De la Espriella arma y desarma su equipo en tiempo récord

El gran acierto para la campaña de Abelardo de la Espriella fue el manejo de las redes sociales. Le permitió conectarse de manera directa, rápida y personalizada con millones de votantes, sin depender de medios que consideraba críticos y sin someter sus mensajes a filtros o ediciones que pudieran obligarlo a dar explicaciones. Él impuso su relato y los electores lo siguieron.

Pero un vistazo a esas mismas redes hoy revela desconcierto incluso entre algunos de quienes se identifican como votantes de 'El Tigre', ante una sucesión de tropiezos que el propio mandatario se ha propinado al entrar en batallas que, en principio, habría podido evitar.

La diferencia es sustancial: ya no se trata de las virtudes o los defectos de una campaña electoral, sino de la forma en que empieza a funcionar el gobierno de un país.

Durante su ceremonia de posesión, el 7 de agosto en Cali, De la Espriella fue enfático en afirmar que llegaba con el “ánimo de convocar a todos mis compatriotas”. Aseguró, además, que en su administración “no habrá espacio para la intransigencia” y reiteró que nadie sería perseguido por pensar distinto ni privilegiado por respaldar al Gobierno, en una defensa explícita del derecho de las minorías a controvertir.

Sin embargo, desde esa misma ceremonia surgió una primera controversia.

Días después, un juzgado laboral de Bogotá le ordenó ofrecer disculpas públicas por un espacio de “invocación y alabanza” incluido en el acto, en el que participaron representantes católicos, evangélicos y judíos, y por la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima en el escenario. 

El fallo, que resolvió una tutela presentada por un ciudadano que alegó la vulneración de su libertad de conciencia y de culto, concluyó que la ceremonia había perdido la neutralidad religiosa exigible a un acto oficial del Estado.

El pasado domingo, en una alocución, De la Espriella acató el fallo, ofreció disculpas por cualquier incomodidad que hubiera generado y, al mismo tiempo, defendió su derecho personal a profesar la fe católica. El Gobierno ya impugnó la decisión ante una segunda instancia y el proceso podría eventualmente llegar a la Corte Constitucional.

Pero, más allá de este episodio, hay otros asuntos —no solo de forma, sino de fondo— que empiezan a inquietar: una serie de nombramientos anunciados y posteriormente revertidos en cuestión de horas o días. Pasando por alto su insistencia inicial en no gobernar desde la Casa de Nariño, sino únicamente desde el Palacio de San Carlos cuando estuviera en Bogotá, o su intención de posesionarse en una unidad militar, decisiones frente a las cuales, como se vio, tuvo que dar marcha atrás en ambos casos.

La vocería que nunca fue

El caso más reciente es el de la periodista Carolina Gómez, presentadora proveniente de Red+ Noticias que durante la campaña entrevistó varias veces al hoy presidente.

Desde julio, De la Espriella la había mencionado, junto con el abogado Miller Soto, como parte de un futuro esquema de vocería inspirado en el modelo de la Casa Blanca. Sin embargo, Gómez terminó por no asumir el cargo.

La propia Gómez explicó que decidió declinar la vocería porque el presidente le ofreció un cargo distinto que consideró más atractivo. Pero varios medios reportaron, además, que su salida coincidió con la incomodidad que habrían generado en el entorno presidencial algunos mensajes suyos en redes sociales, en los que cuestionó el nombramiento de la economista Carolina Soto como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Miller Soto, entretanto, se perfila como el único vocero confirmado del Gobierno.

El episodio de la CCI es, de hecho, otro ejemplo de una dinámica similar. Soto —excodirectora del Banco de la República y esposa del exministro Alejandro Gaviria, quien hizo parte de los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro— fue designada por la junta directiva del gremio el 25 de agosto, en reemplazo de María Consuelo Araújo, quien dejó la presidencia de la CCI para asumir como embajadora de Colombia en Estados Unidos.

Un día después, en medio de señalamientos sobre su cercanía con gobiernos anteriores y de la presión pública generada desde sectores próximos al presidente De la Espriella, Soto anunció que declinaba el cargo. Antes de hacerlo, llamó la atención sobre la importancia de que el sector privado mantenga su independencia frente al Gobierno.

El episodio deja una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la presión política del Gobierno sobre instituciones y organizaciones que no forman parte de su estructura administrativa?

Una renuncia exprés en Salud

A la lista se suma la salida de Hannah Escobar, química farmacéutica con más de una década de experiencia en el sector, de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud.

Escobar fue designada el 24 de agosto y presentó su renuncia apenas dos días después, tras haber recibido, según explicó ella misma, un pedido directo del Ministerio. Distintos sectores políticos y gremiales cuestionaron la decisión y pidieron explicaciones que, hasta ahora, no se han hecho públicas de manera oficial.

Aunque circularon versiones que vinculaban su salida con posiciones favorables al derecho al aborto —Escobar se había manifestado en el pasado a favor de esa causa—, ella misma señaló que el motivo real habría sido algo que dijo en un pódcast y que, según su versión, fue sacado de contexto. También negó que su salida obedeciera a su posición sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

El episodio resulta particularmente sensible porque se trata de una funcionaria con experiencia técnica en un área en la que las decisiones del Estado tienen efectos directos sobre pacientes, medicamentos y tecnologías sanitarias.

El giro más discutido: DNP

El caso que también tuvo un enorme eco fue el del economista Carlos Eduardo Sepúlveda, escogido inicialmente para dirigir el Departamento Nacional de Planeación (DNP), una entidad central en la reconstrucción del país tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al Eje Cafetero y al Pacífico el 10 de agosto.

Sepúlveda, con más de veinte años de trayectoria académica y experiencia previa en el propio DNP durante los gobiernos de Santos, Duque y Petro, había recibido elogios de gremios y centros de pensamiento por su idoneidad técnica.

Su nombramiento, impulsado por el vicepresidente José Manuel Restrepo —de quien fue decano cuando este era rector de la Universidad del Rosario—, tenía avanzados los trámites administrativos cuando el propio presidente anunció, desde Pereira, que sería Julián Buitrago, un simpatizante de su movimiento, quien ocuparía el cargo.

El Gobierno no ha dado una explicación oficial sobre el cambio.

Según una reconstrucción publicada por La Silla Vacía, con base en fuentes del gabinete, dos razones habrían pesado en la decisión: el paso de Sepúlveda por la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo durante el Gobierno de Petro y su orientación sexual.

Una fuente no identificada citada por ese medio aseguró que sectores conservadores del gabinete, cercanos a iglesias cristianas, se habrían movilizado para frenar el decreto de nombramiento después de conocerse que Sepúlveda tiene una pareja del mismo sexo y un hijo adoptado.

Es una versión que no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno. Sin embargo, el episodio plantea una pregunta mucho más profunda que la de un simple nombramiento frustrado: ¿qué peso tienen las convicciones personales de un aspirante frente a su experiencia, su capacidad técnica y su trayectoria profesional cuando se trata de ocupar un cargo público?

Familia y Dios

La pregunta no surge en el vacío. La defensa de la familia ocupa un lugar explícito en el discurso de De la Espriella. Durante la campaña insistió en que no defendía una ideología, sino a la familia como núcleo de la sociedad y la creencia en Dios.

Su programa de gobierno, bautizado 'País Milagro', estableció como conceptos rectores la familia, la propiedad, el trabajo, la fe y la seguridad, bajo la noción de “extrema coherencia”, que el propio mandatario describe como sentido común aplicado a la nación.

Ese marco ideológico ayuda a entender por qué los recientes episodios de nombramientos y desnombramientos han adquirido una dimensión política mayor.

En los sectores más radicales de sus seguidores también han circulado señalamientos contra otras figuras percibidas como cercanas a gobiernos anteriores. Uno de los casos es el del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, a quien algunos han querido vincular con el santismo.

Esa versión no ha sido confirmada oficialmente y contrasta con el respaldo público que el propio Mac Master ha expresado al nuevo Gobierno desde el día de la posesión.

Dos mensajes de fondo

Los desnombramientos dejan, por ahora, dos señales. La primera es una posible radicalización ideológica. Los episodios conocidos sugieren que algunos nombramientos podrían estar sometidos a un escrutinio que va más allá de la experiencia profesional y la capacidad técnica: también se revisan los vínculos de los candidatos con los gobiernos de Santos o Petro, sus posiciones anteriores y sus declaraciones públicas sobre asuntos asociados al santismo o al petrismo.

La segunda señal es la posibilidad de que se esté configurando una forma de presión política sobre quienes aspiran a hacer parte del Gobierno.

El mensaje que reciben potenciales funcionarios podría ser que no basta con tener una hoja de vida sólida. También sería necesario demostrar afinidad con la nueva administración mediante gestos, antecedentes y declaraciones públicas.

El resultado sería una lógica binaria —adentro o afuera— con poco espacio para los matices. Y ahí aparece una paradoja. Si esta tendencia se confirma, el Gobierno podría terminar reproduciendo, en sentido inverso, una de las prácticas que más criticó durante la campaña: privilegiar la afinidad política sobre la meritocracia.

No es irrazonable que un gobierno busque funcionarios que compartan su visión sobre el rumbo del país. La gobernabilidad exige coordinación, confianza y una mínima coincidencia sobre las políticas que deben ejecutarse.

Pero una cosa es exigir lealtad institucional y otra, muy distinta, convertir la trayectoria política, las creencias personales o el pasado laboral de un candidato en filtros determinantes para acceder al Estado.

En una sociedad plural, la administración pública no debería convertirse en una prueba de pureza ideológica.

Ruido y gestión

Con todo, el Gobierno enfrenta estos episodios en medio de una emergencia mucho mayor: el terremoto del 10 de agosto, que lo obligó a reajustar presupuesto y prioridades apenas semanas después de asumir.

En una columna publicada el 30 de agosto en Los Danieles, el periodista Enrique Santos Calderón —quien se declaró crítico del pasado, el estilo y los discursos de De la Espriella y afirmó no haber votado por él— reconoció que el presidente ha mostrado capacidad de reacción y liderazgo frente al desastre natural que le estalló en las manos al comenzar su Gobierno.

Es un dato relevante porque introduce un elemento que no debería perderse en medio de la controversia sobre los nombramientos: un gobierno puede cometer errores políticos y, al mismo tiempo, demostrar capacidad de gestión frente a una crisis.

Ambas cosas pueden ser ciertas. Precisamente por eso, el Gobierno haría bien en mirar de nuevo las mismas redes sociales que fueron decisivas para llevarlo al poder. Allí no solo encontrará a sus adversarios, sino también a una parte de sus propios seguidores, que parecen pedirle que mantenga el foco en la emergencia, en la ejecución de sus políticas y en la capacidad de resolver problemas.

El desafío para De la Espriella consiste ahora en demostrar que la lógica que funcionó en campaña —la confrontación directa, la identificación clara de aliados y adversarios y la comunicación sin intermediarios— puede transformarse en una lógica de gobierno.

Porque gobernar exige algo más difícil que ganar una elección: incorporar el desacuerdo, administrar la diversidad y rodearse de personas capaces, incluso cuando no piensan exactamente como quien ocupa la Presidencia.

Los recientes reversazos en los nombramientos pueden ser simples episodios de ajuste propios de un gobierno que apenas comienza. Pero también podrían convertirse en el primer indicio de una administración en la que la afinidad ideológica termine pesando más que la experiencia y la capacidad.

La diferencia entre una interpretación y la otra no la determinarán las redes sociales, sino los próximos nombramientos.