Fiscalía imputará a Laura Sarabia por el caso del polígrafo: la audiencia será para el 14 de septiembre

La Fiscalía informó el paso que durante los últimos días anticipó CAMBIO: una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra la exjefe de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia Torres, como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, por los hechos relacionados con el polígrafo practicado a Marelbys Meza en enero de 2023.

Según la solicitud presentada ante los jueces de control de garantías, los hechos investigados ocurrieron entre el 27 y el 29 de enero de 2023, después de la desaparición de una maleta de propiedad de Sarabia que contenía dinero en efectivo y documentación. La Fiscalía sostiene que, en ese contexto, Marelbys Meza habría sido constreñida para someterse a una prueba de polígrafo en las instalaciones de la Casa Luis Carlos Galán, sede de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño. El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao programó la audiencia para el próximo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

La decisión confirma la información revelada por CAMBIO la semana pasada, cuando este medio dio a conocer que la Fiscalía había desistido del mecanismo de justicia restaurativa que durante varios meses exploraron la defensa de Laura Sarabia y Marelbys Meza para intentar cerrar el expediente sin llegar a juicio. En esa investigación también se reveló que el ente acusador había decidido cambiar el rumbo del caso después de que el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón aceptara convertirse en testigo de cargo y de que Fabiola Perea, la otra empleada involucrada en los hechos, solicitara ser reconocida como víctima dentro del proceso.

El acuerdo que nunca prosperó

Durante más de un año, la estrategia de la defensa de Laura Sarabia estuvo dirigida a buscar una salida negociada. Primero con el abogado Mauricio Pava y posteriormente con el exfiscal general Mario Iguarán, la exfuncionaria promovió conversaciones con la Fiscalía para acudir a un mecanismo de justicia restaurativa, previsto en el Código de Procedimiento Penal, que permite resolver determinados conflictos mediante acuerdos de reparación entre la víctima y el investigado.

CAMBIO reveló que incluso la defensa de Marelbys Meza radicó una solicitud formal ante la Fiscalía para activar ese procedimiento. Detrás de esa petición existía un acuerdo más amplio que contemplaba medidas de reparación para la víctima, incluido un componente económico cuyo monto nunca fue divulgado. Si la Fiscalía avalaba ese mecanismo, el proceso podía terminar sin necesidad de una imputación formal.

Pero ese escenario empezó a desmontarse cuando el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, uno de los oficiales que participó en las actuaciones posteriores al supuesto hurto, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y aceptó declarar como testigo de cargo. En la matriz de colaboración, revelada por CAMBIO, Mojica se comprometió a afirmar bajo juramento que fue Laura Sarabia quien impartió la instrucción para que Marelbys Meza fuera sometida al examen de polígrafo.

Ese testimonio contradice la versión que la propia Sarabia entregó a CAMBIO en enero de 2024. En la única entrevista de fondo que ha concedido sobre este episodio, aseguró que nunca dio esa orden y que las decisiones quedaron en manos de su esquema de seguridad. Según explicó entonces, el capitán Mojica únicamente le manifestó que existían vulneraciones en los protocolos de seguridad y que el asunto sería analizado por el esquema presidencial.

A ese nuevo elemento probatorio se sumó la decisión de Fabiola Perea de solicitar su reconocimiento como víctima dentro del proceso. Aunque no fue sometida al polígrafo, sostiene que policías vestidos de civil ingresaron a su vivienda sin orden judicial, recopilaron información personal y vulneraron su intimidad como parte de las actuaciones derivadas de la investigación interna por el supuesto hurto. Con ese nuevo escenario, la Fiscalía descartó definitivamente la salida restaurativa y optó por avanzar hacia la imputación.

El proceso entra en una nueva etapa

La audiencia del próximo 14 de septiembre marcará el inicio formal del proceso penal contra Laura Sarabia. En esa diligencia la Fiscalía expondrá los hechos jurídicamente relevantes y le comunicará oficialmente la imputación por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. A partir de ese momento comenzará una nueva fase procesal en la que la defensa podrá controvertir la tesis del ente acusador y definir la estrategia con la que enfrentará el juicio.

La decisión también convierte el caso del polígrafo en uno de los expedientes judiciales más relevantes derivados del gobierno Petro. Más de tres años después de la imagen que recorrió el país —la de Marelbys Meza conectada a un detector de mentiras en un edificio del Estado—, la investigación entra finalmente en la etapa en la que será un juez quien deba establecer si la entonces jefe de gabinete utilizó el aparato estatal para someter ilegalmente a una de sus colaboradoras.