición forzada de civiles y de integrantes del M-19 en estado de indefensión.

¿Por qué pareciera estar arraigado un temor a contar lo que realmente pasó ese 6 y 7 de noviembre de 1985? ¿Por qué entidades como Medicina Legal, que tenía un rol clave para identificar a las víctimas, no pudo llevar a cabo su tarea? ¿Cómo se manifiestan hoy todavía las presiones para justificar lo injustificable y construir un relato político más que verídico sobre los hechos?

Hay preguntas que perduran. Helena Uran, politóloga, investigadora y directora de la Fundación Carlos H. Uran – Memoria para la Democracia, se aproximó a estos cuestionamientos buscando voces distintas para hablar del ataque al Palacio de Justicia cuando la justicia, las investigaciones independientes y académicas y múltiples declaraciones han permitido, poco a poco, llenar algunos vacíos.

Una de esas preguntas tiene que ver con el manejo que el gobierno le dio a la operación militar desde el comienzo. También hay cuestionamientos alrededor del tema de las comunicaciones entre las personas que estaban dentro del Palacio de Justicia y el exterior y si hubo censura en los medios.

Noemí Sanín, entonces ministra de Comunicaciones, se defendió en una entrevista con Uran. Según su versión, se hicieron dos gestiones esenciales: sacar a los periodistas del edificio para evitar que hubiera más heridos y llamar a las emisoras a pedir responsabilidad porque la transmisión que se estaba haciendo parecía “la de un partido de fútbol”. 

“Yo sí hablé con muchísimas emisoras pidiéndoles responsabilidad y diciéndoles: Si no la hay, por Dios, es que no nos obliguen a censurar’”, dijo Sanín. Según la exministra, ella y el presidente Belisario Betancur dieron la orden de grabar todo lo que pasaba y serían esos registros, entregados a medios, lo que permitió después evidenciar que hubo personas que salieron con vida del palacio, pero que luego fueron asesinadas y devueltas al edificio como sucedió con el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Uran.

“(…) La cámara que se metió para que grabara absolutamente todo sin ningún tipo de censura … pedimos que se le proporcionara a los medios lo que se grababa y que lo pasaran cada rato”, insiste Sanín. La exfuncionaria, quien estaba en la Casa de Nariño junto con algunos ministros del gabinete (no todos por orden de Betancur), señala que la “amenaza” de censura a los medios también se dio porque familiares de magistrados que habían podido comunicarse con ellos inicialmente, no lo pudieron volver a hacer cuando se supo de esas llamadas.

Según la versión de Sanín, no hubo censura, sino solo un clamor por responsabilidad. Los periodistas de la época, aún vigilados en las calles aledañas del palacio y la Plaza de Bolívar, hicieron valientemente su trabajo y esas imágenes han perdurado en la historia. De la misma forma, el angustioso pedido de cese el fuego que hizo el presidente de la Corte Suprema Alfonso Reyes Echandía resuena en la memoria colectiva.

¿Por qué el gobierno no respondió al llamado de Reyes Echandía durante el asalto al Palacio de Justicia?

Sanín le aseguró a Uran que el presidente Betancur sí quiso hacerlo, que tenía pavor que alguien se hiciera pasar por el magistrado, quien en ese momento no era un hombre libre, sino que era rehén de Andrés Almarales, uno de los guerrilleros del M-19 que lideró la toma. Cuatro décadas después, Sanín dice que sí buscaron contactar a Reyes Echandía, que el ministro de Defensa de entonces, Miguel Vega Uribe, dijo que él podía reconocer perfectamente esa voz.

Sanín revela que hubo una llamada el mismo 6 de noviembre en la que Vega Uribe le da a Almarales la posibilidad de rendición y una salida con un juicio civil justo y con garantías. La idea era que, 20 minutos después, se retomara la comunicación para conocer la respuesta, pero, por un radio transistor que tenían en la Casa de Nariño y por la televisión, vieron llegar al helicóptero de la Policía.

“Tres ministros de forma muy airada, muy ofuscados, protestamos Lilián Suárez, ministra de Educación, el ministro de Justicia y yo. ¿Por qué no se dejaron vencer los 20 minutos, sino que atacaron primero en forma aérea el palacio? A lo que Vega Uribe respondió: ‘Si nosotros no tomábamos en ese momento el palacio, se volvía infranqueable’”, dijo Sanín.

La exministra dice que, en todo caso, hay varios asuntos que no la dejan tranquila: ¿por qué no se esperó? ¿Por qué no se pudo retomar la comunicación con el magistrado Reyes Echandía? Sanín relata que le dijeron que el incendio posterior, tras la llegada de los tanques del Ejército y la respuesta del M-19, se quemaron los cables. “Yo no estoy segura”, admitió.

¿Por qué se transmitió un partido de fútbol mientras se tomaban el palacio?

El episodio más criticado a Sanín fue la transmisión del partido Millonarios-Unión Magdalena en la noche del 6 de noviembre. Era tarde. El fuego se había consumido. La exministra asegura que fue el presidente Betancur y no ella quien dio la orden a Inravisión de “crear normalidad”, de seguir transmitiendo la televisión programada, para que se evitara un posible 9 de abril. 

Según su versión, había una amenaza real de amotinamiento de presos y de una revuelta ciudadana. Esa respuesta, al menos polémica, deja entrever en todo caso un ánimo de controlar las transmisiones de medios de comunicación para contener una posible situación, en un momento en que las familias de más de 100 personas pedían, angustiosas, información, y cuando se estaba presentado un ataque contra la representación de la justicia. ¿Acaso no había otra opción diferente a la de limitar la información?

 

La retoma del palacio

Las dudas, siguen. ¿Por qué el presidente Betancur se enteraba por televisión de lo que pasaba? ¿Quién realmente tomó las decisiones si los ministros civiles nunca tuvieron conocimiento de la estrategia militar como afirma Sanín? El director de la Policía era el general Víctor Delgado Mallarino. Él fue quien le dio orden a Luis Alberto Moore, hoy general en retiro, de pilotear el primer helicóptero que aterrizó en el techo del Palacio de Justicia con agentes de Policía, el mismo que fue repelido a tiros por el M-19.

Moore afirma que cumplió las órdenes que le fueron dadas y señala que, seguramente, “el señor director, con el señor ministro de Defensa o el comandante de las Fuerzas Militares, tuvieron las coordinaciones” necesarias para hacer las directrices. 

“Aquí hay actuaciones que no me corresponde decir si fueron acertadas o desacertadas. Lo que sí digo es que hubo o ha habido una gran diferencia en el tratamiento no solamente jurídico, sino también por parte de otros sectores y por parte de algunas personas o de la comunidad, no en general. Porque si vemos al hoy M-19 está en el poder. Y las Fuerzas Armadas pagamos (con) muertos, con gente privada (de) la libertad, con investigaciones y todo”, dice Moore.

¿No son suficientes 40 años para dejar el negacionismo atrás? ¿Acaso no han sido los propios magistrados sobrevivientes de la época los que alertaron por la falta de seguridad del Palacio de Justicia para ese 6 y 7 de noviembre? ¿Acaso la justicia nacional e internacional no determinaron ya que la respuesta militar, que al final se impuso a una solución política, implicó torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales?

¿Por qué los cuerpos y restos óseos hallados dentro de las cenizas del Palacio de Justicia fueron movidos y lavados?

¿Por qué las actas de Medicina Legal fueron falsificadas? ¿Por qué se entregaron cuerpos erróneamente? Ricardo Mora, entonces director científico de Medicina Legal, apunta más a la falta de tecnología de la época y a la falta de herramientas. Dice que no le consta la presencia de personas ajenas a la institución en los días posteriores a la toma y describe lo difícil que era la identificación. 

“El hecho de que fueran tan precarios los recursos forenses para reconocer, era de entrada un riesgo porque, seguramente, muchas personas de buena fe se equivocaron al tratar de reconocer por algún rasgo o por alguna evidencia que al final no era tal”, señala.

¿Existió y existe todavía un pacto de silencio? ¿Qué hacer para resolver las dudas? Una de las conclusiones del documental que CAMBIO presenta hoy junto a Helena Uran la hacen los propios protagonistas: “Sería muy interesante que en un momento determinado cada uno de los actores reconociera qué sucedió. Ha faltado un análisis y un juicio sereno sobre los hechos” y semejante tragedia requiere verdad.

Tal vez, una esperanza surge cuando el camino para dejar el silencio atrás se va construyendo. Elvira Forero, directora del museo en el que está convertida hoy la Casa del Florero lo dice con contundencia: “La negación, esa forma de olvido frente a un hecho como estos que estamos hablando del 6 y 7 de noviembre, también es una forma de violencia. Lo que queremos es contribuir a esclarecer esa verdad, que la gente la conozca y, en la medida en que la conozca, reflexione sobre algo que no puede repetirse”.

Y Helena Uran lo sintetiza así: “A 40 años de lo sucedido en este lugar, ya es hora de que quienes empuñaron las armas reconozcan su responsabilidad, que la sociedad deje de relativizar y deje de verse envuelta en culpas, que podamos tener conversaciones y reflexiones honestas, que nos permitan sacar lecciones del pasado y construir un relato nacional para, ahí sí, en conjunto, defender la democracia”.

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