Denuncian al magistrado Vladimir Fernández tras revelación de CAMBIO sobre los chats del caso UNGRD

Menos de 24 horas después de que CAMBIO revelara los chats que conectan al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández con un episodio hasta ahora desconocido del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el caso llegó oficialmente a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Este domingo 14 de septiembre, Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (Red Ver), radicó ante Carlos Alberto Cuenca, presidente de esa comisión, una denuncia y una queja disciplinaria contra Fernández. El documento pide determinar si el magistrado tiene algún tipo de responsabilidad penal o disciplinaria por los hechos revelados por este medio y plantea, entre los posibles delitos que deberán ser examinados, prevaricato, tráfico de influencias y “otros por determinar”. 

La denuncia no presenta como probada la comisión de esos delitos. Precisamente le pide a la Comisión de Acusaciones —competente para investigar a los magistrados de las altas cortes por su condición de aforados— que establezca si los hechos conocidos ameritan responsabilidad. “Se inicie investigación penal y disciplinaria” contra Fernández y se informe posteriormente el trámite impartido a la denuncia, solicita Red Ver. 

El origen de la acción está expresamente identificado en el documento: la investigación publicada por CAMBIO el 13 de septiembre bajo el título Exclusivo: Los chats del magistrado Vladimir Fernández que la Fiscalía ocultó. La propia denuncia reproduce buena parte del artículo y anuncia como elementos con vocación probatoria tanto la publicación escrita como el video elaborado por este medio. 

Bustos también radicó una denuncia en la Fiscalía en la que le pide investigar la participación de la abogada Irma Solangel Torres en los hechos.

La llegada del caso a una autoridad judicial era justamente una de las preguntas centrales que dejó abierta la investigación de CAMBIO: ¿por qué esas conversaciones estaban desde 2024 en poder de la Fiscalía y nunca fueron compulsadas a la autoridad competente para investigar a Fernández?

Las seis horas que estaban en el expediente

Para entender el alcance de la denuncia, hay que regresar al 9 de enero de 2024. Ese día, como lo reveló CAMBIO, antes de abordar un vuelo con destino a Bogotá, Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, le escribió a su pareja una frase tan corta como reveladora: “Tengo que ir a entregar $”. 

Para ese momento, el escándalo de los carrotanques de La Guajira todavía no había estallado públicamente y ni Pinilla ni su jefe, Olmedo López, ocupaban titulares por el saqueo de la entidad. Es decir, en esa fecha, nadie cuidaba sus comunicaciones.

CAMBIO reconstruyó seis horas de comunicaciones extraídas del teléfono de Pinilla y contrastadas con otros elementos del expediente. La secuencia conecta a Pinilla y López con Vladimir Fernández y con Irma Solangel Torres, abogada cercana al hoy magistrado y actualmente conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Lo que muestran los chats es una coordinación, minuto a minuto, para que Pinilla llegara hasta el apartamento de Torres, en el conjunto Balcones de Pablo VI, en Bogotá. 

Después de aterrizar, Pinilla y López hablaron seis veces por teléfono entre las cuatro y las 5:30 de la tarde. A las 5:35 aparece el magistrado Fernández en la secuencia: “Recuérdeme el apartamento”, le escribió López.

Doce minutos después llegó la respuesta del hoy magistrado, distribuida en varios mensajes: “Primer piso”, “La señora Sol”, “112” y “torre 2”. A las 5:49, López comenzó a trasladarle la información a Pinilla. Primero le escribió “Torre 2” y veinte segundos después le envió “112”, esta última información desde otra línea celular. 

Un minuto después ocurrió algo más. Fernández envió un signo de interrogación a López, como esperando confirmación. López se comunicó con Pinilla y posteriormente le respondió al magistrado que el entonces subdirector de la UNGRD ya estaba “en sitio”.

La secuencia permitió establecer una ventana de diez minutos en la que habría ocurrido la presunta entrega: entre las 5:49 de la tarde, cuando Pinilla recibió el número del apartamento, y las 5:59, cuando Irma Solangel Torres le escribió por primera vez: “hola”. Pinilla guardó su contacto y contestó: “listo”. Más tarde, entre las 6:47 y las 8:14 de la noche, López y Pinilla volvieron a comunicarse cinco veces. 

CAMBIO consiguió además el certificado de tradición y libertad del inmueble. El documento confirma que el apartamento 112 de la torre 2 de Balcones de Pablo VI pertenece a Torres. Exactamente las coordenadas que Fernández le había enviado a López y que terminaron en el teléfono de Pinilla. 

Hay, sin embargo, una precisión fundamental: los chats por sí solos no permiten establecer que el dinero efectivamente haya sido entregado ni cuál habría sido su propósito. Esa es precisamente una de las preguntas que una investigación judicial tendría que resolver. 

Cuando CAMBIO le preguntó por este episodio, Fernández inicialmente aseguró no recordarlo. Al día siguiente volvió a comunicarse con la periodista y dio una explicación. Dijo que en diciembre de 2023, cuando todavía era secretario jurídico de la Presidencia, Olmedo López le había comentado en la Casa de Nariño su preocupación por una eventual suspensión de la Contraloría. Fernández aseguró que simplemente le recomendó los servicios profesionales de Torres, por su experiencia en derecho administrativo, y que esa fue la razón por la que semanas después le suministró la dirección de su apartamento. 

Pero esa explicación dejó preguntas sin resolver. Si se trataba únicamente de poner en contacto a López con una abogada, ¿por qué quien terminó llegando hasta su apartamento fue Pinilla?, ¿por qué Fernández estuvo pendiente de confirmar que había llegado “al sitio”?, ¿y qué relación tenía ese encuentro con el mensaje que Pinilla había enviado horas antes anunciando que tenía que “entregar $”?

La Fiscalía tuvo acceso a esas conversaciones desde 2024, pero no abrió una línea independiente para esclarecerlas. La fiscal María Cristina Patiño, titular del caso UNGRD, explicó a CAMBIO que la extracción de los teléfonos de Pinilla se hizo de manera controlada y con base en una matriz de colaboración de 27 nombres. Como Fernández no hacía parte de esa matriz, sostuvo que la Fiscalía no podía utilizar esa información dentro de la negociación. 

Cuatro exfiscales generales consultados por este medio controvirtieron esa interpretación. Uno de ellos explicó que la aparición fortuita de evidencias sobre un posible delito distinto o una persona ajena al proceso original constituye lo que jurídicamente se conoce como hallazgo casual y que, si la información fue obtenida lícitamente, corresponde preservar la evidencia y poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que sean investigados de manera independiente. 

Eso no ocurrió.

La publicación de CAMBIO cambió ese escenario. Red Ver tomó los hechos revelados por este medio y pidió formalmente que sean examinados por la Comisión de Investigación y Acusaciones. En su denuncia cita expresamente disposiciones del Código Penal relacionadas con cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por omisión y omisión de denuncia de servidor público, además de normas del Código General Disciplinario. 

Que esas conductas sean mencionadas en la denuncia no significa que Fernández haya incurrido en ellas. Determinar si existe mérito para investigar y, eventualmente, establecer responsabilidades será tarea de las autoridades. 

La primera decisión estará ahora en manos de la Comisión de Acusaciones. La petición de Red Ver es concreta: que se abra la investigación y que la organización sea informada del trámite que se le dé al expediente. Su presidente, Pablo Bustos, además manifestó formalmente su disposición a ampliar la denuncia cuando sea requerido. 

La historia termina, por ahora, exactamente donde comenzó la discusión que abrió CAMBIO. Durante más de dos años, los chats estuvieron dentro del expediente de uno de los mayores escándalos de corrupción del país sin que se abriera una investigación para establecer qué ocurrió aquella tarde del 9 de enero de 2024. Ahora, después de que esos mismos mensajes salieron del expediente y fueron conocidos por la opinión pública, una denuncia obliga a poner la lupa sobre aquello que hasta hace apenas unas horas permanecía sin investigar.