Así funcionaba la red extorsiva en La Picota que habría recogido 4.900 millones de pesos
Una organización dirigida desde la cárcel por Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, habría extorsionado desde el pabellón 6 de La Picota. La Fiscalía capturó a tres de sus familiares, ordenó medidas cautelares sobre seis inmuebles y cuatro vehículos, y estableció que parte del dinero servía para sostener el control criminal dentro del penal.
Todo arrancaba con una llamada hecha desde un patio de La Picota. De ahí en adelante venían el perfil falso, la foto robada, el montaje y, al final, la exigencia de dinero para no publicarlo. La Fiscalía General de la Nación reconstruyó esa cadena y determinó que detrás de las llamadas operaba una organización que habría burlado los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para acceder de forma ilegal a celulares, planes de datos y aplicaciones financieras desde el establecimiento penitenciario.
La pista arrancó con un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y terminó en un expediente construido por la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, que examinó más de 631.000 operaciones financieras y documentó 43 noticias criminales abiertas por denuncias de víctimas. Ese rastreo permitió seguir la ruta de los recursos, desde su origen hasta su destino, e identificar a quienes controlaban su circulación.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la investigación estableció que "la organización habría obtenido más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas realizadas desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota".
En el centro de ese entramado está Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma —postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz como exintegrante de las extintas Farc—, que, de acuerdo al ente acusador, mantenía el dominio financiero y criminal de la red. Viracachá cumple una condena de 38 años por el homicidio de un integrante de la Policía Nacional y también se le atribuyen extorsiones y lesiones personales contra otros internos.
Al mismo tiempo, servidores del CTI, con apoyo de la Dijín, capturaron a tres personas de su círculo familiar, identificadas como Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez. Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputó lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. Los tres recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
La estructura familiar hacía parte del engranaje: la esposa, el hijo y la hijastra de Viracachá habrían facilitado el movimiento de los recursos y la compra de los bienes.
La investigación también identificó seis inmuebles y cuatro vehículos, ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca; y Restrepo, en el Meta, que habrían sido comprados con dinero de las actividades ilícitas. La Fiscalía anunció que promoverá medidas cautelares sobre esos bienes con fines de comiso.
¿Cómo operaba la red en la cárcel La Picota?
Para el ente investigador, dentro de los patios donde Viracachá tenía injerencia, se reclutaba y entrenaba a otros internos para hacer llamadas masivas a víctimas potenciales en distintas regiones del país. Una de las modalidades más usadas era la creación de perfiles falsos de mujeres en WhatsApp.
El comunicado de la Fiscalía lo describe así: "Con falsos perfiles en WhatsApp la organización hacía ofrecimientos de servicios sexuales, conseguía fotografías íntimas de las víctimas o realizaba montajes, y posteriormente les exigía dinero para no publicar el material".
El modus operandi era agarrar fotografías de las redes sociales de las víctimas, las editaban o las combinaban en montajes para simular contenido comprometedor, y con eso amenazaban con señalamientos de delitos sexuales si no pagaban. Apenas lograban el primer giro, subían la presión y pedían más.
El dinero de esas extorsiones y de otras estafas telefónicas entraba por billeteras digitales y cuentas de terceros. De ahí se distribuía entre los miembros de la organización, que delinquían también fuera de la cárcel de manera articulada con quienes operaban desde adentro.
El seguimiento financiero también destapó un esquema de ocultamiento de al menos 2.000 millones de pesos en menos de cuatro años. Parte de esas ganancias se usaba para sostener el poder de Viracachá dentro del penal y para facilitar el ingreso y la venta de licor, estupefacientes y otros elementos prohibidos en el pabellón.
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