Cinco ex-Farc imputados por crímenes de género y lesa humanidad por la JEP: “configuraron un patrón criminal”
La Sala de Reconocimiento de Verdad documentó 68 hechos contra 35 víctimas en 17 municipios de Cauca y Valle del Cauca. Es el décimo patrón criminal que identifica el Caso 05, el macrocaso con más víctimas acreditadas de toda la JEP.
La Sala de Reconocimiento de la JEP identificó un décimo patrón criminal dentro del Caso 05: la violencia sexual y otras violencias basadas en género ejercidas por las Farc-EP en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
La JEP imputa responsabilidad de mando a cinco excomandantes de las Farc-EP: ‘Calixto’, ‘Ricardo’, ‘Jaime Barragán’, ‘Monín’ y ‘Leonel Páez’. La decisión no los señala como autores materiales de cada uno de los hechos, sino por no haber ejercido un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, investigar y sancionar los crímenes cometidos mientras la guerrilla disputaba el control territorial y social de la región.
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La imputación no los vincula como autores materiales de cada hecho, sino que los señala por responsabilidad de mando, pues no ejercieron un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, investigar y sancionar los crímenes que estos cometieron mientras la guerrilla disputaba el control territorial y social de la región.
Los crímenes de lesa humanidad que la JEP les atribuye son violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género. A eso se suman los crímenes de guerra de violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal. La tortura se configuró, entre otras vías, mediante abortos forzados; los ultrajes, mediante anticoncepción forzada.
¿Dónde sucedieron los hechos?
Son 68 hechos documentados contra 35 víctimas, 30 civiles y 5 excombatientes de la propia guerrilla, ocurridos en 17 municipios, sobre todo Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao, en Cauca, y Florida, en Valle del Cauca. “En la población civil, la sala identificó distintas situaciones en las que ocurrieron estas violencias: contra mujeres y niñas en sus casas o fincas, mientras transitaban por los caminos de la región y como forma de castigo frente a determinadas conductas”, dice el comunicado, y continúa: “Por ejemplo, por negarse a ingresar a la organización, cumplir directrices impuestas o permitir el reclutamiento de un familiar”.
El daño, dice la JEP, no se agotó en el hecho ya que, argumentan, se extendió a la salud física y reproductiva de las víctimas, a su lugar en la comunidad, estigmatizadas, a sus oportunidades sociales y económicas, a sus familias, que en muchos casos terminaron desplazadas otra vez. La Sala documentó, además, persecución contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas, en formas de intimidaciones, hostigamientos, amenazas, desplazamiento forzado y violencia sexual.
Esa violencia tuvo también una lectura étnico-territorial. Por ejemplo, para el pueblo Nasa, la violencia sexual contra las mujeres desarmoniza la Uma Kiwe, la Madre Tierra, y ese desequilibrio golpea a la comunidad entera. En los pueblos afrodescendientes de la región, en cambio, los hechos afectaron la espiritualidad, la organización social y las prácticas culturales de comunidades que ya cargaban con el resto de la guerra.
Los cinco comparecientes tienen ahora 30 días hábiles para reconocer o no su responsabilidad y para responder los requerimientos de las víctimas. Si la reconocen, avanzan hacia una eventual Sanción Propia. Si no, sus casos pasan a la Unidad de Investigación y Acusación y a un juicio adversarial, sin los beneficios que ofrece la JEP a quien aporta verdad.
¿Qué es el Caso 05?
El Caso 05 es el macrocaso que la JEP abrió el 8 de noviembre de 2018 para investigar los crímenes cometidos en 17 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca entre 1993 y 2016. Es una de las regiones donde la guerra golpeó con más densidad: solo entre 2000 y 2013 se registraron allí 7.582 muertes.
La Sala investiga tanto a las extintas Farc-EP como a la Fuerza Pública y a terceros que operaron en la zona, y ha imputado formalmente a cerca de doce exintegrantes de siete estructuras guerrilleras distintas, mientras siguen las versiones de miembros de la Fuerza Pública.
Antes de este patrón de violencia sexual, la Sala ya había identificado otros nueve. Entre ellos son los de desplazamiento forzado, secuestro, tortura, desaparición forzada, confinamiento, minas antipersonal, reclutamiento de menores, ataques contra la población civil y crímenes contra el territorio y el medio ambiente, una categoría bajo la cual la JEP llegó a reconocer al río Cauca como víctima del conflicto.
Es, con esas cifras, el caso con más víctimas acreditadas de toda la JEP porque hay 461 víctimas individuales, diez de ellas de la población LGBTIQ+, y 207 víctimas colectivas que agrupan a más de 180.000 personas. Ningún otro macrocaso de la jurisdicción reúne un universo de víctimas tan amplio.
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