La prueba clave sobre las masacres en Barrancabermeja: la bitácora de las visitas de 'paras' a batallones
La JEP imputó a 11 exintegrantes de la Fuerza Pública y un exfuncionario de Ecopetrol por la toma de Barrancabermeja: una alianza con paramilitares que dejó 14 masacres entre 1998 y 2000. La JEP halló los libros de ingreso de los ‘paras’ a unidades de inteligencia. El caso incluye la persecución a la USO y organizaciones sociales. CAMBIO revela detalles de la decisión.
El 24 de marzo de 1997, el paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, entró al Batallón de Inteligencia 2 del Ejército Nacional. Llegó a las 10:55 de la mañana para reunirse con el entonces comandante de esa unidad, el teniente coronel José Domingo García, a quien se le conocía como ‘Don Raúl’, según consta en el libro de visitantes del BITE 2 que la Jurisdicción Especial para la Paz logró encontrar.
Tras años de pesquisas e investigaciones judiciales, el despacho de la magistrada Catalina Díaz encontró la prueba fehaciente de los ingresos al BITE 2, una unidad que en ese momento hacía parte de la infame Brigada 20 con sede en Bogotá, antes de que se crearan las regionales de inteligencia (RIME). ‘El Panadero’ firmó con su nombre real y su cédula ese día, al igual que el 2 de abril de 1997.
A esta segunda reunión también asistieron Nebeo Hernández Carrasquiel, el paramilitar Fremio Sánchez Carreño, Óscar Alirio Gutiérrez y Luis Felipe Muñoz Neira. En este registro también figura ‘Don Raúl’ (el coronel García) como “persona solicitada”.
La tercera reunión de los paramilitares en las instalaciones del BITE2 ocurrió el 24 de abril de 1997. En esa oportunidad, quien figura como persona solicitada por los visitantes es el entonces mayor Juvenal Brugés, conocido como ‘Felipe’. La cuarta cita se dio el 5 de mayo de 1997 entre el paramilitar Osmán Santamaría, alias ‘Barbas’ y ‘Felipe.
Estas reuniones ocurrieron en la antesala de lo que la JEP llamó la ‘toma paramilitar de Barrancabermeja’, en referencia una multiplicidad de acciones criminales que se hicieron con el auspicio y apoyo consciente de integrantes del Ejército Nacional.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP identificó 473 víctimas asesinadas o desaparecidas forzadamente en Barrancabermeja, entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000. Esta victimización representó el 28 por ciento de la registrada en el municipio, entre 1980 y 2016. El patrón incluyó 14 masacres, empezando por la que se conoce como ‘La masacre del 16 de mayo’, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y persecución contra civiles.
En concreto, en 1998 se registraron 133 víctimas y seis masacres. En 1999 se registraron 106 víctimas y aumentaron los asesinatos selectivos contra líderes comunitarios, integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y defensores de Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). En el 2000 se registró el mayor número de víctimas: 234, que equivale al 49 por ciento del total.
Por estos hechos, la JEP imputó a nueve exintegrantes del Ejército, dos de la Policía y a José Eduardo González Sánchez, un capitán (r) del Ejército en retiro que en 1995 se vinculó al área de seguridad de Ecopetrol en Barrancabermeja, por recomendación del coronel de la Policía en retiro Antonio Sánchez Vargas, quien fue director de Seguridad Nacional de la petrolera y jefe de Seguridad del presidente Ernesto Samper.
La alianza
Es la primera imputación del caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, paramilitares y terceros civiles. El territorio base en Barrancabermeja, una ciudad con una importante industria petrolera que vió nacer a la USO en 1923 a la Coordinadora Popular que reunió varios sindicatos y organizaciones campesinas que hicieron al menos 20 paros entre 1983 y 1990. En 1987, nació CREDHOS para documentar y denunciar la violencia contra la población civil.
En el Magdalena Medio, además, hacían presencia el Eln, las Farc y el EPL. Uno de los elementos centrales de la investigación de la JEP es que las autoridades, a pesar de tener una amplia presencia militar, optaron por acercarse a las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC) para que llegaran a Barrancabermeja, impusieran control social y persigueran a los denominados objetivos “sociopolíticos”.
Según las versiones libres de los militares implicados en este caso, la guerrilla supuestamente quería llegar a las organizaciones civiles. Todo esto contribuyó a su estigmatización antes de la masacre del 16 de mayo de 1998, en la que fueron asesinadas siete personas y secuestradas otras 25. Aquella fue la primera incursión que las AUSAC reivindicaron como parte de las AUC y marcó el comienzo de su ofensiva urbana.
De acuerdo con la JEP, la violencia contra las comunas orientales, CREDHOS y la USO se articuló con el control de rentas de la economía petrolera, la extorsión, el hurto de hidrocarburos y la desarticulación de la resistencia obrera. Además, la imputación señala que el debilitamiento de la USO fue funcional a intereses que buscaban transformar las relaciones laborales y abrir paso a la flexibilización, la reducción de personal y el ingreso de capital privado a Ecopetrol.
En noviembre de 2024, CAMBIO reveló la declaración de José Eduardo González Sánchez, un excapitán del Ejército Nacional que prácticamente desde que se graduó de la Escuela de Cadetes, según sus propias palabras, tuvo vínculos con las autodefensas, hasta que pasó a integrarlas plenamente hacia 2001, en Santander.
González fue subjefe de seguridad de Ecopetrol y, antes de llegar a la JEP, había sido llamado a juicio en 2016 por la masacre del 16 de mayo y la del 28 de febrero de 1999 también en Barrancabermeja. El exoficial confesó que se reunió con Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’, hombre de confianza de Carlos Castaño; contó que se preparó la llegada de las autodefensas a la zona y que infiltraron a la USO.
Para ello, se contrató a los paramilitares Carlos Alberto Piedrahíta, Leocadio Bohórquez y John Alexander Vásquez, que asistían con grabadoras a las asambleas sindicales. González Sánchez recibía esos registros y enviaba reportes a la gerencia de la refinería y a la inteligencia del BITE2 para perfilar a la junta directiva y anticipar movilizaciones obreras.
Su voz fue clave para la JEP, quien lo calificó como un enlace entre el área de seguridad de la empresa, mandos militares y policiales, y estructuras paramilitares. González Sánchez sostuvo contactos con mandos del Batallón de Contraguerrillas No. 45 Héroes de Majagual (BCG45), del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 ‘Nueva Granada’ (BAADA2), y del Comando Operativo Especial del Magdalena Medio de la Policía (COEMM).
También organizó reuniones con Rodrigo Pérez Alzate, John Francis Arrieta y Carlos Alberto Piedrahíta, quienes participaron en la creación del naciente Bloque Central Bolívar. La JEP imputó a González Sánchez por haber coordinado la infiltración y por haber aprobado reportes inflados sobre el número de uniformados destinados a proteger la refinería. Según la imputación, los excedentes de los convenios de seguridad entre Ecopetrol y el Ministerio de Defensa habrían financiado logística, nóminas y armamento de las AUSAC.
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La violencia
De acuerdo con la JEP, desde el BITE2, García García y Brugés Palmera produjeron órdenes de operaciones y documentos reservados que señalaron, sin sustento, a la USO y a CREDHOS como “fachadas” del Eln y de las Farc, que luego fueron transmitidos a comandantes de las AUSAC para identificar a directivos y afiliados de ambas organizaciones como objetivos militares.
La masacre del 16 de mayo de 1998, como hecho de connotación, explica la división de tareas que hizo posible la incursión armada. La JEP explicó que el capitán Oswaldo Prada Escobar, oficial del BAADA2, alojó desde enero de 1998 a Alain Miller Bolaños, conocido como ‘Maicol’, antiguo integrante del Frente 24 de las Farc-EP. Dos días antes de la incursión, Prada entregó a ‘Maicol’ a Mario Jaimes Mejía y a Fremio Sánchez Carreño.
Según la JEP, el mayor Carlos Eduardo Avendaño Ávila, oficial de operaciones del BAADA2, ordenó retirar los vehículos blindados del punto conocido como La Y, una vía de ingreso a Barrancabermeja, para facilitar eel paso de la incursión paramilitar que empezó a las 8:30 de la noche con 50 hombres armados y siguió por dos horas más por los barrios nororientales de la ciudad. Tras los primeros siete homicidios, las otras 25 personas fueron retenidas y trasladadas a San Rafael de Lebrija, donde fueron asesinadas y desaparecidas en los días siguientes.
La investigación también estableció que, desde el BGC45, Herrera García habría garantizado el paso de vehículos paramilitares por la base de La Lizama, ubicada en la vía entre Barrancabermeja y San Rafael de Lebrija. Durante la masacre del 16 de mayo, el tránsito de las AUSAC por ese punto fue coordinado con el sargento Agustín Puello Tejedor. La base Termoeléctrica, bajo jurisdicción operacional del BCG45 y ubicada en el barrio Nueve de Abril, estaba a pocos metros del recorrido paramilitar.
Los soldados apostados en la instalación escucharon disparos durante cerca de dos horas y no reaccionaron porque las únicas instrucciones que recibieron de la plana mayor del batallón esa noche fueron las de "estar pendientes" o quedarse acuartelados bajo la coartada de una supuesta emboscada.
Por esa razón, la Sala le atribuyó al teniente Juan Carlos Celis Hernández, entonces jefe de la SIJIN en Barrancabermeja, haber coordinado acciones con integrantes de las AUSAC para impedir su captura. También fue reprochado porque habría permitido escapar a los responsables de la masacre cometida entre el 1 y el 2 de agosto de 1998 en la que fueron asesinadas 11 personas.
La JEP también imputó por omisión a los generales (r) Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva. Peña Porras comandó el BCG45, entre noviembre de 1997 y noviembre de 1999. Millán Pérez comandó la Quinta Brigada, entre diciembre de 1996 y diciembre de 1998. Bravo Silva lo sucedió, entre diciembre de 1998 y septiembre de 1999.
La JEP explicó que el 8 de mayo de 1998, Hernando Hernández, presidente de la USO, alertó personalmente al general Millán Pérez sobre el ingreso inminente de paramilitares para cometer una masacre. También existían alertas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sobre el riesgo que enfrentaban los barrios nororientales, sin que se tomara acción alguna para impedirlo.
Lo que sigue
La JEP escuchó entre octubre de 2023 y febrero de 2026 a 35 comparecientes. Además, recibió 10 declaraciones juradas y recogió los testimonios de 72 voceros de las 601 víctimas acreditadas durante la Audiencia de Observaciones de Víctimas.
Para esta decisión, la sala contrastó 60 informes, 33 sentencias de Justicia y Paz, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miles de documentos obtenidos en inspecciones a la Quinta Brigada, el BAADA2, el BITE2, el BCG45, el COEMM y el Departamento de Policía de Santander.
Tras la notificación, los 12 comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o controvertir la imputación con argumentos y elementos de prueba. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para formular observaciones.
Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala de Reconocimiento podrá remitir una Resolución de Conclusiones al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas. En caso de no reconocer responsabilidad, sus casos podrán llevarse a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para iniciar un proceso adversarial que, de establecerse su responsabilidad, podría conducir a penas de hasta 20 años de prisión.
La Sala de Reconocimiento de Verdad anunció que convocará a Ecopetrol y a los representantes judiciales de las víctimas acreditadas a un diálogo de construcción de verdad con enfoque restaurativo. La JEP presentará los hallazgos, los patrones de victimización y los daños para que el diálogo parta de una comprensión común de lo establecido en la decisión. Ecopetrol podrá exponer su posición e iniciativas, y las víctimas plantearán demandas de reparación y propuestas de trabajo.
Este diálogo no constituye una versión voluntaria ni una diligencia de reconocimiento de responsabilidad, ni busca debatir la imputación individual contra José Eduardo González Sánchez. “Será un primer paso de una ruta restaurativa que deberá ampliarse con la participación de las víctimas y sus comunidades”, dijo la JEP.
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