El Gobierno pone el acelerador en la batalla cultural
María Carolina Restrepo Cañavera, directora del ICBF; D’Mar Córdoba Salamanca, del Centro Nacional de Memoria Histórica; Viviane Morales, ministra de Educación; y Paola Holguín, ministra de Cultura.
Sin pausa, altos funcionarios del Estado comenzaron a cumplir la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella de devolverle a Colombia la confianza en lo que él considera sus “principios y valores fundacionales”, en “defensa de la familia tradicional” y de lo que ha definido como la necesidad de “contar la historia del país como ha sido”.
Por: Armando Neira
A medida que han asumido sus cargos, altos funcionarios de la administración del presidente Abelardo de la Espriella han dejado claro que van en serio y con prisa en la batalla cultural planteada por el mandatario: recuperar, según su argumento, unos principios y valores fundacionales en defensa de la familia tradicional y “contar la historia del país como ha sido”. Se trata de un relato que, a su juicio, se desdibujó durante el gobierno de izquierda de Gustavo Petro.
Así quedó planteado en el video con el que fue presentada Paola Holguín como ministra de Cultura. “La guerrera que está lista para dar la batalla cultural por la nación”, dice una voz en off. “Para volver a los valores que aporta la cultura. Para volver al camino de lo correcto sobre lo incorrecto”.
En la hoja de vida de Holguín figuran especializaciones en seguridad y defensa, estudios sobre terrorismo y contrainsurgencia en Washington, cursos de seguridad en la Policía Nacional y cursos de reserva en el Batallón de Bello. Hasta ahora, sin embargo, han sido otros funcionarios quienes más controversia han generado por las primeras decisiones adoptadas al frente de sus cargos.
María Carolina Restrepo, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ordenó borrar un mural de la sede principal de la entidad en Bogotá. Allí existía un espacio destinado a que los menores que visitaban el lugar dejaran dibujos y escritos.
Sin embargo, la funcionaria consideró que algunos de esos mensajes constituían una instrumentalización política de los niños. Entre ellos estaba la frase “Resistencia Chiquita”. “Un niño qué va a saber qué es eso. Un niño lo único que tiene que hacer es jugar”, dijo Restrepo.
La directora calificó la expresión de “absolutamente abusiva”, posiblemente sin saber que correspondía al nombre de un colectivo de niñas con casi de diez años de existencia, surgido tras el feminicidio de Yuliana Samboní, asesinada en Bogotá en 2016 por Rafael Uribe Noguera, de 38 años de edad, perteneciente a una conocida y acaudalada familia bogotana, en un crimen que estremeció al país.
“Resistencia Chiquita”
El grupo nació cuando su fundadora —hoy de alrededor de 17 años— comenzó a preguntarse por la violencia contra las niñas y, acompañada de su madre, creó la organización, que desde entonces impulsa procesos de activismo y expresión artística infantil.
Restrepo insistió en que se trataba de una instrumentalización política de los menores por parte de adultos. La propia fundadora del colectivo, Antonia Gómez, le respondió que le parecía “el colmo” que la funcionaria, “siendo una señora”, decidiera descalificar así a un grupo de niñas. También defendió la labor de la organización y rechazó lo que calificó como una “estigmatización”.
La polémica seguía abierta cuando la directora del ICBF abrió otro frente al ordenar a sus funcionarios y funcionarias no mencionar a las “niñas” en sus comunicaciones. La medida ha sido cuestionada por considerarse contraria a la Ley 1098 de 2006 —el Código de la Infancia y la Adolescencia—, cuyo propósito es garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno ejercicio de sus derechos y su protección integral.
Restrepo, sin embargo, no se ha amilanado. Por el contrario, mantiene abierta la confrontación con varios colectivos feministas, a los que respondió: “Me cansan las feministas de cartel. Las que creen que el feminismo es una pañoleta, un color o una consigna”.
Para ella, “el feminismo es mucho más que eso. Es la historia de mujeres que dieron luchas enormes para que pudiéramos estudiar, votar, trabajar, decidir, dirigir y competir en las mismas condiciones que los hombres. Trivializan esa historia y la convierten en una pose. El feminismo no es una utilería ni una moda ideológica. Su esencia, por encima de cualquier consigna, es una sola: la igualdad.”
Más allá de unas palabras
Desde esos colectivos le replicaron que el lenguaje literario y gramatical se rige por criterios de estilo, belleza, concisión o normas académicas, mientras que el lenguaje de la política pública tiene una finalidad distinta: nombrar para reconocer, visibilizar para proteger y diferenciar para garantizar derechos.
Argumentaron que, en el derecho y en la administración pública, cada palabra tiene un peso jurídico y político, y que cuando una norma habla de “niños, niñas y adolescentes” no incurre en una redundancia, sino que reconoce que las niñas viven realidades, riesgos, violencias y circunstancias particulares. Sostuvieron que borrar esa distinción no es simplificar, sino eliminar una diferencia relacionada con su vulnerabilidad específica.
También le recordaron a Restrepo que, como directora de protección de la infancia, debería conocer esa distinción. Expresaron, además, su expectativa de que la vehemencia de la funcionaria se refleje en la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, por encima de la defensa de un modelo de familia homogénea, católica y tradicional.
Restrepo cuenta con el respaldo de la ministra de Educación, Viviane Morales, quien afirmó que, al llegar al cargo, se encontró con una supuesta campaña para “ideologizar” a niñas y niños a través del programa de educación sexual integral y que la tarea del nuevo gobierno es restaurar los principios y valores.
“Restaurar principios y valores, sacar la ideologización del país y respetar el derecho de los padres en la educación. Muchas veces los padres ni siquiera saben lo que se les está enseñando a sus hijos, y estamos revisando todos los materiales escolares para garantizar que sean los padres quienes lleven a cabo su labor de cuidado y seguimiento de la educación, y sepan lo que se les está enseñando”, dijo Morales.
“Una campaña woke”
La ministra también aseguró que existe “una campaña woke”, con movimientos sutiles para incidir en la enseñanza y la educación de los hijos, en especial a través del programa de educación sexual integral. Según afirmó, su gestión buscará que nada se haga a espaldas de los padres, sin transparencia, sin su consentimiento ni sin tener en cuenta la edad y el desarrollo emocional de los estudiantes.
La exsenadora María Fernanda Cabal respaldó a la ministra: “Por años advertimos que el socialismo quería meterse en las aulas a adoctrinar a nuestros hijos. No era paranoia, era un plan. Bien por la ministra Viviane Morales por frenarlo. Los niños de Colombia no son propiedad del Estado. Son hijos de sus familias”.
Desde la orilla opuesta, la exsenadora Angélica Lozano respondió que “la real ideología de género que existe es el machismo, la violencia machista interiorizada y permitida en nuestra cultura por muchos siglos”, un fenómeno que, dijo, se ha agudizado “cruelmente” como reacción a los avances y las decisiones independientes de cada mujer.
En el mismo sentido se pronunció la senadora Jennifer Pedraza: “No existe ninguna ‘ideología de género’. Existe una política educativa que obliga a trabajar la educación sexual con enfoque de género para prevenir violencias y garantizar que ningún niño o niña sea discriminado”.
Para esta congresista, lo peligroso de este discurso es que busca sembrar miedo en los colegios para que dejen de hablar de estos temas. “Y cuando un gobierno empieza a censurar derechos desde las aulas, el retroceso ya empezó”.
La controversia seguía abierta cuando se conoció la designación de D’Mar Córdoba Salamanca al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la entidad encargada de investigar, preservar y divulgar la memoria del conflicto armado y de contribuir a la dignificación de sus víctimas.
Córdoba ha cuestionado públicamente la manera como se ha definido el conflicto armado. Ha escrito, por ejemplo, que tiene una narrativa que sirvió para presentar a las guerrillas como fuerzas beligerantes, cuando en realidad, según su lectura, operaban como grupos criminales con una agenda ideológica.
Su llegada a una institución cuyo trabajo está directamente relacionado con la reconstrucción histórica de ese conflicto plantea una pregunta inevitable: ¿cómo dirigirá el Centro de Memoria una persona que cuestiona uno de los marcos conceptuales sobre los cuales se ha construido la memoria institucional del conflicto?
El CNMH fue creado por la Ley 1448 de 2011 con la misión de contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la reconstrucción de la memoria histórica sobre las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado interno. Su trabajo incluye la recuperación, conservación y análisis de documentos, testimonios y otros materiales relacionados con ese periodo.
Córdoba Salamanca es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y magíster en Derecho. También ha sido profesor universitario y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en espacios políticos y mediáticos de la derecha.
Desde 2016 hizo parte de las unidades de trabajo legislativo (UTL) de las entonces senadoras del Centro Democrático Paola Holguín -hoy ministra de Cultura- y Thania Vega, esposa del coronel Alfonso Plazas Vega, del Centro Democrático. Ambas durante la negociación del acuerdo de paz con las FARC, defendieron públicamente una posición frontal contra las concesiones a esa guerrilla.
El principal escenario profesional de Córdoba durante años, sin embargo, fue la radio. Trabajó como productor, periodista y locutor y durante más de dos décadas estuvo vinculado al programa La Hora de la Verdad, dirigido por el exministro Fernando Londoño Hoyos, uno de los principales referentes de la derecha en el país.
El propio programa celebró su llegada al CNMH y señaló que Córdoba asumía el cargo con el compromiso de “defender la verdad, cuestionar las versiones oficiales y darle voz a quienes durante años no han sido escuchados”.
Una memoria alternativa
La posición de Córdoba sobre el conflicto no se limita a sus publicaciones en redes sociales. Tras la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, en 2022, promovió una iniciativa denominada Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad, desde la Fundación Escuela Libertad, de la que ha sido director programático.
La iniciativa buscó recoger testimonios de víctimas de las FARC, con especial énfasis en miembros de la Fuerza Pública, como respuesta al trabajo de la Comisión de la Verdad creada por el Acuerdo de Paz.
En uno de sus informes, Córdoba cuestionó que ciertas versiones del conflicto presentaran al Estado y a sus fuerzas como victimarios y a las guerrillas como víctimas.
Ese antecedente resulta especialmente relevante ahora que Córdoba estará al frente del organismo estatal encargado de preservar buena parte del archivo y la memoria documental sobre el conflicto.
De hecho, justo antes de la llegada del nuevo gobierno, el CNMH entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una copia íntegra de su patrimonio documental, como medida de protección de los archivos relacionados con derechos humanos y memoria histórica.
El acervo incluye 257 libros, 209 documentales, 91 episodios de pódcast y 68 micrositios especializados, además de bases de datos, archivos documentales y materiales pedagógicos, en un esfuerzo por garantizar la preservación de información fundamental para la investigación de graves violaciones de derechos humanos y para el derecho a la verdad.
Para este viernes, la primera dama, Ana Lucía Pineda, convocó a una Jornada Nacional de Oración a las 6:00 p. m. en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Aunque el llamado se presentó como un gesto de apoyo a los damnificados y a las familias afectadas por el reciente terremoto, en cuentas afines al presidente De la Espriella circulan otros mensajes que resaltan la importancia de que “todos los colombianos de bien” se unan para rechazar “al mal”.
El escritor Juan Gabriel Vásquez, en una columna publicada en El País de Madrid, titulada “La batalla cultural y la ministra guerrera”, advirtió que De la Espriella busca imitar el modelo del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
Según recordó Vásquez, el PEN de Estados Unidos —una organización sin fines de lucro que defiende la libertad de expresión y los derechos literarios— ya ha documentado el retiro o la restricción de un conjunto de palabras en dependencias del gobierno estadounidense, entre ellas términos como “mujeres”, “aborto”, “nativo americano”, “antirracismo”, “no binario”, “inclusividad”, “calentamiento global” y “Golfo de México”.
Para el autor de Los nombres de Feliza, Volver la vista atrás y El ruido de las cosas al caer, entre otras obras, esa es precisamente la batalla cultural que el nuevo gobierno colombiano quiere librar: una disputa contra las formas de entender el mundo con las que no está de acuerdo. Y en ese propósito van de prisa y sin pausa.
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