Radican Ley Anticapuchos: el proyecto busca penalizar a quienes se cubren el rostro para vandalizar en las protestas

Los representantes a la Cámara Julio César Triana y Jaime Arizabaleta radicaron en el Congreso un proyecto conocido como Ley Anticapuchos, una iniciativa que busca castigar con cárcel a quienes se cubran el rostro para cometer actos violentos durante las protestas. El proyecto también propone aumentar las penas por bloquear vías.

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¿De qué se trata el proyecto de la Ley Anticapuchos?

La propuesta no prohíbe, por sí sola, el uso de capuchas o máscaras. Lo que hace es modificar el Código Penal, la Ley 599 de 2000, de dos formas. Primero, crea un nuevo delito para quien esconde su identidad con el fin de vandalizar en una manifestación; segundo, sube el castigo para quien bloquea vías. Según sus autores, ninguna de las dos medidas apunta contra la protesta pacífica.

Para ello se creará un nuevo delito llamado "actos vandálicos mediante ocultamiento de identidad". Aplicaría a quien, aprovechando una manifestación, use capuchas, máscaras u otros elementos para no ser identificado mientras destruye, incendia o ataca bienes o personas.

La pena propuesta va de cuatro a ocho años de prisión, más una multa. El texto añade agravantes que aumentan el castigo, por ejemplo, si se usan explosivos o artefactos caseros, si el ataque recae sobre colegios, hospitales o infraestructura esencial, o si genera una alteración grave del orden público.

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La clave, según los autores, es que esa pena no sería excarcelable, es decir, quien la cometa no podría sortear la cárcel con facilidad mientras es procesado.

"La idea es crear un tipo penal en Colombia que haga que el ocultamiento de la identidad, cuando es utilizado para actos vandálicos, con unas definiciones que le van a permitir al operador jurídico hacer más viable la aplicación de la norma, tenga una condena que no sea excarcelable. Por eso esta condena va a estar entre cuatro y ocho años", explicó Triana.

El otro frente que quieren abordar son los bloqueos de vías

La segunda parte del proyecto modifica el delito de obstrucción a vías públicas. Hoy, bloquear una vía está prohibido, pero con una pena baja, lo que en la práctica permite que quien lo hace quede libre pronto.

El proyecto sube ese castigo al mismo rango, de cuatro a ocho años, para que tampoco sea excarcelable. El texto aclara que quedan por fuera las movilizaciones autorizadas por la autoridad competente, en el marco del derecho a la protesta.

"Quienes cometían bloqueos, y gracias a eso se lograba afectar la prestación de servicios públicos o la vida misma de los ciudadanos, terminaban con excarcelación en una sola audiencia. Aquí extendemos la pena de cuatro a ocho años y, por tanto, este delito no volverá a ser excarcelable", agregó Triana.

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Por su parte, Arizabaleta defendió la iniciativa y refutó a quienes la ven como un ataque a la movilización social. "Hoy es un gran paso para Colombia, una pésima noticia para los 'capuchos'", afirmó.

"Algunos dirán que estoy en contra de la protesta. Al revés: con esto lo que estoy haciendo es darles herramientas a la fuerza pública para garantizar la protesta pacífica. El 100 por ciento de quienes me escuchan hemos salido a manifestarnos con el rostro descubierto, nunca nos hemos encapuchado", sostuvo.

El representante dijo que el tema es personal por lo que, según él, han significado los bloqueos para su ciudad, y afirmó que bloquear de forma sostenida una urbe equivale a "terrorismo". También aseguró que, tras anunciar el proyecto, recibió intimidaciones de grupos ilegales que se sintieron aludidos, un punto que él plantea como argumento a favor de seguir adelante.

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En línea con esa defensa, el propio texto incluye una cláusula de salvaguarda y dispone que la ley no podrá interpretarse ni aplicarse para restringir o criminalizar el ejercicio legítimo de la protesta pacífica.

Por ahora se trata de un proyecto, no de una ley vigente. Para convertirse en norma debe superar los debates de rigor en el Congreso, empezando por la Comisión Primera de la Cámara, donde ya cuenta con ponencia positiva. Sus autores anticipan respaldo de varios sectores y también resistencia, sobre todo de la oposición.