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Dos exilios, amenazas, intimidaciones y una vida en defensa de los derechos humanos. Germán Romero, abogado de víctimas de crímenes cometidos por la fuerza pública, habla de su oficio y del paso que ahora da, tras un concurso de méritos que duró ocho años, para ponerse la toga de juez. “No sé cómo llegué vivo a los 44 años que tengo”.
La decisión la tomó un jurado civil de Miami, Estados Unidos, luego de ocho días de juicio civil. La familia del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Uran lo llevó a juicio alegando que sí había evidencias de su responsabilidad.
El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega relató ante un jurado en Estados Unidos que no cometió irregularidad alguna en la respuesta del Palacio de Justicia y cuestionó a testigos que narraron las torturas que sufrieron, como el caso de Orlando Arrechea, exempleado de la Corte Suprema. Hubo una intensa confrontación entre Plazas y los representantes de las víctimas.
¿A quién se le puede llamar “héroe”? Mientras el presidente Abelardo de la Espriella pretende instrumentalizar el juicio civil que enfrenta en Estados Unidos el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, la familia de la víctima sigue buscando justicia. Urán salió con vida del ataque al Palacio de Justicia en 1985.
Este martes comenzó en Miami, Estados Unidos, el juicio civil contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. El proceso se centra en la presunta ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Uran, quien salió con vida del Palacio de Justicia tras los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. ¿De qué se trata?
CAMBIO explica los detalles de la reciente decisión de la Fiscalía de llamar a juicio a nueve militares retirados como Iván Ramírez Quintero y Edilberto Sánchez, este último prófugo de la justicia. Estos son los detalles de lo que padecieron las 11 personas acreditadas como víctimas en este expediente.
En su más reciente novela, Ricardo Silva Romero añade a sus dotes de escritor su talento para el reportaje y la investigación y su pasión por el cine y la escritura de guiones. Así logra recrear los sucesos de la toma y retoma del Palacio de Justicia como si se tratara de un gigantesco fresco.
El texto en la placa ubicada en la alcaldía de Bogotá no fue aprobado por todas las víctimas. “La memoria tiene que ser integral, no selectiva”, dijo Helena Uran, directora de la Fundación Carlos H. Uran.
La decisión se da 40 años después del ataque al Palacio de Justicia. De los implicados, varios están condenados y prófugos de la justicia. Detalles.
En diálogo con Julio Sánchez Cristo, el alto comisionado para la Paz y exguerrillero del M-19, Otty Patiño, negó que el narcotráfico haya financiado a esa guerrilla durante la toma del Palacio de Justicia y aseguró que el grupo armado asumió su corresponsabilidad en los hechos.
En diálogo con Julio Sánchez Cristo, el periodista Andrés Felipe Carmona presentó su libro Palacio de Justicia Desclasificado, una investigación que accede a 40 archivos inéditos con revelaciones sobre la toma del Palacio, los desaparecidos y las posibles conexiones del M-19 con el narcotráfico.
Llegaban doblados en sobres anónimos, escritos en papel barato y con olor a humedad. Eran los periódicos del M-19. Antes de ese 6 y 7 de noviembre de 1985, ya circulaban las palabras del grupo guerrillero sobre justicia, patria y traición. Eran editoriales inflamados que confundían épica con destino. ¿Podía el país haber leído esas señales antes de que ardiera la Corte Suprema?
El ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, quien como procurador general tomó las primeras decisiones en contra de los altos mandos militares que lideraron la retoma al Palacio de Justicia. analiza para Cambio el contexto que desató la barbarie y los efectos de ese acto violento del que, hasta hoy, la justicia no ha podido recuperarse.
El Consejo de Estado determinó que la muerte del magistrado auxiliar fue consecuencia tanto de la toma del M-19 como del uso excesivo de la fuerza por parte del Estado durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
¿Por qué aún no tenemos un relato nacional sobre lo que ocurrió en el asalto? ¿Por qué los dos actores armados aún no hacen reconocimientos públicos al país? Las preguntas que aún rondan este trauma colectivo son exploradas por Helena Uran Bidegain a través de cuatro visiones: la política, la policial, la forense y la de la memoria, en un documental elaborado junto a CAMBIO a propósito de los 40 años del ataque.
El expresidente pidió a la bancada del Centro Democrático promover una iniciativa para otorgar un beneficio jurídico a los uniformados procesados por violaciones a los derechos humanos durante la operación militar de 1985.
Al conmemorarse 40 años del ataque al Palacio de Justicia, Helena Uran Bidegain conversó con Noemí Sanín, quien era la entonces ministra de Comunicaciones y quien ha sido cuestionada por varias decisiones que se tomaron ese 6 y 7 de noviembre de 1985, entre ellas haber ordenado la transmisión de un partido de fútbol mientras ocurría la crisis. Sanín da su punto de vista sobre este episodio, hace reparos por el corte de las comunicaciones internas con el edificio, explica las decisiones del presidente Belisario Betancur y reflexiona sobre lo ocurrido.
Alfonso Reyes Alvarado, hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien murió en el Palacio de Justicia hace 40 años, hace un llamado a no repetir los hechos de ese 6 y 7 de noviembre, a buscar la verdad para dejar atrás, de una vez por todas, esta etapa de violencia en Colombia y a no usar el asalto con fines políticos.
Cuarenta años después del asalto al Palacio de Justicia, perpetrado por el Movimiento 19 de Abril (M-19), el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre este episodio oscuro de la historia de Colombia, desde su época como militante hasta la actualidad.