Así funcionará el sometimiento a la justicia que propone el Gobierno de De la Espriella: rebajas de la mitad de la pena y entrega total de bienes

En su primera entrevista como ministro de Justicia, avalada por la Casa de Nariño, el penalista Iván Cancino entregó detalles del proyecto de ley de sometimiento a la justicia para los grupos criminales que presentarán al Congreso y con el que la administración de Abelardo de la Espriella pretende el desmantelamiento de las estructuras.

El proyecto plantea rebajas de penas de hasta el 50 por ciento de la pena para quienes se sometan. “Si usted es líder, o tiene carácter de líder o de mando en la organización, no va a tener una rebaja mayor al 30 por ciento. Y si usted pertenece a cualquier otro rango dentro de esa organización ilegal o terrorista, podrá que se le asegure el 50 por ciento”, anunció.

Pero también habrá mayores rebajas de penas y beneficios para los integrantes de estructuras que delaten a sus líderes. "Si su líder no se quiere entregar, dígame dónde está, que así le doy más beneficios", añadió Cancino.

Entrega total de bienes

Los beneficios jurídicos estarán condicionados a la entrega de armas, a la entrega de todos los bienes, las rutas de las economías ilícitas y a la confesión de verdad. Según Cancino, en todo el proceso habrá participación de las víctimas y los criminales no se quedarán con ningún porcentaje de sus bienes.

• Promesas, TikTok y bombardeos: el ciclo del reclutamiento infantil

“Aquí la ley también es clara en que la entrega de bienes no implica la devolución de ningún porcentaje de lo que entreguen. Por el contrario, si la víctima o alguien encuentra que escondieron los bienes, serán expulsados inmediatamente", puntualizó.

El proyecto de sometimiento que se presentó en el gobierno de Gustavo Petro y que lideró el entonces ministro Eduardo Montealegre contemplaba que los criminales conserven hasta el 12 por ciento de sus bienes.

Adiós a los diálogos de paz

Según el ministro, el proyecto se basa en la Constitución, tendrá a las víctimas en el centro de la ley y le cierra la puerta totalmente a cualquier negociación de paz. “No hay la más mínima posibilidad de que este gobierno abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para estatus político, que era una de las grandes preocupaciones que uno escuchaba en la oposición”, señaló el ministro.

• “El país ya no se conmueve ante la muerte”: habla el abogado Germán Romero, dos veces exiliado

“No hay mesas de diálogo, no hay zonas para concentraciones de largo tiempo o sin algún compromiso frente a la ley y, sobre todo, jamás habrá estatus político o apertura de canales para que los grupos ilegales o terroristas puedan opinar o debatir con el gobierno este proyecto de ley”, añadió el ministro, haciendo énfasis en que no habrá suspensión de los trámites de extradición para quienes se sometan.

Cancino también explicó que espera que la ley de los ‘Defensores de la Patria’ se aplique, por lo menos, durante 12 años, como una política pública. 

ana.cuesta@cambiocolombia.com